Libra mandamientos a los bancos
El juez del caso Montoro concreta las cuentas del exministro y los miembros de su equipo que deben analizarse
El magistrado ordena a más de una quincena de entidades bancarias para que se comprueben todos los movimientos bancarios de Montoro y otros imputados en los últimos 20 años

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a su llegada a la capilla ardiente del exministro Josep Piqué, en el Tanatorio M-30, a 7 de abril de 2023, en Madrid (España). El exministro del Gobierno de Aznar, Josep Piqué, falleció ayer jueves, 6 / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
El juez de Tarragona Rubén Rus, que instruye el caso Montoro contra el exministro del PP que le da nombre y otros ex altos cargos de Hacienda por un supuesto tráfico de influencias para conseguir normas tributarias beneficiosas a cambio de contratar el bufete que él fundó, ha librado distintos mandamientos a un total de 16 entidades bancarias para poder analizar todos los movimientos registrados en los últimos 20 años en las cuentas bancarias en las que el exdirigente del PP, su hermano y otros investigados constan "como titular o autorizado". Son aquellas a las que los expertos de la Agencia Tributaria que realizaron el informe entregado el pasado 16 de febreon no tuvieron acceso.
En su auto, el magistrado concreta las entidades y cuentas concretas que, como adelantó EL PERIÓDICO en marzo, ordenó investigar en relación con el exdirigente del PP y otros imputados en el caso, conforme habían solicitado los investigados para completar el extensísimo informe que le habían presenado en el que se cifra en 35,5 millones los ingresos de Equipo Económico, el despacho desde el cual se habrían cometido los presuntos delitos.
En el informe se da cuenta de la "llamativa amortización de una hipoteca" por parte del que fuera responsable de Hacienda durante el Gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy en relación con los ingresos conocidos, dato, en el que los investigadores reconocen que no pudieron acceder a todas las cuentas, razón por la que el jefe de la Unidad de Apoyo de Hacienda en la Fiscalía Anticorrupción sometió a consideración del juez "la conveniencia" de poder acceder a todas sus cuentas y productos bancarios, algo que desde el órgano judicial no se tardó en conceder.
El magistrado acuerda librar mandamiento al Banco Santander -incluidas las cuentas que pudiera proceder del Banco Popular-, Banco Sabadell, Caixabank, BBVA, Openbank, Unicaja, Banco Inversis, Bnext Electronic Issuer, Revolut Bank, Banco Banifa, Caja Rural de Jaén, Caja Rural del Sur, Renta 4 Banco, Ibercaja, Deustsche Bank y Bankinter para obtener la información bancaria que en ellos pudieran tener el exministro, Equipo Económico y el resto de investigados.
Hechos investigados
La resolución señala que "tal y como se recoge en los distintos informes de la Unidad de Apoyo, así como en los aportados por la UCO y por Mossos d'Esquadra, existe un entramado de empresas a través de las cuales los socios de Equipo Económico reciben ingresos de estas sin que aparentemente estén justificados numerosos ingresos realizados a tales empresas, se desprende por tanto la interposición de personas físicas y jurídicas què pudieran haber sido utilizadas" por el bufete "con el objeto de blanquear los beneficios obtenidos de las actividades presuntamente ilícitas que se están investigando".
Añade que "en relación a los pagos realizados por las gasistas, se observa una fragmentación de los pagos y un diferimiento de los mismos, observándose ingresos en al menos dos cuentas bancarias diferentes, llamando la atención la existencia de pagos exsocios y familiares, fuera del período en el que ostentaron la condición de socios, llamando la atención además que, no todos los ex socios reciban pagos y que los pagos que reciban sean diferentes, resultando incoherentes con los previos porcentajes de participación, así como que determinados socios perciben ingresos por debajo de su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros socios con menor participación".
Por ello, el magistrado entiende que del propio informe "se desprende la necesidad de acordar las diligencias solicitadas, con objeto de ahondar en la investigación determinando el destino de los ingresos, en cuanto los hechos descritos pudieran constituir un delito de blanqueo, objeto de la presente investigación".
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