ERC y Junts ponen a prueba su capacidad de no torpedearse en el Congreso con el consorcio de inversiones

El Congreso decidirá el martes por la tarde si tramita una ley para que Catalunya cuente con un consorcio participado por el Estado y la Generalitat que vele por que las inversiones en infraestructuras en la comunidad tengan un mayor grado de ejecución y no se demoren tanto como ahora. Es una ley pactada entre ERC y el PSOE que, ahora mismo, no tiene los votos asegurados y cuyo desenlace está en manos de los siete diputados de Junts en Madrid. La votación del martes, además, decidirá mucho más que el futuro del consorcio. También determinará la capacidad de ERC y Junts para no torpedearse en el Congreso y será un test de estrés sobre si estos dos partidos son capaces de ponerse de acuerdo en otras votaciones relevantes en un futuro próximo: la nueva financiación y la condonación de la deuda del FLA.

A estas alturas de la negociación se puede dar por descontado que el PP, Vox y UPN votarán en contra del consorcio: eso son 171 votos en el 'no'. Se puede vislumbrar también que gran parte de los partidos de la mayoría de la investidura dará su aval. Son el PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, el PNV y el BNG. La ley prevé que cualquier autonomía, si lo desea, pueda articular el mismo consorcio que Catalunya, por lo que también se podría contar con el voto de Coalición Canaria. Eso son 172 escaños en el 'sí'. La decisión final, pues, está en manos de Junts. Si no hay sorpresas con el resto de formaciones, bastaría con una abstención de los diputados posconvergentes para salvar la votación.

Hace semanas que tanto ERC como el Govern han establecido conversaciones con Junts para convencerlo. Los republicanos confían en conseguirlo dado que la votación del martes no es definitiva, sino solo de admisión a trámite, por lo que Junts podrá presentar las enmiendas que considere oportunas para intentar moldear el consorcio a su gusto. De hecho, esta semana la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, instó al partido de Puigdemont a dejar tramitar la ley y después presentar sus propias propuestas para "mejorarla". "El consorcio es una buena idea. Todo el mundo que lo piense un poco le va a encontrar más virtudes que defectos", dijo.

Junts guarda el sentido de su voto. "¿Qué? ¿Qué haréis con el consorcio?", le preguntaba de imprevisto esta semana una diputada de ERC a uno de Junts en el Parlament. No obtuvo por respuesta más que una sonrisa de cortesía. Junts, que reconoce haber recibido documentos pero rebaja la trascendencia de los contactos, prevé mantener la incógnita hasta el último momento y sus dirigentes han evitado a lo largo de la semana revelar qué votarán. Los posconvergentes consideran "innecesaria" la creación de un nuevo órgano, ya que sostienen que no supondrá "ningún cambio estructural" y que cualquier decisión seguirá requiriendo "el visto bueno del Gobierno".

Su propuesta es que todos los recursos no ejecutados se transfieran directamente a la Generalitat, y así lo han defendido desde el inicio de la legislatura. De hecho, fue su principal condición para los presupuestos de Pedro Sánchez, que finalmente nunca han llegado a presentarse. ERC replica que, aunque llegara el dinero no ejecutado, la Generalitat no podría invertirlo en infraestructuras estatales como la AP-7, Rodalies o los accesos al puerto. De ahí la necesidad del consorcio.

Dos precedentes

El partido liderado por Carles Puigdemont ya ha votado en contra del consorcio en las dos ocasiones en que se ha sometido al escrutinio del Parlament, pero entonces se trataba de propuestas declarativas y sin efectos jurídicos. En cambio, la votación en el Congreso es clave para que este organismo prospere y no quede en papel mojado. Por ahora, solo se refrenda la toma en consideración de la medida, lo que posteriormente permite introducir enmiendas al texto inicial. Junts podría aprovechar esta vía para reintroducirse en la negociación, de la que salió cuando rompió relaciones con el PSOE el pasado otoño.

No obstante, el partido considera que el consorcio es una "coartada" de los republicanos para aprobar los presupuestos del Govern de Salvador Illa, dejando al margen la negociación sobre la recaudación del IRPF. Si fuera así y el consorcio acabara ejerciendo de facilitador de un pacto de presupuestos entre el president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sería un factor que estabilizaría la legislatura en Catalunya y le daría un impulso. Y eso es justo lo contrario de lo que quiere el partido de Puigdemont.

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