Las auditoras de Puente ratifican las irregularidades y destacan el protagonismo de Koldo García: "Había un jefe de gabinete, pero no aparece mucho"

La novena jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor en Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama ha contado con el testimonio de las responsables de la auditoría que el hoy titular de Transportes Óscar Puente encargó realizar sobre las adjudicaciones para la compra de mascarillas en 2020.

Las expertas han ratificado sus conclusiones sobre las irregularidades que observaron en su día y han manifestado que Koldo se colocó durante el proceso de adjudicación de estos contratos por encima de los propios órganos de contratación del Ministerio. "Llama la atención de que había un jefe de gabinete por encima de cualquiera de los asesores del ministro que no aparece mucho en todo el proceso", ha señalado una de las expertas a preguntas del fiscal. No obstante, al responder más tarde a la defensa del asesor, las expertas han admitido que no entrevistaron a Koldo García para realizar su informe.

La auditoría, conocida en agosto de 2024, reveló toda una serie de irregularidades, tanto en la tramitación como la ejecución de dos contratos avalados por el entonces ministro José Luis Ábalos, con un detalle que en esos momentos iba más allá de lo instruido hasta ese momento por Audiencia Nacional.

Entre otros apuntes, que no se podía acreditar documentalmente la recepción de 2,8 millones de mascarillas (equivalentes a 7.262.832 euros) del lote de 4 millones con destino a las entidades públicas en el ámbito del transporte terrestre. Igualmente, señaló que el entonces ministro de Transporte fue quien validó que se duplicara la compra inicialmente prevista de mascarillas --de 4 a 8 millones de unidades-- que se adjudicó a Soluciones de Gestión, la empresa avalada por el comisionista Aldama.

Este último asunto ha centrado gran parte del debate. Una de las inspectoras de Transportes ha destacado la importancia de los correos electrónicos (analizaron unos 6.000) en los que se concluía que se decidió comprar 4 millones de mascarillas para 15 días, lo que coincidía además con los días inicialmente estimados para el estado de alarma. Posteriormente, "en apenas 13 minutos" se envió otro correo por parte de uno de los directores generales que ya señalaba que compra debía ser de 8 millones de tapabocas para 30 días, sin que esta perito encontrara la motivación "ni verbal ni por escrito" que justificara el cambio.

A preguntas de la acusación particular y de las defensas, la perito ha restado importancia a un documento 'excel' que apuntaba a la extensión del las necesidades a 30 días para la adquisición de 8 millones de mascarillas (ni siquiera lo adjuntó a los anexos) porque la decisión de compra en ese momento no tuvo en cuenta esta ampliación.

"Aldama trabajaba para el Ministerio"

También se ha preguntado a las expertas si cuando se firmó la orden de compra ya se había fijado que la contratación fuera de emergencia, lo que relajaba los requisitos legales para la adjudicación. La auditoría no logró saber por qué empresa Soluciones de Gestión ya tenía este dato antes de firmarse el contrato. En otro momento de la sesión, preguntada por un correo que el vicesecretario de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares le mandó a Aldama con la orden compra de 4 millones de mascarillas, una de las inspectoras respondió: "Se le preguntó y respondió que pensaba que Aldama trabajaba para el Ministerio".

También han ratificado las expertas que desde el Ministerio no se buscó a otra empresa diferente, y también han señalado que durante su análisis no encontraron ningún documento que respaldara por qué por parte de Adif se encargaron 5 millones de mascarillas, a lo que se sumó luego aparte la compra de otro millón de protecciones a otra empresa.

Las comparecientes han sido las funcionarias de Transportes Sara Anguita, Ana Balbás y Belén Roel, quienes comparecieron junto a Lourdes del Amo, la experta contratada por Ábalos para hacer un 'contrainforme' para rebatir las conclusiones del análisis del Ministerio.

Discrepancias entre peritos

Esta última es experta en derecho y 'compliance' (cumplimiento normativo en empresas) y ha explicado que realizó su valoración ciñéndose a la auditoría, sin poder acceder a documentación adicional. En todo caso, su cometido no era analizar la compra de las mascarillas, sino determinar si la auditoría de Transportes se realizó conforme a lo parámetros que deben seguir este tipo de análisis públicos, algo que consideró que no se hizo en este caso, por entre otras razones haber sido elaborada por los órganos internos del propio Ministerio.

La falta de anexos no permitió a la experta contratada por Ábalos analizar los correos electrónicos ni comprobar si las entrevistas que se realizaron al personal de Transportes se hicieron cumpliendo las normas y por qué se habló con algunas personas y con otras no. La autora del trabajo encargado de Puente le ha respondido que no se trataba de una auditoría pública, sino interna. El documento, no obstante, fue publicado en la web del Ministerio después de que Puente lo anunciara en el Senado.

También ha cuestionado la perito de la defensa que en la auditoría se emplearan términos que no son habituales en este tipo de trabajos, como adjetivos, o expresiones como "llama la atención", que se apartan de los estándares de lo que debe ser una auditoría. Las expertas de Transportes se han defendido señalando que se siguió una guía "que tiene ya muchos años" y que introducir las manifestaciones de personas entrevistadas no es realizar juicios de valor.

A partir de este momento, el interrogatorio de la abogada de la acusación popular ha estado dirigida a poner en valor el trabajo realizado por las inspectoras de Transportes (como la no valoración del 'excel' en el que se contemplaba la compra de 8 millones de mascarillas) mientras que las defensas han intentado cuestionarlo.

El también letrado del PP Alberto Durán ha tratado por su parte de desacreditar el 'contrainforme' encargado por la defensa de Ábalos, cuestionando si tenía carácter jurídico su valoración de la normativa que asistió a las inspectoras de Transportes y los datos aportados. "Si considera usted que los hechos y fechas son subjetivos, nos movemos todos en un mundo de subjetividad", se ha defendido la experta, a lo que el letrado ha rematado con un "así es".

La letra de Koldo

Tras un breve receso ha comparecido ante el tribunal María Eugenia Pérez Matey, la experta calígrafa que realizó un informe sobre la escritura de Koldo García. Se trataba de determinar si la letra era la misma que aparecía en unas notas manuscritas en un listado de expedientes de obra pública que fue aportado por el comisionista Víctor de Aldama, señalando que habían sido objeto de adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas.

La experta ha manifestado que tanto el cuerpo de escritura que se tomó al asesor de Ábalos en el Supremo como la letra de las notas manuscritas aportadas por Aldama comparten "20 gestos tipo" que la llevan a concluir de forma "categórica" que el autor es el mismo.

Lo que analizó la experta no era, en todo caso, el documento original, sino una fotocopia que reproducía la fotografía del documento aportada por el comisionista.

Sí se le entregaron a esta experta los informes médicos que entregó Koldo García para justificar que, el día de la prueba de escritura, sufría una lesión en un hombro. Según la calígrafa este tipo de supuestos puede modificar la letra, "pero los gestos tipo siguen ahí".

La sesión ha concluido con la comparecencia de los peritos tasadores del piso en el Paseo de la Castellana de Madrid que la acusación apunta como dádiva para Ábalos a cambio de los contratos por mascarillas, que tasaron el piso en 1,4 millones de euros, una valoración que realizaron sin poder visitar el inmueble. Por esta razón, la abogada de Koldo ha reclamado una nueva pericial que valore la vivienda teniendo en cuenta las cargas por arrendamiento y el estado en el que se encontraba.

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