¿Nuevo cambio de la Constitución? La protección del aborto como derecho llega al Congreso

Nunca antes se había reformado la Constitución dos veces en la misma legislatura. Sin embargo, el pasado miércoles se cumplió este récord, con un cambio para que Formentera tenga senador propio que se suma a la modificación del artículo 49, donde se sustituyó el término "disminuido" por el de "persona con discapacidad". Ahora, el Gobierno quiere intentar el tercero, mucho más complejo por el escaso consenso que ha generado, incluir el aborto como un derecho. Será el próximo jueves cuando el Congreso aborde el primer debate para analizar este cambio con dos iniciativas, una del PP y otra de Vox, que rechazan de plano proteger la interrupción del embarazo a nivel constitucional.

A principios de octubre, el PP aprobó en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa de Vox para que se informara "de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el 'Síndrome Post Aborto'". El Ejecutivo reaccionó anunciando un proyecto de reforma de la Constitución para blindar el aborto. Desde entonces, el texto ha sido trabajado por el Gobierno, elevado a consulta pública y hace unas semanas enviado al Congreso. Y, pisando el acelerador, encarará su primer trámite en el pleno de esta semana, justo en plena precampaña de las elecciones andaluzas.

El texto propuesto por el Ejecutivo plantea modificar el artículo 43 de la Carta Magna, relativo a la "protección de la salud". Para ello, se introduciría un nuevo punto, el 43.4, que reconocería "el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo". "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio", recalca la propuesta.

Los argumentos en contra

Al PP no le hizo falta conocer la letra pequeña para rechazar la reforma. Ya en octubre consideraron que era una "cortina de humo" y un cambio "innecesario". Ahora, en el Congreso, han registrado una enmienda a la totalidad en la que se oponen frontalmente a la propuesta, aunque sin entrar a debatir el objetivo de la misma, sino la forma. Los populares evitan negarse a proteger el aborto, pero alegan que esto debería estar recogido en el artículo 15 de la Constitución, donde se recoge el "derecho a la vida y a la integridad física y moral".

Sin embargo, este precepto está en la parte más protegida de la carta magna y su reforma requeriría un procedimiento agravado que incluiría la disolución de las Cortes, celebración de elecciones y un referéndum. Así, denuncian que el Gobierno plantee este cambio en el artículo 43, cuya modificación se puede lograr con una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado, para cumplir sus objetivos políticos. En este sentido, concluyen que la reforma "carece de justificación jurídica mínimamente sólida" y solo busca "un beneficio electoral".

Vox no se anda tanto por las ramas. "Este Gobierno solo ofrece muerte, represión, persecución y violencia política", denuncian en el segundo párrafo de su enmienda. Después, reprochan a Sánchez sus viajes a China, sus encuentros con Lula da Silva o con Gustavo Petro, los "indultos a los golpistas" o la regularización masiva. Todo ello para resumir en el último párrafo que el artículo 15 de la Constitución "reconoce el derecho de todos a la vida" y que la propuesta del Ejecutivo "contraviene este precepto y encubre un atentado contra la dignidad de la naturaleza de la persona".

Buscar la mayoría

Los dos textos se debatirán el jueves, pero será necesario que uno o varios de los socios del Gobierno los apoyen para que la reforma fracase en este primer trámite. Por el momento, Junts no ve mal la iniciativa del Ejecutivo y solo el PNV ha mostrado dudas sobre los riesgos de abrir este debate. No obstante, todo hace augurar que los aliados allanarán el camino de esta reforma. Sobre todo porque resulta casi imposible que llegue a buen puerto.

Una vez consiga esquivar este primer filtro, la tramitación continuará en comisión para analizar las enmiendas parciales. Solo si se llega a un acuerdo mayoritario, el texto volverá al pleno del Congreso, donde deberá recabar el apoyo de tres quintas partes de la Cámara Baja. En este caso, sería necesario el apoyo de 210 diputados, lo que hace totalmente imprescindible el visto bueno del PP. Dos reformas en la legislatura están bien, pero tres son multitud.

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