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Anuncio del president

Catalunya lanza un plan para reducir las listas de espera de la prestación por dependencia

El objetivo del Govern es pasar de 397 días de media a 60 para que miles de personas vean reconocido su derecho a la prestación y que 18.200 personas en estado más severo reciban 200 euros de forma "automática" en junio

Salut y Drets Socials trabajarán conjuntamente para agilizar las valoraciones e imponer un "cambio de paradigma" en los cuidados

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El president Illa durante su declaración institucional en el Món Sant Benet

El president Illa durante su declaración institucional en el Món Sant Benet / Enric Sitjà / ACN

Sant Fruitós de Bages / Barcelona
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Una persona que en estos momentos solicite la ayuda por dependencia en Catalunya tarda 397 días de media en ver reconocido su derecho a la prestación, pese a que la ley establece que ese plazo debería ser, como máximo, de seis meses. El Govern se ha propuesto revertir esta disfunción, que tiene una alta afectación en miles de personas, acortando el plazo de espera a 60 días. Para ello ha lanzado un plan para agilizar el proceso, especialmente en los casos más urgentes, que pasa por una reforma del modelo de valoraciones y un trabajo conjunto de la conselleria de Drets Socials y la de Salut. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Salvador Illa, desde el Món Sant Benet, donde el Govern ha celebrado las cuartas jornadas de la legislatura para fijar el rumbo de los próximos meses. "Será la transformación más ambiciosa desde que existe la ley de dependencia", ha prometido.

Justo este año se cumplen dos décadas de la aprobación de esta norma, celebrada como un salto cualitativo para el Estado del bienestar porque fue concebida como una norma para garantizar ayudas y servicios públicos a personas que, por edad, enfermedad o discapacidad, necesitan apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, su aplicación ha tenido desajustes y tensiones desde el primer día, hasta el punto de que hoy en Catalunya hay más de 128.000 personas esperando que se les reconozca el derecho y el año pasado murieron más de 5.000 esperando. En la última década, la demanda se ha multiplicado por dos, hay actualmente 252.000 usuarios que reciben prestaciones y servicios, y la previsión es que, con el envejecimiento de la población, esta necesidad siga creciendo.

Desbloquear el "tapón"

Con esta radiografía encima de la mesa, el Govern se arremanga para reformar el sistema de dependencia y adaptarlo a esta realidad, "desbloquear el tapón" que hay para acceder a las ayudas e imponer un "cambio de paradigma" simplificando trámites con más recursos humanos, técnicos y tecnológicos. Para ello, este mismo martes se aprobará en el Consell Executiu el bautizado como 'Pla Cura' que permitirá poner en marcha una "vía rápida" para reducir la espera que hay entre que se solicita la ayuda y se acaba recibiendo a tan solo 60 días. "No queremos que estas personas esperen más", ha sentenciado el president.

Para lograrlo, la Generalitat destinará 25 millones del suplemento de crédito vigente mientras no se aprueban nuevos presupuestos para contratar a 200 nuevos profesionales "de forma inmediata" este mes de mayo y asumir 25.000 solicitudes adicionales anuales para acortar la lista de espera. Se desplegará una herramienta tecnológica única, la 'vSocial', para centralizar la tramitación, incorporando la inteligencia artificial para gestionar las bases de datos. La prioridad será para los casos más severos. Hay en estos momentos 18.200 personas en la bolsa de espera, la mayoría personas mayores, pacientes psiquiátricos o menores, que están identificadas como potenciales grado tres -el de dependencia más severa- para que reciban una ayuda "automática" de 200 euros -la mínima reconocida- para sus cuidadores en un plazo de dos semanas mientras se les acaba de concretar la prestación que les corresponde o la plaza de residencia o centro de día.

La media de tramitación de un expediente de dependencia es de 342 días.

Un hombre paseando a una persona en silla de ruedas / EP

Salut podrá identificar con una llamada o videollamada a estas personas para que, a partir del mes junio, según ha anticipado el president, estén ya cobrando esa prestación "sustitutoria" con carácter "automático". El embrión del sistema, apuntan fuentes gubernamentales, es el reciente despliegue normativo de la ley ELA.

Trabajo conjunto de Salut y Drets Socials

En todo caso, la clave de ese "cambio de paradigma" para agilizar los trámites de la dependencia es que en una sola visita multidisciplinar se pueda hacer tanto la valoración de su estado como el programa individual de atención (PIA) que le reconoce el derecho a la prestación, algo con lo que se simplifica el proceso y, por ende, se debería reducir el tiempo para recibir la ayuda. Para ello, los departamentos de Drets Socials y Salut trabajarán conjuntamente conectando los datos de la atención primaria, en los que están prácticamente identificados todos los ciudadanos, con los de los servicios sociales.

Se trata del primer paso hacia el modelo integrado que debe impulsarse desde la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, aprobada el año pasado en el Parlament para unificar los servicios sociales y sanitarios y garantizar una atención cohesionada al usuario. La conselleria de Drets Socials augura que la agencia esté activa antes de este mismo verano. De los 25 servicios de valoración de la dependencia que hay ahora se pasará a 375 equipos de atención primaria y 107 de servicios sociales básicos, y los usuarios podrán iniciar la solicitud del proceso de reconocimiento del grado en su mismo CAP de referencia.

Existe ya un plan piloto de este modelo en Vic, donde ya se ha constatado que los tiempos de espera se reducen "de manera significativa". El calendario es que entre septiembre de este año y marzo de 2027 este sistema alcance a un millón de habitantes para, a partir de entonces, generalizarlo en toda Catalunya. Habrá balance dentro de un año para ver si los resultados son los esperados, algo que el Govern reconoce que debe ir acompañado de las 6.000 plazas adicionales de residencia públicas prometidas para esta legislatura, pese a que subrayan que el 85% de solicitudes por dependencia lo que piden es la ayuda para un cuidador no profesional, es decir, un familiar. De momento, los datos recogidos en el proyecto de presupuestos aún pendiente de aprobación auguran que 1.000 de estas plazas estarán habilitadas para finales de este mismo año.

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