El Parlament envía al Congreso la propuesta de reforma de la ley de eutanasia para acortar los recursos

El Parlament enviará al Congreso la propuesta para reformar la ley de eutanasia con el objetivo de acotar a un máximo de 20 días los recursos judiciales que pueden bloquear el acceso a la muerte digna. El pleno ha aprobado este miércoles la iniciativa impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, que ahora deberá tramitarse en la Cámara baja al tratarse de una norma estatal. La propuesta de cambio legislativo seguirá su curso hacia el Congreso, donde debe votarse, después de que todos de grupos parlamentarios hayan rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, salvo los diputados de Units per Avançar, que ya explicaron su oposición.

La tramitación de la proposición de ley se ha resuelto en tiempo récord: en menos de un mes desde que se admitió a trámite (el 7 de abril). Fue en febrero cuando los partidos registraron el texto como respuesta al largo periplo judicial que retrasó durante 20 meses la eutanasia solicitada reiteradamente por Noelia Castillo, la joven catalana que la recibió el mes pasado. Las formaciones, que consensuaron una propuesta común, buscan evitar situaciones como esta, en la que el padre de la joven, asesorado por Abogados Cristianos, trató de frenar la petición de su hija.

Para evitar que la iniciativa se dilatara en el tiempo, como suele ocurrir con las tramitaciones legislativas, PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP solicitaron el procedimiento de lectura única -la vía exprés- para aprobar el envío del texto al Congreso. Hace 15 días, el pleno avaló esta fórmula con el apoyo de Aliança Catalana y el rechazo de PP y Vox. Solo dos semanas después, el Parlament ha dado luz verde definitiva a la propuesta, a la espera de designar a los diputados que la defenderán en Madrid.

Los argumentos de PP y Vox

"Es una anomalía que el derecho más importante, el derecho a vivir, sea el que menos garantías jurídicas tenga", ha declarado Belén Pajares, diputada del PP, para justificar su rechazo a la norma, tras considerar un "suicidio asistido" el caso de Noelia Castillo. Un calificativo que también ha empleado la parlamentaria de Vox, María Elisa Fuster, quien ha acusado a los partidos de "disfrazar" de derecho un "abandono institucional".

"Ustedes ya abrieron la puerta a la eliminación de quienes sufren en lugar de redoblar los esfuerzos con apoyos psicológicos o cuidados paliativos dignos", ha añadido la diputada de extrema derecha. "Hasta que se derogue esta ley, se debería hacer una lista de no objetores, para que cuando vas a un hospital puedas ver quién no está dispuesto a acabar con tu vida", ha espetado, dando por hecho que Vox gobernará en España tras las próximas elecciones generales y que, de la mano del PP, la abolirá.

"Agilizar" los recursos judiciales

Ninguno de estos argumentos ha convencido al resto de partidos, que han explicado cada uno en su turno que el único propósito es "agilizar" los recursos judiciales, pero manteniendo todas las revisiones, exámenes médicos y psicológicos y comisiones de garantías que hay detrás. "No decidimos sobre la muerte, sino sobre cómo respetamos la vida hasta el final", ha dicho Salvador Vergés, de Junts. "Desde hace años ya está regulada [la eutanasia] porque antes pasaba de forma más dolorosa e indigna; podemos hacer ver que no pasaba, pero pasaba", ha justificado, por su parte, Juli Fernández, de ERC.

Con todo, la ley actual -que ahora se pretende reformar con el impulso del Parlament- obliga a informar al paciente de todas las alternativas, incluidos los cuidados paliativos, y establece un procedimiento garantista con varias evaluaciones médicas independientes. "No discutimos este derecho, que ya está legislado, sino que sea real y esté protegido", ha apuntado la anticapitalista Pilar Castillejo, quien ha pedido centrar el debate en la cuestión de la reforma y no en un derecho que ya está reconocido. Sara Jaurrieta, del PSC, ha acusado a los partidos contrarios a querer un "derecho a la vida selectivo", pues no usan, ha deslizado, el mismo ímpetu para defender la vida cuando no condenan las muertes en las guerras en el mundo.

"Hay una forma de violencia institucional que es la crueldad burocrática y ahora el derecho a morir con dignidad está siendo secuestrado en los despachos judiciales por motivos ideológicos", ha deslizado Núria Lozano, por parte de los Comuns, tras recordar que este procedimiento es el más "controlado" de todos los que hay ahora mismo en España. "Entiendo que sean más de la 'solución final' que de la muerte digna", le ha reprochado Lozano a PP y Vox. Desde Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana ha salido en defensa de la iniciativa y ha afeado al PP y a Vox lo que considera un acto de "irresponsabilidad" por registrar enmiendas a la totalidad. El rechazo a la eutanasia es una de las principales divergencias ideológicas entre Vox y la formación independentista de extrema derecha, más allá del eje soberanista.

En manos del Congreso

En su momento, la ley de eutanasia se aprobó en el Congreso con el único rechazo de PP y Vox, pero en un hemiciclo distinto al actual: fue en 2021, cuando el president de la Generalitat, Salvador Illa, era ministro de Sanidad. Aun así, con las mayorías actuales, la reforma podría prosperar si la oposición se limita a populares y extrema derecha, aunque antes deberá superar el trámite de la Mesa del Congreso para ser admitida a debate. "Si fuéramos un Estado independiente, hoy esto se aprobaría y mañana entraría en vigor, pero como no lo somos, ahora debe empezar un periplo en el Congreso", ha zanjado Vergés, de Junts, una crítica que también ha articulado Fernández, de ERC.

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