A vueltas con la prioridad nacional

“Prioridad nacional” es la expresión que ha marcado la semana política. Desde su irrupción en el pacto firmado por el Partido Popular y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

Lo qué aparece hasta cuatro veces en ese texto que según algunos politólogos no responde a un acuerdo de gobierno sino que establece un marco ideológico no es una ocurrencia del partido de Santiago Abascal.  

Como recordaba ya hace más de un año nuestra corresponsal en París, Leticia Fuentes, el germen del concepto ya lo impulsó en 1962, Jean-Marie Le Pen, líder del Frente Nacional cuando, por primera vez, habló de la primacía de "los franceses para el trabajo, para el alojamiento, para las ayudas sociales: preferencia nacional. Los franceses antes que los inmigrantes". Pero, como todo, luego lo rebautizó, su hija, Marine Le Pen, desde la formación Reagrupamiento Nacional (RN), hablando de “prioridad nacional” y de “reservar las ayudas sociales a los franceses". Eso era 2013. Y, ahora, el nuevo líder del partido, Jordan Bardella, ha hecho de ese concepto la base de su programa político: "Los franceses son una prioridad y vamos a instaurar en la Constitución la prioridad nacional".

Abascal ha importado ese término – que también su matriz en el ‘American First’ de Trump- y lo ha impuesto al Partido Popular en los dos acuerdos cerrados esta semana para la investidura -ya efectiva- de María Guardiola como presidenta en Extremadura; y de Jorge Azcón en Aragón. No quedará ahí, en la negociación en Castilla y León para la reelección de Alfonso Fernández Mañueco también está sobre la mesa. Y, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ya avisó a la presidenta de la Comunidad la popular Isabel Díaz Ayuso, que ahora mismo gobierna con mayoría absoluta: "'Madrid, 2027, prioridad nacional'. ¿Le suena bien, verdad? Tic-tac". Y, desde Andalucía, el nuevo campo de batalla electoral, Abascal sentenció: “para nosotros eso va a ser un asunto prioritario en cualquier tipo de negociación con el Partido Popular”.

Los mensajes de Vox han pivotado alrededor de la prioridad nacional de manera que el Partido Popular ha tenido que puntualizar su posición. Y ahí se han visto las diferencias entre ambas direcciones nacionales pese a los acuerdos. Mientras desde la formación de Abascal acusaban a los populares de poner “trabas” y boicotear, el PP defendía, en boca de su portavoz popular, Ester Muñoz, que Vox “prefiere un titular que conseguir el apoyo. Pues vale, allá ellos”.

El presidente del PP intentó zanjar el debate: “Vox dice lo que considera oportuno, está en su pleno derecho como un partido democrático. Y nosotros decimos lo que hemos pactado y lo que está en el texto, que es que lo que se tiene que valorar es el arraigo”. Y que “siempre” debe hacerse de “acuerdo con las leyes” vigentes, remarcó Alberto Núñez Feijóo.

Así que vayamos al texto. En el pacto extremeño se dice que “se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Y, acto seguido, se añade que “el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este sistema estará “adecuado a la legalidad vigente”, remacha el texto. Lo mismo en el acuerdo para el gobierno en Aragón. Con la literalidad por delante se evidencia que cada partido potencia la parte que le interesa para su relato.

Y hablando de relatos, desde la formación que lidera Carles Puigdemont han endurecido el tono con el Gobierno. "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?", le espetó Miriam Nogueras al presidente en el Congreso en la última sesión de control. Pedro Sánchez restó importancia. El comentario estuvo acompañado del gesto duro que emplea la portavoz parlamentaria contra el Ejecutivo y con el que Junts trata de demostrar distancia con el Ejecutivo. “Nogueras tiene que tener ese tono duro para que le hagan caso en Madrid”, defendían desde la formación de Puigdemont, porque solo hay “incumplimientos” por parte del Gobierno y del PSOE y nada de “hechos”, por eso “no hay ninguna interlocución”, defendían.

En las filas socialistas -también en Cataluña- perciben a Junts “desubicado” y “muy condicionado” por el impacto en el electorado de Aliança Catalana, si bien, desde el sector más dialogante de Junts se puntualiza que el partido que lidera Silvia Orriols es “transversal” y está “mordiendo” a todos los partidos, no solo a ellos, y lamentan que se haya impuesto el relato de que están contra la inmigración cuando el origen de muchos dirigentes de Junts, dicen, es de personas que en su día migraron.

Y relatos son los que siguen escuchándose en los tribunales. El expresidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra, actuaron ante el tribunal que juzga la operación Kitchen y negaron “operación política” alguna.

Uniendo temas, en el PSOE creen que Feijóo “no responde a la corrupción de su partido y no ofrece un proyecto para España mientras firma pactos indecentes con la ultraderecha”, al sostener que lo que firman con Vox va “contra los principios básicos de convivencia democrática” y contra “cualquiera que no encaje en su modelo excluyente.”

Pero también está el caso Mascarillas que usa el PP para señalar que "la corrupción, la supuesta financiación irregular y el ataque a la justicia es la crónica del sanchismo". Cruce de acusaciones que usa Vox para engordar sus críticas de que el bipartidismo “provoca el colapso del sistema”.

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