Anticorrupción descarta que Pedro Sánchez sea "el número 1" y defiende que Ábalos encabeza la organización criminal

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón inició la exposición de sus conclusiones definitivas en la última sesión del juicio contra el exministro José Luis Ábalos rechazando uno de los planteamientos principales expuestos durante su declaración por otro de los acusados, el comisionista Víctor de Aldama. Según Luzón, "no se trata de establecer quién era el número 1 o 2 de la presunta "organización criminal" que se juzga en este caso, y "desde luego no era el número 1 el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

A juicio del principal responsable de la Fiscalía Anticorrupción, la acusación parte del desarrollo de unas relaciones personales entre los acusados "que pronto vieron la oportunidad de obtener un común lucro al socaire del cargo que Ábalos ostentaba en el Gobierno de España".

Así, y sobre las penas solicitadas (24 años para Ábalos, 19 y medio para su asesor Koldo García 7 para Aldama) el fiscal jefe Anticorrupción reconoció que son graves, "pues graves son las penas que se les atribuyen", pues no solo se trata de "un daño a la libre competencia o al recto funcionamiento de la administración pública". "Es la certeza de que con esta corrupción política, nada menos de que desde un ministerio, disminuye la confianza de los ciudadanos en una democracia que estos delincuentes pervierten", subrayó.

Defendió así la acusación por organización criminal a pesar de que tres personas (Ábalos, Aldama y el que fuera asesor del primero Koldo García) "puedan parecer poco", pues hay que tener también en cuenta a otras personas entre las que se encuentran familiares de Koldo, socios de Aldama o ex altos cargos en Transportes, muchos de ellos acusados en la parte de la causa que aún se instruye en la Audiencia Nacional.

Sobre la jefatura de Ábalos al frente de esta organización, Luzón incidió en que de las pruebas presentadas, entre las que destacan las conversaciones entre los acusados, se deduce que “si no se obedecían sus órdenes podían rodar cabezas u otras partes más íntimas de la anatomía masculina, como le indicó Koldo García a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera”. Así, en esta organización, unos aportan la capacidad económica y otros las infraestructuras públicas, continuó el fiscal, que ha añadido que “en la lógica y engranaje esencial de la misma no debe extrañar la presencia de un ministro en esa estructura” y solo su salida del Gobierno puso fin a esta corrupción, continuó.

Para asegurarse la oportunidad cuando llegara era para lo que Víctor de Aldama pagaba cantidades mensuales de dinero a una organización que contaba con su propio lenguaje de "chistorras, soles y lechugas". Así, el pago de los 10.000 euros a Koldo García y José Luis Ábalos constituye para Anticorrupción el núcleo de la dádiva, sin perjuicio de otros regalos. Los pagos empiezan con regalos mucho más pequeños hasta que se convierte en “mucho más natural recibir 10.000 euros mensuales” al menos desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2022, “probablemente fuera tanta la insistencia como poca la resistencia”, destacó el fiscal.

Casablanca y un cuplé

Según el fiscal, el manejo de efectivo sin justificar en las cuentas de Joseba y Koldo García se ha intentado explicar con pagos del partido socialista, pero al ser gastos adelantados no supondrían un incremento patrimonial y cesaron en 2019. Así, el hecho de que el exministro cuestionara que porque le hayan encontrado 94.000 euros sin justificar pueda hablarse de un gran caso de corrupción no resulta trascendente para Luzón, ya que hay conversaciones en las que Koldo le pregunta por cómo pudo gastar más de 400.000 euros en dos años y cobra periódicamente su hijo Víctor Ábalos. “De donde saca pa’tanto como destaca”, ironizó el fiscal con el clásico cuplé.

En otro momento de su exposición, el fiscal manifestó que era " imposible no evocar al clásico cínico capitán” de la película Casablanca ( sin llegar a citar el popular "¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! ) por el hecho en que Ábalos regañara a Koldo García por la presencia en el ministerio de Aldama.

Mascarillas y Jésica

Sobre los contratos de mascarillas, el fiscal reconoció que la contratación siguió un trámite de emergencia que no tiene apenas requisitos y es difícil encontrar una irregularidad, razón por la que no acusa de prevaricación "aunque se prescindiera de criterios de objetividad y se concediera el contrato de forma arbitraria". Por el hecho de que existían en el mercado precios muy distintos, tampoco se acusa malversación de forma específica por las mascarillas, un delito que si se atribuye por los 'enchufes' de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas.

Otro punto destacado por Luzón pasa por el hecho de que el número de mascarillas --8 millones de mascarillas en el primer contrato por Puertos del Estado, un total de 20 millones sumando todas las administraciones públicas que siguieron comprando-- lo decide la empresa, es decir, el objeto de las necesidades se ajusta a la disponibilidad de la empresa avalada por Aldama, Soluciones de Gestión. En todo caso, "la distorsión se produjo por un asesor del ministro que ejerció una influencia indebida e indirecta sobre la mesa de contratación", explicó el fiscal.

Tras la publicación en el BOE, “las empresas preparan ingenuamente sus ofertas, todas más baratas, pero llegan tarde, porque ya está todo cerrado con Soluciones de Gestión, porque lo habían decidido Ábalos y Koldo García en connivencia con Víctor de Aldama”, señaló.

Luzón no discute la relación entre Jésica Rodríguez y Ábalos, si bien ha manifestado que “no termina en diciembre de 2019, sino que, Ábalos por las razones que sea, se sigue ocupando de ella”, pagando su matrícula de la universidad, el alquiler de Plaza de España o interesándose por que continuara trabajando en Ineco y Tragsatec. Sobre esta circunstancia, el fiscal destacó lo dicho por la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el sentido de que el haber enviado el currículum de Rodríguez a otro directivo no significaba "nada". "Discrepo, depende de quien lo envíe, si lo envía la presidenta de Adif sí que tiene significado", manifestó.

En cuanto al enchufe de Jésica en empresas públicas, el fiscal hizo una referencia "a las empresas públicas casi parasitadas por el poder político, en contraste con el artículo 103 de la Constitución" ya que se asume con naturalidad y hasta orgullo "haber ayudado a una amiga a conseguir un empleo, y se coloca a un asesor claramente incompetente en una empresa pública porque es una tradición, porque, según dice Ábalos, que no se necesita nada, tampoco era una empresa importante”, dijo.

Para el fiscal se trata de un “contexto cuasicolonial"que está asumido que las meros deseos del ministro se convierten en órdenes, salvo que aparezca una empleada íntegra pese al miedo a ser represaliada como Virginia Barbancho, superior de Jésica Rodríguez en Tracsatec, que alertó de lo ocurrido". “Un canteo nivel 1”, parafraseó el fiscal sobre cómo se gestionó que Jésica Rodríguez no trabajara.

Por otra parte, Luzón reprodujo los mensajes que, a su juicio, demuestran que “la compra del chalé (en La Alcaidesa, Cádiz) está ligada indisociablemente a las expectativas de conseguir la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, la empresa del socio del comisionista, Claudio Rivas. Como esta no se concede, se procede al desahucio del exministro.

Finalmente, recordó Luzón, no es de interés de la Fiscalía el rescate de Air Europa sino que lo que interesa es que se recompensó una vez más la actuación del ministerio en favor de Víctor de Aldama, ha explicado Luzón. “La nota de prensa, capullo, que el otro está que se sube por las paredes”, recordó el fiscal que el mensaje que hace que Koldo pregunte a Ábalos por la necesidad de informar sobre la compañía, porque tuvo un valor para sus accionistas e inversores y "fue muy bien recibida". Así, parece poco creíble que Ábalos pagara el platillo entre sus invitados”, para pagar a escote el coste de Villaparra, que habría sido la compensación por dicha nota.

Como conclusión, Luzón defendió la procedencia de todos los delitos que se imputan a Ábalos y al que fuera su asesor, que son los de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos en relación con los diferentes hechos que se relatan en su escrito de acusación.

También defendió el perjuicio ocasionado a Ineco y Tragsatec por el pago de unos salarios a Jésica aunque no fuera a trabajar, con independencia de que, sobre todo en esta última, fallaran los controles internos. En todo caso, defiende que Ábalos y Koldo no actuaron en nombre de Adif, encargo para el que supuestamente trabajaba Jésica, y por ello tuvieron que desplegar su presión sobre los responsables.

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