Isabel Pérez Moñino, portavoz de la Agenda España de Vox: "La prioridad nacional es que Bea y Fran puedan acceder a una vivienda pública por delante de Mohamed"

La portavoz nacional de Vox para la Agenda España, Isabel Pérez Moñino, presentó en Oviedo el informe de la Fundación Disenso, vinculada al partido, sobre la inmigración y su "impacto económico negativo en el estado del bienestar".

—¿Cómo se plasma ese supuesto impacto negativo de la inmigración que denuncian?

—El informe está basado en datos empíricos. Concluye que un inmigrante empieza a tener una aportación positiva neta al estado del bienestar siempre que gane 45.000 euros de media o más al año durante toda su etapa laboral. En este cálculo se incluyen prestaciones por desempleo, atención sanitaria y jubilación. También recoge que la tasa de paro entre españoles es del 10% y entre extranjeros del 15%; si te fijas, en las mujeres varía entre un 12% y un 22%. Además, el riesgo de pobreza entre la población extranjera es del 53%, frente al 16% de la española. El informe analiza también que la inmigración que ha llegado a España es de baja cualificación: el 60% de los inmigrantes tiene como máximo estudios secundarios básicos. Y esto es importante analizarlo poque creo que el actual modelo migratorio no es compatible con la sostenibilidad del estado del bienestar.

—¿Cómo afecta eso a comunidades como Asturias, donde ciertos servicios están colapsados?

—En los últimos cinco años han llegado tres millones de inmigrantes y no se han hecho las inversiones necesarias en infraestructuras, sanidad y servicios públicos. Hay un colapso absoluto. Lo vemos en las listas de espera: 859.000 personas en España esperan una intervención quirúrgica. Mientras tanto, se atiende en las mismas condiciones a inmigrantes ilegales que a españoles que trabajan, cotizan y pagan impuestos. Por eso hablamos de prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, como se ha plasmado en el pacto de Extremadura.

—¿En qué consiste esa prioridad nacional?

—La prioridad nacional es que Bea y Fran tengan prioridad a la hora de acceder a una vivienda pública por delante de Mohamed. Prioridad nacional es patriotismo social, es primero los de casa. Cuando los recursos son limitados, un político responsable tiene que establecer criterios de prioridad. Nosotros hablamos de los españoles primero, y creo que el acuerdo de Extremadura debe ser un ejemplo para todas las regiones.

—¿Pero eso es viable jurídicamente?

—Por supuesto. Todo lo que hemos reflejado en el acuerdo de Extremadura es legal, legítimo y responde al sentido común de una gran mayoría de españoles. Es verdad que hemos escuchado algunas voces discrepantes, entre otras la de la señora Ayuso en Madrid, que ha tachado de ilegal este acuerdo. Yo a estas personas les invito a que presenten una denuncia en los juzgados.

—Mientras, este lunes empezó presencialmente la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

—Nosotros nos opusimos desde el primer momento. Vox fue el único partido en el Congreso que votó en contra. Además, hemos recurrido ante el Tribunal Supremo con una medida cautelar para su suspensión y hemos impulsado una campaña para denunciar que la inmigración masiva tiene consecuencias en sanidad, vivienda, prestaciones públicas, seguridad e identidad de los barrios.

—¿En base a qué piensan que este proceso de regularización puede aumentar la inseguridad?

—Va a regularizar a ilegales que no deberían estar aquí y va a provocar un efecto llamada. Eso hará que más personas entren en España para beneficiarse del coladero que han montado el PP y el PSOE. Estas políticas hay que revertirlas porque es una traición al pueblo español.

—En Asturias, la llegada de inmigración ha permitido en los últimos años no solo mantener población, sino incrementarla.

—A cambio de cambiar la identidad de nuestros barrios. Los políticos responsables tienen que apostar por la natalidad. España es el segundo país de la UE con la natalidad más baja y una fecundidad de 1,1 hijos por mujer. En vez de financiar ONG proinmigracionistas o hacer regularizaciones masivas, hay que aplicar políticas para que las mujeres españolas puedan tener hijos si así lo desean y formar una familia. No cambiar la identidad de nuestros barrios ni sustituirnos, como decían el otro día algunas dirigentes de extrema izquierda.

—Sus detractores le reprochan que ponen el foco solo en el gasto y no en la aportación fiscal y laboral.

—El salario medio de un español es de 27.000 euros y el de los ciudadanos africanos de 18.000 al año. La inmigración que ha venido a España es de baja cualificación y, por tanto, es más susceptible de percibir ayudas sociales. El estado del bienestar se está dinamitando; la asistencia sanitaria universal es inviable.

—¿Y no habría forma de aprovechar esa mano de obra y cualificarla?

—Lo que veo es abandono en educación y formación profesional de nuestros jóvenes. Las universidades públicas forman a jóvenes españoles que luego se marchan. Tenemos que cuidar a los nuestros, a nuestros médicos, policías y profesores, y poner los recursos ahí para que nuestros jóvenes se queden.

—¿No cree que el discurso de Vox puede estigmatizar a todo extranjero?

—No creo que estemos estigmatizando a nadie. Estamos hablando con datos. Cuando decimos que el 30% de los extranjeros eran perceptores del ingreso mínimo vital en 2024, o que la población reclusa está sobrerrepresentada por extranjeros, estamos señalando un problema que existe. ¿Por qué se está poniendo en peligro hoy a las mujeres en España? ¿Quiénes son los agresores de las mujeres? Yo quiero que España siga siendo España, que se proteja nuestra identidad y que nuestros servicios públicos funcionen.

—¿Cuáles son las propuestas concretas de Vox?

—La repatriación de los inmigrantes en situación ilegal, la deportación de quienes cometan delitos graves o hagan de la delincuencia su modo de vida, y poner fin al efecto llamada. El acuerdo de Extremadura recoge prioridad nacional en vivienda y ayudas, control de empadronamientos fraudulentos, freno a la acogida de menas y retirada de fondos públicos a ONG proinmigracionistas.

—¿Quieren extrapolar ese acuerdo a otras comunidades?

—Vox es un proyecto nacional. Defendemos lo mismo en Extremadura, Asturias, Madrid o Andalucía. El acuerdo de Extremadura es un ejemplo de la alternativa que queremos para España. Y tendrá que ser el PP el que decida si quiere pactar con nosotros y efectivamente conformar esa alternativa como ha hecho Guardiola o, por el contrario, hacer como Ayuso y priorizar a los extranjeros por delante de los españoles.

—¿Qué le diría a un empresario asturiano que necesita mano de obra extranjera?

—Que hay que dignificar los salarios para que los españoles puedan vivir de su trabajo y volver a ocupar esos empleos. No puede seguir llegando gente de forma masiva y descontrolada a colapsar los servicios públicos.

—¿Cómo ve Asturias?

—Asturias necesita un giro, como muchas regiones de España. Quizá no sufra aún las mismas consecuencias que otras, pero es momento de revertir estas políticas y poner a los españoles en el centro del debate público.

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