El Gobierno busca blindar la resignificación de Cuelgamuros con su cambio de titularidad como último paso legal del proceso

El Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el año un real decreto para dotar de un nuevo marco jurídico al Valle de Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos, según se incluye en el Plan Anual Normativo 2026 que se elevará este martes al Consejo de Ministros. Se trata del último paso legal pendiente para culminar el proceso de resignificación, con el que se pretende blindar su transformación de monumento franquista a lugar de memoria democrática. De forma paralela, se sigue avanzando en el proyecto de construcción de un memorial, inspirándose en intervenciones como las del Memorial al Holocausto de Berlín, aunque el inicio de las obras no está previsto como pronto hasta inicios de 2027.

El propio ministro de política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido la intención del Ejecutivo de que se inicien los trabajos antes de que remate la legislatura por la posibilidad de que un cambio de gobierno paralice el proyecto. El último acuerdo de investidura entre PP y Vox en Extremadura, por ejemplo, pone trabas al desarrollo de la ley de memoria democrática incluyendo entre sus medidas la tramitación como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

La pieza jurídica pendiente para cerrar el proceso deberá, entre otros asuntos, encajar el acuerdo con el Vaticano. Si bien el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, acordó con el secretario de Estado, Pietro Parolin, que no se expulsaría a los monjes benedictinos ni que se desacralizaría la basílica (una indicación del propio concurso público para el proyecto de resignificación), sectores de la Iglesia han presionado en contra de su desarrollo.

El real decreto es condición necesaria para efectiva la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y definir así el cambio de titularidad o reglas de uso. El texto deberá encajar una nueva arquitectura institucional definiendo quién gestiona el nuevo Cuelgamuros, sus competencias u ordenar el régimen patrimonial.

El proyecto ganador para la resignificación de Cuelgamuros -La base y la cruz- tiene hasta finales de julio para la redacción del proyecto de ejecución. A partir de ahí, se apunta a finales de año o principios del próximo la licitación de las obras.

"Respeto patrimonial"

El museo de nueva construcción se ubicará en la explanada de acceso a la basílica. Como elementos principales, el proyecto se ordena en torno a una nueva plataforma con una gran grieta en la entrada de la basílica y un patio que la atraviesa. Se eliminará la escalinata de acceso a la basílica donde se construirá una especie de soportal y se creará un centro de interpretación. Tanto la entrada al museo como a la basílica, con una intervención mínima, será a través del soportal.

“Con este proyecto se facilita el encuentro y el diálogo en un contexto que da mayor protagonismo a la naturaleza", destacaron desde el jurado presidido el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y en el que la Iglesia contó con un representante. Por otra parte, se defendió respecto al proyecto ganador en un concurso internacional de ideas que las acciones propuestas están formuladas con "el máximo respeto patrimonial, pero con el interés y la claridad necesarias para modificar conceptualmente el fondo afectivo del conjunto".

El Plan Anual Normativo que se ha incluido mediante adición al orden del día de la reunión del Consejo de Ministros que se celebrará este martes, según ha podido saber este diario, recoge 178 iniciativas. De ellas, diez son leyes orgánicas, 35 son leyes ordinarias y las 133 son reales decretos. Estos últimos constituyen el 75%, en línea con años anteriores. En 2025 fueron el 70%, en 2024 el 75% y en 2023 el 69%.

Guiño a ERC

Entre los desarrollos pendientes que mandata la ley de memoria democrática, el Gobierno también tiene previsto incluir en su agenda legislativa para este 2026 un decreto para la restitución económica a partidos políticos por bienes incautados durante la Guerra Civil. Se trata de un guiño a ERC para intentar cerrar un compromiso pendiente, pues esta medida se incluyó como una disposición adicional en la ley de memoria aprobada la pasada legislatura por las presiones de los republicanos, que amenazaron con tumbarla hasta el último momento.

Los retrasos se han justificado desde el Ejecutivo por las dificultades para dar “sustento documental” a las propiedades de inmuebles incautados por el franquismo en este periodo. Muchas de ellas estarían documentadas como bienes del gobierno republicano, en lugar de propiedad de ERC. Una línea difusa entre el gobierno legítimo y la organización al frente de la Generalitat durante la Guerra Civil, bajo la presidencia del republicano Lluís Companys, similar a la que se enfrentó el PNV en sus reclamaciones de incautaciones.

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