En el Parlament
Los Comuns recuperan la ley para fijar impuestos a los cruceros en Catalunya
El partido de Albiach registra la norma que ERC impulsó en la pasada legislatura para gravar las grandes embarcaciones y que decayó con la convocatoria anticipada de elecciones
Catalunya pone en pausa el impuesto a los cruceros: "Se deben valorar los beneficios medioambientales de la medida"

Un crucero en el puerto de Barcelona. / MANU MITRU
Los Comuns han decidido mover ficha y llevar de nuevo al Parlament el impuesto a los cruceros, después de que el Govern haya optado por dejarlo, por ahora, en suspenso. La formación liderada por Jéssica Albiach ha registrado una proposición de ley que recupera, prácticamente sin cambios, el texto que impulsó ERC en 2023, cuando estaba al frente de la Generalitat, pero que decayó con la convocatoria anticipada de elecciones, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
La principal novedad respecto al planteamiento original es la senda de crecimiento del impuesto. La propuesta fija un tipo inicial de un euro por kilogramo de emisiones, que aumentaría progresivamente hasta alcanzar los tres euros en el tercer año de aplicación. En el anterior mandato, la idea era desplegar esa progresividad a cuatro años vista, pero la Generalitat priorizó entonces el consenso y acabó estableciendo un tributo de un euro por kilo de NOx y PM10 generados.
El cambio fue celebrado por el entonces presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó -hoy director general de ERC-, que siempre había mostrado su preocupación por el riesgo de "deslocalización" de escalas de cruceros hacia otros puertos sin este tipo de gravamen, que nunca se ha llegado a aplicar. La iniciativa, que llegó a pasar por el CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya) pero que no se votó en el Parlament, excluía a las embarcaciones electrificadas, a los ferris que realizan viajes a las Baleares y a los barcos humanitarios.
Una asignatura pendiente
El Govern de Aragonès calculó que ingresaría unos 7,5 millones de euros con esta medida, que ya acumulaba años de retraso, puesto que deriva de la ley de cambio climático de 2017 -aún pendiente de desarrollo-, que contempla esta figura fiscal, así como otras ya en marcha como el impuesto de los vehículos del CO2. Aquella norma fue defendida en el hemiciclo por el actual presidente del Parlament, Josep Rull, entonces conseller de Territori. Cinco años más tarde, los republicanos intentaron darle forma durante su etapa en la Generalitat y preveían empezar a cobrar la tasa a lo largo de 2024, pero el adelanto electoral frustró el calendario y el proyecto quedó en suspenso.
Este martes, la Mesa ha admitido a trámite la nueva propuesta de los Comuns, registrada la semana pasada, poco después de que EL PERIÓDICO publicara que el Govern de Salvador Illa había decidido pausar la aplicación del impuesto para estudiar su encaje con el nuevo sistema europeo de derechos de emisión de las navieras. Por ahora, fuentes de los Comuns aseguran que no prevén forzar su votación a corto plazo en el pleno, aunque son conscientes de las reticencias del PSC. Sí confían, en cambio, en contar con el apoyo de ERC. No han hablado todavía con ningún grupo.
Para los Comuns, no tiene sentido mantener congelada una medida que lleva años sobre la mesa y que, recuerdan, ya estaba lista para su aprobación parlamentaria antes de que el adelanto electoral la dejara en un cajón. Con todo, ni ERC ni los Comuns -socios de investidura de Illa- situaron este asunto como pieza en sus acuerdos, ni lo han hecho, por ahora, en la negociación de los presupuestos.
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