El Gobierno ultima la hoja de ruta con las leyes que pretende impulsar hasta el final de la legislatura

El Gobierno está ultimando la elaboración del plan anual normativo de 2026 con la pretensión de aprobarlo en el Consejo de Ministros a la mayor premura posible. Desde la máxima de que se agotará la legislatura, los diferentes ministerios ya han aportado el paquete de iniciativas en el que trabajan para incorporarlas al plan. En el Ministerio de Presidencia, encargado de elevarlo al Consejo de Ministros, avanzan que se aprobará "pronto", aun sin garantizar que pueda llegar a tiempo para la reunión del próximo martes.

Se apura así el límite de plazo, pues el real decreto que lo regula fija como máximo el 30 de abril. En ocasiones, sin embargo, se ha superado con creces esta fecha, como sucedió consecutivamente en los años 2020 y 2021. La pretensión ahora es cerrarlo cuanto antes para intentar retomar el impulso legislativo, exhibir la hoja ruta del Ejecutivo y transmitir el mensaje de que están centrados en gobernar. Con una agenda por desplegar antes de las próximas generales para combatir las críticas de parálisis y coger oxígeno ante los golpes en los tribunales, en pleno juicio por el caso mascarillas.

Avisos y guiños

"Ley a ley", trasmiten desde Moncloa minimizando las dificultades parlamentarias del Gobierno y restando importancia al aviso que este mismo miércoles lanzaba la portavoz del Junts, Míriam Nogueras, en la sesión de control al Gobierno. "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?", le preguntaba directamente a Pedro Sánchez tras acusarlo de no haber hecho "los deberes" respecto a compromisos pendientes.

En el Ejecutivo avanzaban tras este cara a cara que no cambiarán en nada su modo de proceder. Esto es, que seguirán llevando al Congreso "iniciativas que pensamos que son buenas tanto para Catalunya como para España y que esperemos que por eso las apoyen". La decisión de poner sobre la mesa el plan anual normativo es muestra de ello. También de la intención de lanzar guiños a los socios, recogiendo en el documento algunos de los compromisos todavía pendientes.

Las dificultades aritméticas en esta legislatura han hecho que algunas de las iniciativas claves plasmadas en los planes normativos queden posteriormente encalladas en el Congreso, como la ley de secretos oficiales. Otras de ellas, incluidas en el plan normativo del pasado año, ni siquiera han pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros, como la ley de juventud o la democracia en la empresa.

Manos a la obra

En este intento de alejar el fantasma de una legislatura bloqueada, el PSOE también ha activado en el Congreso la tramitación de cuatro normas y retomado otras dos, todas ellas guardadas en un cajón desde hacía meses. Ya uso esta misma estrategia en noviembre, poco después de que Carles Puigdemont rompiera relaciones y avisara de que Sánchez no podría gobernar, cuando pusieron en marcha los trabajos de hasta siete iniciativas distintas. Solo tres de ellas llegaron a buen puerto.

Ahora, el objetivo es algo menos ambicioso, pero las leyes están mejor escogidas. El Ejecutivo quiere sacar adelante la norma de protección de menores en entorno digitales que prohibiría el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El proyecto ha sido una de las puntas de lanza de Sánchez en su choque contra los "tecnoligarcas", a los que quiere responsabilizar penalmente de las infracciones que comentan sus plataformas.

Por otro lado, el PSOE está pisando el acelerador en una ley para reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, algo que defienden los partidos de la derecha -Junts incluido- y rechazan el resto de sus socios. Para contentar a estos otros, se ha activado la tramitación de una norma que obligue a las eléctricas a publicar en su página web las vías para resolver litigios con clientes y otra para conceder la nacionalidad a los saharauis, excluidos de la regularización de migrantes al ser apátridas. Además, se ha retomado el texto para transferir la AP-9 a Galicia y otro sobre mutualidades a la Seguridad Social.

Grado de cumplimiento y prioridades

Los socios también le afean que no se haya presentado el proyecto de Presupuestos en lo que va de legislatura. Con o sin nuevas cuentas, desde el Ejecutivo remarcan que seguirán su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027. La actividad parlamentaria del próximo año, con todo, se entrecruzará con las municipales y autonómicas de mayo y, si no hay adelanto, las generales unas semanas después. Un contexto de competición electoral que suele reducir el margen para el entendimiento en el Congreso.

Independientemente del recorrido de sus iniciativas, el plan normativo permite al Gobierno marcar perfil y exhibir programa a modo de escaparate. Esto es, destacar prioridades y ejes de acción, que en esta legislatura ha pasado por una "transformación" del sistema productivo, el refuerzo del Estado de bienestar y la ampliación de derechos y libertades. En el último plan normativo se incluyeron cerca de dos centenares de iniciativas, de las cuales 16 fueron leyes orgánicas, 43 ordinarias y 140 reales decretos. Unas cifras similares a las del plan de 2024, aunque el grado de cumplimiento se ha reducido.

Las medidas del plan de recuperación calendarizadas para lo que resta de este ejercicio son condición expresa para recibir los últimos fondos europeos en tiempo y forma. El pasado marzo, el Gobierno cifró en 343 los hitos y objetivos cumplidos, lo que supone un 70% del total previsto. Con esta última solicitud de pago, se habría cubierto el 75% de los fondos totales (cerca de 60.511 millones de euros en transferencias y 17.283 millones en préstamos).

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