El Supremo abre causa contra el diputado de los Comuns Fèlix Alonso por la adjudicación de contratos cuando era alcalde de Altafulla

El Tribunal Supremo ha abierto causa contra el diputado de los Comuns en el Congreso Fèlix Alonso por un presunto delito de prevaricación administrativa por la adjudicación directa de contratos a la empresa Milà Advocats SLP y Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP cuando era alcalde de Altafulla entre 2011 y 2019. Se ha designado juez instructor, que será el magistrado Vicente Magro. El tribunal coincide con el criterio de la fiscalía y abre causa después de que un juzgado de El Vendrell enviara al Supremo una exposición razonada el pasado 26 de diciembre porque Alonso es aforado. Por ahora, los Comuns se acogen a la presunción de inocencia y mantienen a su dirigente en el cargo.

En su resolución, el Supremo constata que Alonso, "presumiblemente para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era", incurrió en una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, de forma que "eludía los requisitos de publicidad, permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario". "Podemos considerar que hay indicios que apuntan a los elementos de un presunto delito de prevaricación administrativa", por un "fraccionamiento de contratos", concluye el alto tribunal.

Añade también que, en función de los resultados, se pueden investigar otros delitos, porque "aquella irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para pagar los servicios", motivo por el que no descarta otras irregularidades.

Según se detalla en el auto, con Sinergia Energia Dret, Alonso "mantuvo diversas relaciones sin estar sujeto a la normativa" y sin ningún "informe del órgano de contratación que lo justifique, ni expediente, ni informe del secretario". La primera habría sido para la redacción de unos pliegos de contratación del casal La Violeta de Altafulla a cambio de unos honorarios de 5.000 euros, de los cuales, según el secretario municipal, "no consta ningún expediente relacionado con el tema", si bien hay una factura que se pagó en octubre de 2018 y que tenía como concepto la redacción de los pliegos.

También hubo un contrato menor para un asesoramiento jurídico que el personal municipal no habría podido atender y que "se adjudica directamente con facturación mensual", que duró un año, desde octubre de 2017. "La cantidad era de 1.300 euros más IVA, y se emitieron trece facturas", pero también "nueve facturas más fuera de contrato, de las cuales dos no se pagaron", manifiesta el tribunal. Las siete restantes tenían "un informe de fiscalización disconforme". El auto apunta que las veinte facturas ascendieron a 25.046,67 euros, más 5.259,80 euros de IVA.

En cuanto a la relación con Milà Advocats, se habría establecido un contrato menor de un año para unos servicios de asesoramiento jurídico. Alonso habría dictado un decreto en el que ordenaba a la secretaría municipal hacer un informe ante "la necesidad" del ayuntamiento de contratar específicamente a este despacho de abogados. Aunque el secretario especificó que este contrato no podía durar más de un año, Milà Advocats habría emitido "doce facturas sin contrato en el plazo de tres años por un importe de 31.720 euros más IVA". Asimismo, se habrían encontrado facturas del servicio de asesoramiento por un importe de 4.911,57 euros, más 1.031,74 euros de IVA, cobradas sin contrato. "Aunque la duración fuera por un año, se prorrogó por más tiempo y se fraccionó el precio para que no superara los 18.000 euros y, así, hacerlo pasar por un contrato menor", concluye el tribunal.

Todo ello también lo recogió un informe de la Oficina Antifraude en sus conclusiones, que apuntaba que "no hay duda" de que "había que iniciar la tramitación de un procedimiento que respetara los principios de libre concurrencia e igualdad de trato".

La reacción de los Comuns

Fuentes de los Comuns aseguran que confían en la inocencia de Alonso y aseguran que la denuncia contra él ha sido impulsada por una asociación "sin actividad conocida". Argumentan, además, que los hechos hacen referencia a la contratación de servicios jurídicos especializados en materia de urbanismo y medio ambiente "necesarios en un contexto de fuerte presión urbanística y especulativa" en Altafulla esos años. Añaden que se trata de cuantías que están dentro del marco legal y de servicios "prestados y debidamente acreditados", informa Sara González.