El juez del caso Pujol defiende la citación al expresidente catalán para no caer en el "edadismo"

El foco del juicio a los Pujol está ya puesto en el lunes, cuando el tribunal de la Audiencia Nacional determinará si el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley está o no en condiciones de declarar y de defenderse de las acusaciones formuladas por el fiscal contra él por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Consciente de ello, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha querido aclarar este viernes que el motivo por el que ha decidido obligarle a desplazarse a Madrid no es "estigmatizarle", sino que obedece a la necesidad de no caer en "edadismo" alguno y poder determinar con sus propios ojos, de forma directa, si el exmandatario catalán está en disposición o no de responder por los hechos de los que está acusado.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que en sus palabras De Prada ha dejado entrever que no le han gustado ciertas informaciones y comentarios que se han producido, especialmente en Catalunya, en relación con su decisión de que Pujol Soley tenga que comparecer en persona en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid. El propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió a la Audiencia Nacional "cordura" para que se evitara el desplazamiento, dada su avanzada edad y el informe pericial que se le practicó al empezar el juicio, en el que se afirmaba que no estaba en condiciones de ser juzgado.

Su médico personal, Jaume Padrós, ha afirmado este mismo viernes en la SER: "Hacerle ir hacia allá me parece un poco cruel, por decirlo suavemente. Parece como si el tribunal no se fiase de los forenses que lo examinaron aquí". Ha añadido: "Tengo la esperanza de que esto sea simplemente un ritual, que el juez quiera demostrar a la corte de la capital que no se doblega ante alguien que representa el poder político".

El doctor ha calificado de "inimaginable" que lo obliguen a declarar en el juicio porque "sería un atentado gravísimo contra los derechos humanos", dado que "no está en condiciones de poder defenderse" ni de poder sostener una "argumentación dialéctica", porque tiene "afectada la memoria" y presenta los signos de deterioro cognitivo y físico que no son extraños en "un hombre de 95 años" informa Efe.

Venir no significa que declare

El magistrado ha señalado que "la presencia" de Pujol Soley o su "salida del procedimiento requiere la presencia física para que el tribunal pueda apreciar" directamente en qué condiciones se encuentra. Ha precisado que hacerle ir a Madrid tampoco responde a que el tribunal tenga interés en que declare presencialmente o por videoconferencia, sino a la necesidad de poder comprobar directamente, sin intermediario alguno, su estado real. De hecho, cuando comenzó el juicio, Pujol compareció por videoconferencia y se puso a disposición del tribunal,lo que podía llevar a pensar que estaba en condiciones de declarar, circunstancia que llevó al tribunal a posponer su decisión definitiva hasta que tuviera que hacerlo, lo que finalmente será este lunes.

Pujol deberá comparecer a las 9.30 horas para que los forenses de la Audiencia Nacional puedan examinarlo. En función de sus conclusiones, el tribunal adoptará una decisión, que el presidente De Prada comunicará a las partes al comenzar la vista oral propiamente dicha, a las 10 horas. Obviamente, si finalmente la Sala decide que no puede declarar, se podrá marchar, lo que también podrá hacer, aunque acabe declarando, mientras lo hagan sus hijos.

En función de esa decisión, el primero de los 17 acusados en declarar será Jordi Pujol Soley o su hijo mayor y principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola. Entre el lunes y el miércoles lo harán todos ellos y los nueve empresarios con los que comparten banquillo, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de ayudarles a blanquear, a través de facturas o préstamos falsos, el dinero ilícitamente obtenido por el cobro de comisiones presuntamente ilegales logradas gracias al ascendente que tenía el expresidente catalán.

"Mecanismo ilógico"

Para llegar a las declaraciones de los acusados, este viernes tuvieron que concluir los informes periciales. El experto de auxilio judicial ha calificado de "mecanismo ilógico" los préstamos que Jordi Pujol Ferrusola firmó en México, pero cobró en Andorra. El perito, en cuyas conclusiones basa las suyas la Fiscalía Anticorrupción, ha destacado que la operación "se instrumentó en efectivo", cuando en cantidades de tal magnitud, 930.000 y 356.000 euros, se debería haber hecho por transferencia para garantizar su trazabilidad. Pero, sobre todo, porque "la firma y la solicitud se hace en México, que es donde lo hacen y donde se firma", y fue Jordi Pujol Ferrusola quien "exige que las disposiciones sean en Andorra, en su cuenta de Andbank".

"Yo no he visto ni he tenido ningún justificante a través del que me puedan demostrar que Bernardo Domínguez Moreno tenga cuentas en Andorra. Si no las tiene, ¿sómo se coge una bolsa de deportes con 356.000, 930.000, y lo va a transvasar, y pasas las fronteras como si pasases la puerta de tu casa?", ha mostrado su incredulidad el perito, sobre todo, porque el destino final del dinero volvía a ser México. Por ello entiende que con la operación lo que "se pretendía es justificar el dinero que tenía en Andorra para dar apariencia de legalidad". También se ha mostrado tajante al declarar que esa regularización fiscal de 2014 por parte de Jordi Pujol Ferrusola fue "una forma de despatrimonialización".

El fiscal Fernando Bermejo considera que a eso obedecía la línea de crédito por seis millones de euros firmada entre el padre del acusado, Bernardo Domínguez Cerecedes, como prestamista, y Jordi Pujol Ferrusola, como prestatario. En 2010 hubo otro préstamo similar de un millón, sin que se haya acreditado ningún depósito o transferencia real relacionado con estos contratos más allá de lograr "una escenificación coordinada para incorporar fondos al patrimonio de Pujol Ferrusola".

Regularización

La mayoría de las operaciones analizadas durante el juicio las realizó el primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, que es el acusado para el que se solicita la pena de prisión más alta, en concreto 29 años. Los peritos han continuado escrutando sus negocios, desarrollados no solo en España, sino también en México y Gabón. La fiscalía sostiene que se trata de contrataciones simuladas para camuflar comisiones presuntamente ilegales pagadas por determinadas constructoras a cambio de obra pública. Por su parte, la defensa ha insistido en que los delitos fiscales que se imputan a Jordi Pujol Ferrusola, su exexposa, Mercè Gironès, y su hermano Josep Pujol Ferrusola, habrían prescrito.

El último perito, designado por la familia Pujol, se ha centrado en desmontar el "sumatorio" incluido por Anticorrupción sobre las cuentas andorranas, ya que, según ha explicado, se trata de "un bruto" que contabiliza varias veces la misma cantidad, porque "el gestor procede a mover el dinero" entra unas cuentas y otras, por un importe similar. Aunque no pudo dar la que, según él, sería la cifra real, el experto concretó lo que se ingresó en la cuenta de cada hermano. A preguntas del fiscal ha admitido que no disponía de ningún documento que acreditara que el dinero partió de la herencia del abuelo junto a su rentabilidad, más allá de lo manifestado por los acusados. Una vez ingresado, cada uno invertía como quería, según le recomendaba su propio gestor. Mireia fue la única que nunca sacó nada.

Suscríbete para seguir leyendo