La CUP pide al Parlament que actúe ante "el incremento de comentarios machistas" de PP y Vox

La CUP ha enviado un escrito a la Mesa del Parlament para pedirle que sea más contundente a la hora de llamar al orden y amonestar con sanciones "reales" y "palpables" a los diputados que, vulnerando el código de conducta de la Cámara catalana, profieren comentarios e insultos machistas, una práctica que los anticapitalistas consideran que está experimentando un "incremento" en el hemiciclo por parte de parlamentarios del PP y Vox.

Además, en el texto, al que ha accedido EL PERIÓDICO, solicitan que se derive a la comisión del estatuto del diputado un caso concreto de comentarios efectuados por diputados de ambos partidos hacia Laure Vega durante su intervención en una moción sobre políticas deportivas. Fuentes de la Mesa han explicado posteriormente que debe ser la CUP la que remita directamente su solicitud a la comisión para que esta estudie si decide investigarlo.

Deberá ser el pleno de este órgano, formado por un diputado de cada grupo parlamentario, quien vote si se inicia un informe para dilucidar si se debe sancionar este episodio. Sin embargo, la comisión del estatuto del diputado no se reúne desde octubre, cuando acordó abrir cuatro informes que todavía no han visto la luz, si bien la previsión, según fuentes conocedoras, era hacerlo a principios de este año. Por este motivo, en su escrito la CUP va más allá y pide mayor contundencia para sancionar las vulneraciones del código de conducta, especialmente aquellas con componente machista.

"Solicitamos que la Mesa del Parlament actúe para frenar este incremento de actos de violencia machista e incoe de una vez por todas expedientes sancionadores para atajar de raíz estos comportamientos", exigen en el escrito, en alusión a todos los informes pendientes de resolver. La comisión debe ser convocada por su presidente, Toni Castellà, de Junts. Fuentes de la Mesa aseguran que el presidente del Parlament, Josep Rull, ha contactado con él para conocer cuándo se resolverán y la previsión es que sea "próximamente".

El problema de fondo, que es lo que ralentiza este proceso, es que las posibles sanciones que se impongan -y que deberá decidir la Mesa en última instancia a partir del informe de la comisión del estatuto del diputado- no tienen rango de ley, ya que el código de conducta no está blindado jurídicamente. Por ello, la CUP pide también "que la Mesa del Parlament modifique su política de advertencias posteriores e inocuas ante actos contrarios al código de conducta y ejerza su potestad de forma fehaciente y efectiva para acabar con esta tendencia".

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