El Govern y ERC plantean crear una sociedad mercantil con el Estado para gestionar las infraestructuras en Catalunya

El Govern y ERC ya han puesto en marcha el plan 'b' para intentar sobreponerse a la decepción que supuso que este martes el Congreso tumbara el consorcio de inversiones, un ente que tenía como misión mejorar la ejecución de las inversiones en infraestructuras del Estado en Catalunya. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la idea pasa por constituir una sociedad mercantil con la participación del Estado y de la Generalitat que desempeñe las mismas funciones que tenía que asumir el consorcio que fue tumbado el martes.

La ventaja de impulsar una sociedad mercantil es que esta se podrá crear sin necesidad de pasar por el Congreso. La ley de régimen jurídico del sector público habilita al Consejo de Ministros a crear este tipo de sociedades. Se da por descontado que, si el Gobierno de Pedro Sánchez veía con buenos ojos el consorcio, ahora no pondrá pegas a crear este instrumento alternativo, pero en ello ya se están esforzando consellers del Govern de Salvador Illa, en contacto directo e incluso presencial con representantes de los ministerios implicados en Madrid. La consellera de Economia, Alícia Romero, se está encargando de ello. Para crear la sociedad basta con elaborar los estatutos y presentar un plan de actuación. Luego, el ejecutivo tiene que decidir si lo autoriza.

La gran desventaja de optar por la sociedad y no por el consorcio es que, ante un eventual cambio de gobierno en España, es más fácil de extinguir. Es por esto que el plan 'a' siempre fue el consorcio porque, al estar sustentado por una ley, habría tenido mayor robustez jurídica. Una sociedad, en cambio, da más facilidades a un ejecutivo del PP y de Vox para dar marcha atrás en el caso de que lleguen a la Moncloa. Y estos dos partidos ya dejaron claro este martes en el Congreso que se oponen a un organismo de estas características. De hecho, el consorcio se rechazó con los votos del PP, Vox, Junts y el PNV. El partido de Carles Puigdemont consideró que era un "chiringuito" que en nada mejoraría el déficit inversor actual. De hecho, en cuanto a los recursos, no se descarta que puedan llegar, mientras se constituye la sociedad, mediante encomiendas de gestión. Esto implica que se entreguen fondos para que la Generalitat pueda ejecutar obras en infraestructuras del Estado.

La ley que fue tumbada por el Congreso ya preveía crear una sociedad que tenía que actuar como brazo ejecutor del consorcio. Ahora lo que se hará es dar forma a esta sociedad como pilar único del proyecto porque el consorcio ya no podrá ver la luz. La norma define este ente societario como el encargado de llevar a cabo la "ejecución de estudios, proyectos, obras y otras actuaciones materiales" para agilizar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya. Fuentes de ERC, sin embargo, aseguran que el consorcio "no queda olvidado" del todo. Su intención es intentar recuperarlo en el futuro.

El gran objetivo de este proyecto es intentar acabar con la dinámica actual por la que, demasiado a menudo, las inversiones que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado no se acaban ejecutando o lo hacen con retraso. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) admitió que, en el primer semestre de 2024, solo se ejecutó un 20% de la inversión prevista en la comunidad catalana. En el conjunto del año anterior, en 2023, no pasó del 45%, por lo que uno de cada dos euros no llegó a invertirse.

Más que un consorcio, más que una sociedad

La búsqueda de un plan 'b' a la ley rechazada por el Congreso demuestra la importancia que tiene este proyecto para el Govern y para ERC. La explicación es que este consorcio estaba previsto en el acuerdo de investidura entre socialistas y republicanos que permitió la llegada de Illa a la presidencia de la Generalitat. Para el president, pues, es muy importante exhibir que cumple con el pacto para reclamar, a cambio, que Esquerra siga dándole estabilidad en el Parlament y le apruebe unos presupuestos catalanes para 2026. Para el partido de Oriol Junqueras, es igualmente decisivo exhibir que tuvo sentido investir a Illa porque esa decisión permite ahora avances en autogobierno para Catalunya.

Todo ello, después de que el jefe del Govern retirara el proyecto de las cuentas públicas por la falta de apoyo de los republicanos, encallados entonces en la recaudación del IRPF que corría a cargo del aval del Gobierno y que nunca llegó. Superado este escollo, el consorcio de inversiones se planteaba como una pista de aterrizaje para que Junqueras pudiera dar su 'sí' a los presupuestos y lograr que queden aprobados antes de las vacaciones de verano, un objetivo que Illa mantiene en pie.

La duda es si el consorcio, ahora ya reconvertido en sociedad, será decisivo y suficiente para que ERC dé el visto bueno a las cifras. Los republicanos consideran que el ente supone un "avance de soberanía" para Catalunya, justo lo que reclamaban a cambio de aprobar las cuentas, pero no quieren aclarar si este avance es lo suficientemente importante para dar el 'sí' definitivo a unos presupuestos que situarían al Govern con una bombona de oxígeno hasta el final de legislatura, en 2028, ya que el próximo año, con elecciones municipales y generales, se da por descontado que no habrá un pacto de tal calibre.

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