Un empresario mexicano sobre unos préstamos a Jordi Pujol Ferrusola: "Nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas"

Dos empresarios acusados de participar en la ocultación de los fondos de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley han negado este miércoles durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra los hijos del exmandatario catalán que fueran testaferros del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. El empresario mexicano Bernardo Domínguez ha reconocido que su padre, ya fallecido, le explicó en su día que prestó dinero al hijo mayor del exmandatario, aunque ha precisado: "[En esta relación] Yo no tenía nada que ver; yo no firmé ningún documento".

La fiscalía, que le reclama una pena de cinco años de prisión, sostiene que hubo dos líneas de crédito, una en 2007 y otra en 2010, y que esos préstamos, de unos siete millones de euros, eran ficticios y formaban parte de una escenificación para presuntamente blanquear los fondos de la familia Pujol. "Es una operación lamentable y una pésima decisión de mi padre. Hubiera sido mejor no cobrar. Nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas", ha dicho.

"El señor Pujol, con todo mi respeto, está en que las cosas suceden, en el negocio transacciona (...). Yo estoy en el negocio de que las cosas permanezcan"

Bernardo Domínguez

— Empresario mexicano

Domínguez, defendido por el abogado Luis Jornada de Pozas, ha recalcado que él nunca gestionó fondos de Jordi Pujol Ferrusola, al que conoció en 2005, pese a que la acusación pública le atribuye ser una pieza clave en la “estructura de ocultación”. El empresario mexicano ha querido distanciarse ante el tribunal del primogénito del expresidente: "El señor Pujol, con todo mi respeto, está en que las cosas suceden, en el negocio transaccional, que es muy válido. Yo estoy en el negocio de que las cosas permanezcan, que signifiquen algo". También ha negado que sus empresas hubieran obtenido adjudicaciones de obras públicas en España.

Inversiones por cuenta propia

Antes de Domínguez, ha declarado el exdirector de TV de Andorra y empresario Francesc Robert, quien ha asegurado que realizó inversiones por cuenta propia y aprovechando una herencia de 22 millones de euros que dejó su abuelo a su familia. "No quería ser rentista", ha subrayado. De esta manera, ha desmentido la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que había puesto su infraestructura bancaria y societaria a disposición de Jordi Pujol Ferrusola, permitiendo que este operara con fondos que se pretendían ocultar su titularidad y origen.

Este acusado, que se enfrenta también a una pena de cinco años de prisión y está defendido por el abogado Fermín Morales, ha admitido que sí realizó algunas inversiones con el primogénito del expresidente en México y que le alquiló durante un tiempo un despacho para instalar su oficina. Esta ha sido la justificación de Francesc Robert respecto al traspaso de dinero entre las cuentas de uno y otro.

Al comenzar su declaración, ha expuesto que solo contestaría a su abogado y no a las acusaciones porque durante la instrucción fue interrogado por videoconferencia desde Andorra, donde vive, y se le preguntó por unos documentos que no se veían bien. En la causa hay una pericial caligráfica que determina que la firma que aparece en algunos papeles no es la suya. Uno de los negocios en los que participó fue el del vertedero de Vacamorta, en el Baix Empordà.

Helicópteros y vertederos

El empresario andorrano, también imputado, Jorge Barrigón, por su parte, ha atribuido su acusación a la animadversión que tenía contra él su exsocio, Antoni Rebés. “Tengo un récord desgraciado: soy la segunda causa más importante que ha habido en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona después del procés", por las 10 querellas que interpuso en su contra Rebés. Pese a lo declarado por su exsocio ante el tribunal que juzga los Pujol, ha corroborado la veracidad del préstamo que le hizo Josep Pujol para poder ejercer la opción de compra que pretendía sobre Cap Helicòpters, una compañía de helicópteros.

Otro de los empresarios que han sido interrogados es Gustavo Buesa, que ha sostenido que nunca pagó "sobornos, ni intentó influir en ninguna autoridad" respecto a la gestión de los vertederos de Vacamorta, en Cruilles (Baix Empordà, Girona) ni en el de Tivissa (Ribere d'Enbre, Tarragona), que "no tienen nada que ver concursos públicos", sino que es un negocio privado. Para poner en marcha estas instalaciones, tanto él como su socio Josep Mayola, decidieron buscar socios.

El fiscal sostiene que en noviembre de 2002, Buesa, defendido por el abogado Carles Monguilod, y Mayola, representado por el letrado José Marí Fuster Fabra, vendieron el 50% de las acciones de la Gestió i Recuperació de Terrenys, que gestionaba el proyecto de Tivisa, a la sociedad Active, de Jordi Pujol Ferrusola y de su exesposa Mercè Gironès, por 5.011,64 euros. Según la acusación pública, dos años después, en diciembre de 2024, estos dos empresarios recompran estas acciones al primogénito del expresidente por 5,2 millones de euros, generando, en su opinión, un beneficio neto de 5,2 millones. Tanto Buesa como Mayola han negado que esa plusvalía no fue tan alta, porque el fiscal contabiliza que Pujol Ferrusola invirtió 800.000 euros y avaló otros 4,6 millones de euros. Mayoral ha precisado que el hijo del expresidente aportó "músculo financiero". Además, han relatado que todas las facturas que han girado a otras empresas del primogénito del exmandatario siempre han sido por "servicios prestados". El juicio continuará el próximo 11 de mayo.

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