El informe del Congreso sobre la regularización de migrantes forzado por PP y Vox llegará con el proceso finalizado

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional -compuesta por diputados y senadores- ha puesto en marcha este martes una ponencia para analizar los riesgos que podría implicar la regularización de migrantes para la seguridad nacional de España. El órgano, creado con los únicos votos de PP y Vox, se ha reunido para fijar el plan de trabajo y según distintas fuentes parlamentarias, se ha acordado que las comparecencias de expertos se sucederán hasta noviembre, con la intención de aprobar un informe antes del 31 de diciembre. Para entonces, el grueso de la regularización ya habrá concluido.

A finales de marzo, populares y ultras se valieron de su mayoría absoluta en la comisión mixta de Seguridad Nacional para dar el visto bueno a un grupo de trabajo sobre la regularización anunciada por el Gobierno. En concreto, denunciaron que a través de este procedimiento se podría dar papeles a "cualquier delincuente o terrorista" y supondría un efecto llamada para muchos otros migrantes.

Ha sido este martes cuando se han activado los mecanismos para iniciar los trabajos. Fuentes parlamentarias explican que los grupos dispondrán hasta el 27 de abril para presentar un listado de comparecientes y será dos días después cuando este se vote. Después comenzarán las comparecencias, explican las mismas fuentes, que se prolongarán durante varios meses. La previsión, apuntan, es finalizar los trabajos a mediados de noviembre, momento en el que se redactaría el informe final. Este deberá ser votado posteriormente, algo que las mismas fuentes sitúan antes del 31 de diciembre.

Calendario dispar

El calendario acordado en la ponencia choca con los plazos que se manejan en el proceso de regularización de migrantes, ya que los solicitantes tienen hasta el 30 de junio para iniciar los trámites para la autorización de residencia temporal. El real decreto que aprobó el Consejo de Ministros detalla que el "plazo máximo de resolución del procedimiento y notificación de la resolución será de tres meses a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarla". Es decir, que de registrarse el último día posible -30 de junio- debería estar resulta el 1 de octubre.

Una de las principales críticas que hizo el PP al anunciarse la regularización es que no se exigía a los solicitantes los certificados oficiales de antecedentes penales del país de origen y de los países en los que hubiese residido durante los últimos cinco años. El Gobierno modificó este apartado tras el informe emitido por el Consejo de Estado y ahora resulta obligatorio. Y es justo este trámite lo que podría hacer que la tramitación se alargase hasta enero de 2027, ya que los extranjeros deberán solicitar estos documentos y de no recibirlo en el plazo de un mes será el Ministerio de Justicia quien asuma el trámite, paralizando el procedimiento por un máximo de tres meses. Si tampoco hubiera respuesta, el solicitante dispondría de otros 15 días antes de que se desestime la petición.

Con estas fechas, lo más probable es que el informe que realice la comisión mixta de Seguridad Nacional, donde PP y Vox usarán su mayoría para que se escuche la voz de los expertos que ellos deseen, se apruebe cuando el grueso de la regularización ya esté terminada.

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