Los inspectores de vivienda abren 529 expedientes en Catalunya, el 80% por incumplir los topes al precio de los alquileres

El cuerpo de inspectores de vivienda de la Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores y ocho de cada diez de estos procedimientos que pueden acabar en una multa son por saltarse el tope de precios de los alquileres, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Este es el balance con el que en estos momentos cuenta la conselleria gobernada por Sílvia Paneque, que tiene previsto crear una dirección general de vivienda para centralizar y agilizar toda la labor que supone garantizar la aplicación de la regulación aprobada en Catalunya.

Todos estos expedientes se han activado en zonas tensionadas del mercado residencial, que es donde se aplica el índice de referencia de precios. Según detalla la conselleria, el 74% los ha abierto "de oficio" la sesentena de inspectores de la Agència de l'Habitatge de Catalunya desplegados por el territorio desde el mes de febrero. El resto, un 26%, corresponde a denuncias que han presentado particulares.

Siete sanciones ya en marcha

En todo caso, una cosa es que se haya iniciado el proceso y otra muy distinta es que acabe finalmente imponiendo una multa. De todos ellos, solo hay siete en los que se ha iniciado formalmente la sanción. En el 89% de los casos aún se está en fase de diligencias previas, que es la primera etapa del procedimiento en la que los inspectores investigan si se ha vulnerado o no la ley. En un 10% de los casos el expediente ha acabado archivado porque, en la mayoría de casos, el contrato de alquiler es anterior a la entrada en vigor de los topes.

Lo que queda claro es que el caso más frecuente -un 79%- que motiva las posibles sanciones es por propietarios que imponen un precio del alquiler por encima de lo que fija la norma, algo que en ocasiones viene de la mano de otras irregularidades, como hacer pagar al inquilino gastos de gestión inmobiliaria o de formalización de contrato, así como la falta de información sobre si quien alquila es un gran tenedor. También han detectado otras picarescas como no indicar el precio -para no visibilizar que estará por encima del tope fijado- o que se obvia la finalidad del contrato y que acaban siendo de temporada o de uso diferente al de vivienda habitual.

La multa del bloque de Sant Agustí

Una de las sanciones más relevantes que tiene entre manos el Govern y que podría alcanzar una cifra de casi dos millones de euros es la del bloque de Sant Agustí, propiedad del fondo neerlandés New Amsterdam Developers. Hay cuatro expedientes abiertos contra este gran tenedor por querer echar a los actuales inquilinos para trocear las viviendas y alquilarlas por habitaciones a precios por encima de los topes fijados. De momento, el desahucio ha sido aplazado hasta el mes de julio mientras la Generalitat continúa esperando reunirse al fondo.

El cuerpo de inspectores, que continúa desplegándose en coordinación con los ayuntamientos, tiene previsto llegar a un centenar de efectivos. Ya se han hecho algunas actuaciones específicas en Barcelona, donde el 15 de abril se realizaron en un solo día 17 inspecciones con la Guàrdia Urbana en las que se detectaron una docena de viviendas con posibles incumplimientos, principalmente de pisos alquilados por habitaciones. De hecho, es en la capital catalana donde se han abierto más expedientes. En toda la demarcación, 402 y, de ellas, 210 en Barcelona ciudad. En la demarcación de Tarragona hay 60 procedimientos sancionadores en marcha, en la de Girona 48 y, finalmente, 19 en la de Lleida.

El Govern continúa reivindicando la vivienda como una de sus principales "prioridades" de la legislatura. De hecho, antes del verano, según lo acordado con los Comuns, se limitará la compra especulativa de vivienda. El grupo encabezado por Jéssica Albiach ha sido especialmente crítico con la dilación en el tiempo a la hora de imponer sanciones por incumplimientos de la ley. De hecho, la primera llegó un año después de que se aprobara el régimen de multas y en las últimas semanas han exigido al Executiu que imponga una sanción "ejemplar" al fondo del bloque de Sant Agustí.

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