El PP eleva al TC un nuevo choque contra el Gobierno por eliminar sin debate una enmienda del PP contra la regularización de migrantes

El Senado ha aprobado este miércoles el decimotercero y decimocuarto conflicto institucional de la legislatura, uno contra el Gobierno y otro contra el Congreso. El PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha querido elevar nuevamente al Tribunal Constitucional un choque con ambas instituciones después de que estas suprimieran sin debate alguno una enmienda aprobada por el Senado en la Ley contra la Multirreincidencia que buscaba frenar la regularización de migrantes. El Ejecutivo, aplicando su derecho constitucional, vetó dicho cambio al considerar que implicaba un incremento presupuestario.

Empieza a ser habitual esta dinámica en la que el Senado desoye los vetos del Gobierno y después es el Congreso el que se ve obligado a aplicarlos. En el último año, el PP ha impulsado conflictos institucionales por este motivo en tres ocasiones, cuatro con la actual. En este caso, la polémica surgió en torno a la Ley contra la Multirreincidencia, donde los populares, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, introdujeron una enmienda para que fuera obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales en la regularización de migrantes.

Ese cambio, que el Gobierno se vio obligado a recoger en su real decreto tras el informe del Consejo de Estado, fue rechazado inicialmente por el Ejecutivo. Cuando la Ley contra la Multirreincidencia regresó al Congreso para su aprobación final, el Gobierno mostró su disconformidad con la enmienda, como ya había hecho inicialmente, y solicitó a la Mesa de la Cámara Baja que la retirara. PSOE y Sumar, con mayoría en este órgano, procedieron a eliminarla sin debate previo en el pleno.

Debate reglamentario

En todas las ocasiones, la Cámara Baja ha defendido que actúan en su ejercicio "constitucional y reglamentario", ya que el artículo 134.6 de la Constitución establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Así, ante el veto del Ejecutivo, la Mesa considera que su deber es retirar la enmienda. No obstante, los populares denuncian que el Senado tiene autonomía para decidir sobre si el veto del Ejecutivo es válido o no.

En este caso concreto, la enmienda de los populares establecía que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad debían realizar un informe de cada solicitante para "evaluar si existe una amenaza real para el orden público". El Gobierno se aferró a que para la comprobación de toda esta información sería necesaria la contratación de cerca de 400 funcionarios en la Comisaría General de Extranjería e implicaría un coste de cerca de 17 millones de euros. Otra enmienda suprimida implicaba la creación de nuevos puestos de fiscales, lo que también conlleva un aumento presupuestario.

Riña habitual

El debate, en el que han participado menos grupos de los acostumbrados, dado el tema reiterativo a tratar, ha sido el mismo de siempre. "El Gobierno de Sánchez ya no solo gobierna al margen del Parlamento, sino que gobierna contra el Parlamento", ha denunciado el senador del PP Antonio Silván, antes de explicar que la Cámara Alta consideró "infundado" el veto del Gobierno y tramitó las enmiendas. "El Gobierno, al ver que perdía dentro del procedimiento parlamentario, decidió actuar fuera de él. Lo que en su día este grupo parlamentario ya calificó de inédito, hoy se ha convertido en una costumbre involucionista", ha continuado.

Por su parte, la senadora del PSOE Inmaculada Sánchez ha denunciado el "exceso" del PP por querer "convertir cada discrepancia y cada procedimiento en un cambo de batalla". Así, ha recordado que la Ley contra la Multirreincidencia llegó al Senado con un amplio consenso -PP, PSOE, Junts y PNV-, pero que los populares están "acostumbrados a hacer lo que les da absolutamente la gana" en la Cámara Alta, saltándose las competencias que la Constitución otorga al Gobierno.

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