El Govern mantiene el pulso con los profesores y cree que la subida de la nómina de mayo aplacará el conflicto

17 días de huelga convocados, cinco por cada centro, casi 800 escuelas e institutos públicos dispuestos a no hacer ni excursiones ni colonias el curso que viene y un clima cada vez más crispado en los claustros, rematado con el plan piloto para introducir mossos en la mediación de conflictos. La disputa entre el Govern y buena parte de los sindicatos educativos ha escalado hasta tal punto que en estos momentos los profesores se han convertido en el colectivo más complejo con el que tiene que lidiar el ejecutivo de Salvador Illa. Sin embargo, los planes de la Generalitat pasan por mantenerse en sus trece y aguantar el tirón durante los dos meses que quedan hasta las vacaciones coincidiendo con las primeras subidas salariales aprobadas.

El Executiu considera que "ya se ha movido" lo suficiente, que ya ha hecho lo que estaba a su alcance para mejorar las condiciones salariales y educativas con los 2.000 millones de euros que reivindica que inyectará en cuatro años para aumentar el complemento específico del salario, destinar recursos a la escuela inclusiva, pagar 50 euros por noche en las colonias, reducir burocracia o renovar centros antiguos. Lo hace, además, escudándose en que tiene el plácet de UGT y CCOO y que, por lo tanto, se ha hecho "con diálogo" con la comunidad educativa en un contexto de prórroga presupuestaria porque por ahora no se ha logrado aprobar unas nuevas cuentas en esta legislatura.

La mano al resto de sindicatos -Ustec, Aspepc, la CGT y La Intersindical- que consideran insuficiente lo pactado y que son mayoritarios en el sector, insisten, está "tendida" en las reuniones sectoriales que se continúan agendando sin participación de los convocantes de las protestas. Pero no para reabrir las negociaciones, sino para que se sumen al "despliegue" de unas mejoras ya acordadas por el conseller Albert Dalmau durante la baja de Esther Niubó y que los docentes empezarán a notar en la nómina este mes de mayo. "Queremos que el acuerdo se note en el sistema lo más pronto posible", aseguran fuentes de Educació, que admiten que confían en que, a medida que estos incrementos de sueldo lleguen a los docentes y con el parón estival de por medio, el conflicto se vaya aplacando para empezar el siguiente curso con las aguas más calmadas.

Un malestar 'in crescendo'

Está por ver si la estrategia da resultados y si la puede sostener, puesto que también las familias, representadas por la aFFaC, han emplazado al Govern a sentarse con los sindicatos discrepantes para tratar de reconducir la situación, al tiempo que advierten de que lo que ni unos ni otros pueden poner en jaque son los derechos del alumnado. Pero Educació se limita a responder que "respeta" el derecho a huelga y que, más allá de aplicar lo ya anunciado, no tiene intención de hacer ningún gesto más para tratar de evitar los paros previstos hasta final de curso, que sumarán un total de 23 desde principios de año. Tampoco detalla el Govern si piensa intervenir para garantizar que el año que viene miles de alumnos en toda Catalunya no se queden sin excursiones ni colonias, una iniciativa a la que por ahora no ha otorgado una especial relevancia. De hecho, la Generalitat ha reconocido que no puede obligar a los centros educativos a que se hagan.

Durante la etapa de Pere Aragonès, el exconseller Josep González-Cambray tuvo que gestionar 11 huelgas, una comparativa que da cuenta de cómo se ha recrudecido la situación respecto a hace cuatro años, cuando ya entonces las protestas fueron sonoras. Desde la Generalitat alegan que la herencia recibida, marcada aún por los recortes tras la crisis de 2008 y por la creciente complejidad social, no puede revertirse de la noche a la mañana y, por lo tanto, no atribuyen el malestar a su acción en esta legislatura.

Pero lo que sí que es directamente imputable al actual ejecutivo es el plan piloto para que mossos de paisano intervengan para mediar en conflictos en los centros, un proyecto del que ya han pedido salir siete de los 14 institutos donde se quiere testar esta figura y del que reniegan tanto sindicatos como la Asociación de Directivos de la Educación Pública (AXIA), que critican, además, no haber sido informados de ello. Fuentes del Govern admiten que el plan ha nacido prácticamente sentenciado, principalmente por cómo se ha comunicado, además de reconocer la inoportunidad del momento en que ha saltado a la palestra. Al introducir el concepto de que es "voluntario", el mismo president ya abrió el camino para que no se aplique si se rechaza y acabe saliendo del foco tras esta primera tormenta.

Sin miedo a "las pancartas"

Así que, con estos mimbres, el president Illa ha ordenado mantener la posición y capear un temporal que espera que tenga fecha de caducidad teniendo presente que el curso acaba justo cuando él calcula -o así lo querría el Govern- que podría haber un acuerdo con ERC para aprobar los presupuestos. Ni republicanos ni Comuns, que han cargado contra Educació por la gestión del conflicto con los profesores, han puesto por ahora como condición para su 'sí' que el Executiu renegocie con los sindicatos. Así que para el president, que quiere remontar el sello de la gestión tras crisis como la de Rodalies abanderando la mejora de los servicios públicos, el de las cuentas es el principal examen que debe superar, sabiendo, eso sí, que en este asunto no habrá reválida en septiembre. Y por lo demás, en más de una ocasión ha dejado claro que "las pancartas" no le asustan.

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