Junts tumba con PP, Vox y PNV el consorcio de inversiones pactado entre Illa y ERC: "Catalunya no necesita más chiringuitos"

Con el puño cerrado, Miriam Nogueras se golpeaba la palma de la mano en el hemiciclo del Congreso. "Pague, pague, pague...", le repetía una y otra vez, acompañando al gesto, al diputado del PSC, el socialista Pepe Zaragoza. Por si no había sido clara en su discurso, la portavoz posconvergente insistía así en el argumento de su partido para rechazar el "Consorcio de Inversiones de Catalunya" que negociaron Salvador Illa y ERC y que se ha debatido este martes. "Catalunya no necesita más chiringuitos pagados con el dinero de la gente, Catalunya necesita que nos paguen aquello que nos corresponde, no necesita un consorcio, necesita que nos hagan las transferencias de dinero que nos corresponden", ha aseverado. El 'no' de Junts, sumado al de PP, Vox y PNV, ha echado por tierra la iniciativa de los republicanos catalanes.

En un debate que ya auguraba un agrio choque entre ERC y Junts, enzarzados durante semanas en un tira y afloja en torno al consorcio, Nogueras ha sentenciado que aceptar esta herramienta sería "rebajar las aspiraciones de Catalunya hasta límites que deberían hacer sonrojar a cualquier persona que lo defienda". No solo eso. También ha denunciado que el fondo del debate es si Catalunya va a seguir "subordinada" a Madrid, algo que cree que ocurriría con el consorcio. La solución, ha dicho, es exigir al Gobierno que pague todo el dinero que se ha dejado de invertir en Catalunya en los últimos años, algo que llevan años demandando sin respuesta del Ejecutivo.

"Hacen un diagnóstico que es correcto, Madrid no paga, pero la respuesta política es equivocada. En lugar de reclamar que paguen lo que deben, lo que ustedes proponen es crear un organismo controlado por Madrid, por los que no pagan", ha insistido, dejando claro que no iban a aceptar la admisión a trámite de la norma de ERC, pese a que esto solo significaba el inicio de los trabajos parlamentarios. Un dato que, previamente, le había recordado la diputada de ERC Ines Granollers para abrir la puerta a posibles enmiendas a la ley.

Críticas y reproches

Granollers, que al comienzo del debate parecía aún tener cierta esperanza en el voto favorable de Junts o, al menos, su abstención, le ha insistido a Nogueras en las bondades de su propuesta. "Es una ley para poner al país en el centro de las decisiones", una "instrumento de gobernanza que debe garantizar que la Generalitat participe de forma efectiva en la planificación, supervisión y dirección estratégica de las inversiones del Estado en Catalunya", ha reivindicado. Y, previendo las críticas posconvergentes, ya se adelantaba a que esto no supone "renunciar al objetivo de la plena soberanía fiscal".

"Tenemos la posibilidad de dar este paso adelante, no es definitivo pero sí necesario. Es un paso para transformar la indignación en capacidad de acción. No se entendería que mientras unos nos dedicamos a plantear propuestas para que los ciudadanos de Catalunya vivan mejor, ustedes se dediquen a destruir", ha apelado a la bancada posconvergente antes de afearles que prefieren que se hable de ellos "aunque sea mal" antes que "mejorar la vida de las personas".

No ha sido la única que ha arremetido contra Junts. Zaragoza, que desde la tribuna de oradores veía esa gesticulación de Nogueras, les ha acusado de oponerse a la propuesta porque "no soportan que cada día sea más evidente que con un Gobierno del PSC Catalunya avanza". Además, les ha avisado de que "la política del todo o nada no lleva a ningún sitio" y que se han convertido en la "versión catalana del 'cuanto peor mejor'".

La propuesta

A lo largo de nueve páginas, los republicanos catalanes detallan la creación de este consorcio de inversiones, que se trataría de un órgano paritario entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya. Entre sus objetivos, según el texto legislativo, estaría la elaboración de un Plan Plurianual de Inversiones del Estado en Catalunya; el seguimiento, control y evaluación de las inversiones o la propuesta de medidas correctoras y reprogramaciones para que se cumplan los niveles de ejecución prevista. La norma, que también contempla la constitución de una sociedad mercantil participada por el Estado y la Generalitat, recoge que la creación del consorcio se deberá producir en un máximo de 9 meses desde la entrada en vigor de la misma. Sin embargo, se fija el inicio de la actividad del mismo el 1 de enero de 2027.

Suscríbete para seguir leyendo