Fiscales progresistas y conservadores se tiran los trastos a cuenta de los últimos nombramientos de Peramato

La división en la fiscalía entre las dos sensibilidades que conviven en la carrera no es nueva, pero no parece que vaya a solucionarse con la llegada de Teresa Peramato a la Fiscalía General del Estado, tras la condena por el Tribunal Supremo de su antecesor, Álvaro García Ortiz. La propuesta de nombramientos de la fiscal general, tras oír al Consejo Fiscal este jueves, fue inmediatamente contestada por la conservadora Asociación de Fiscales, muy crítica con tres de ellos, en los que se ha elegido a personas muy próximas a su antecesor en el cargo, entre ellas su esposa, frente a candidatos con mucha más antigüedad.

Los nombramientos más controvertidos han sido el relevo de Almudena Lastra al frente de la Fiscalía Superior de Madrid, tras enfrentarse con García Ortiz a cuenta de la nota de prensa que acabó siendo determinante en su condena por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ascenso al Tribunal Supremo de la hasta ahora fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que estuvo imputada con él, pero no llegó a ser juzgada, y la elección de la esposa de García Ortiz, Pilar Fernández, como teniente Superior de Galicia, frente a otros siete candidatos ya en esa fiscalía y seis de ellos, anteriores a ella en el escalafón.

Las críticas han sido este domingo respondidas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fueron presidentes tanto García Ortiz como la propia Peramato, y que ha apoyado incondicionalmente al exfiscal general durante su proceso judicial, incluso organizando una colecta para que no tuviera que afrontar el pago de la multa y la responsabilidad civil que le impuso el Supremo. En un comunicado, el colectivo lamenta la "deslegitimación sistemática, la simplificación interesada o la proyección de sospechas sobre decisiones adoptadas conforme a derecho no fortalecen la independencia del ministerio fiscal, sino que la comprometen".

Asegura que los procesos realizados para la elección de los tres puestos "se rigen por los principios de mérito y capacidad y se desarrollan con plena sujeción a la legalidad", por lo que "su descalificación global, mediante términos como 'purgas' o decisiones arbitrarias, no solo carece de fundamento, sino que afecta directamente al prestigio de la institución y a la consideración profesional de quienes la integran". En su opinión, todos los candidatos "reúnen méritos suficientes" para ser elegidos y lo que hay que determinar es "qué perfil resulta más idóneo para el desempeño de unas funciones concretas".

De ahí que, aunque el escalafón sea un elemento a considerar, no debería ser determinante. Asimismo, considera "particularmente llamativo que se cuestione el valor de las trayectorias desarrolladas en órganos centrales de la fiscalía", cuando "históricamente, ese desempeño ha sido considerado un elemento de especial relevancia", en referencia a los miembros de la Secretaría Técnica durante el mandato de García Ortiz que han sido ascendidos en los dos últimos Consejos Fiscales.

800 puestos

El relevo de Lastra al frente de la Fiscalía Superior de Madrid ha sido el nombramiento más cuestionado. La Asociación de Fiscales sostiene en su comunicado que la elección de Isabel Martín López "culmina el plan de evacuación -acción de desalojar ordenada y rápidamente a personas de un lugar de riesgo hacia un punto seguro- de la Secretaría Técnica diseñado por la fiscal general del Estado" y lo unen con lo ocurrido en el anterior Consejo Fiscal, en el que afirma que se "obsequió a Ana Isabel García León, quien fue jefe de la Secretaría Técnica, con una Jefatura de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y a Diego Villafañe, que había sido teniente del mismo órgano, con una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo".

Para la Asociación de Fiscales, a la Fiscalía Superior de Madrid "concurrían únicamente dos candidatas, la fiscal designada y Almudena Lastra, actual fiscal jefe Superior de Madrid cuyo desempeño profesional no ha podido ser objeto de reparo alguno. Separan a ambas más de 800 puestos en el escalafón, Lastra cuenta con 35 años de carrera profesional, ha desempeñado funciones en la Secretaría Técnica, en la Unidad de Apoyo y fue teniente en la Inspección Fiscal, también fue vocal del CGPJ y letrada del mismo órgano". De ahí que, a su juicio, el problema que ha presentado su candidatura es que "tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortiz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia".

También se mostró muy crítica la asociación mayoritaria con que la fiscal general designe a Pilar Fernández Pérez, "fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid y esposa de Álvaro García Ortiz", teniente de la Fiscalía Superior de Galicia. Recuerda que "fue precisamente Álvaro García como fiscal general del Estado quien ascendió a la actual fiscal general a la condición de fiscal jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo" y señala que Fernández "concurría con siete candidatos más, todos ellos con destino actual en Galicia y por ello conectados con la realidad del territorio. Conforme al escalafón es la penúltima, la separan más de 800 puestos del primer peticionario".

Para la UPF, "el ministerio fiscal necesita un debate exigente, sí, pero también honesto, plural y respetuoso con la institución y con quienes la integran. Solo desde ahí podremos preservar su prestigio y reforzar su papel en el Estado de derecho".

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