El Govern trabaja en una norma para que el catalán se tenga en cuenta en la renovación de papeles tras la regularización

¿Qué papel tiene el catalán en la regularización extraordinaria de migrantes que está en marcha en el Estado? La respuesta tiene muchos matices y, en función de quien responda, las interpretaciones son dispares. Junts denunció el pasado viernes una "marginación" de esta lengua "como criterio de integración" y anunció que denunciaría esta circunstancia ante las instituciones europeas. Por contra, el Govern, que presentó una enmienda al real decreto durante su exposición pública justamente para que tuviera en cuenta el catalán, asegura haber conseguido su objetivo. Fuentes del Executiu mantienen que el "aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia" forma parte "de los criterios para solicitar la prórroga al cabo de un año". Según ha podido saber EL PERIÓDICO, ya se trabaja en una norma para garantizar que el catalán se contemple en los criterios para renovar los papeles tras la regularización.

Para acceder a esta, los solicitantes deben demostrar que estaban en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y aportar un certificado de antecedentes penales emitido por sus países de origen o por los lugares de residencia anteriores. En esta fase inicial, el catalán - ni tampoco el castellano- juega ningún papel. Sin embargo, sí puede tenerlo en la renovación posterior, que no es automática y que debe hacerse al cabo de un año. Será entonces cuando, para mantener los permisos de residencia y trabajo, la administración pondrá varias condiciones.

Si el solicitante tiene un contrato y cumple con la cotización en la seguridad social, el permiso será renovado sin problemas. Si no, hay dos posibles vías: "acreditar estar en búsqueda activa de empleo y estar debidamente inscrito en el servicio público de empleo" o "aportar un informe de esfuerzo de integración". Así lo establece el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que explicita que "los órganos competentes" para hacer estos informes, y "recomendar la prórroga", son las comunidades autónomas. "El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia", explicita la normativa.

Junts lamenta que no se pida ningún requisito lingüístico en la renovación de papeles si el solicitante ya tiene trabajo estable

El Executiu liderado por Salvador Illa considera que esta redacción de la norma les habilita para "desplegar una normativa propia" y aseguran que ya están "trabajando" en ella, aunque por el momento evitan detallar cuáles serían los requisitos exigidos. Es decir, si para conseguir estos informes de arraigo sería suficiente con haber realizado un curso, como ocurre ahora, o si se tendría que acreditar un cierto nivel mediante un examen. De momento, el Govern solo ha concretado que el próximo curso se crearán 50.000 nuevas plazas para aprender catalán, que se sumarán a las 100.000 existentes. La oferta, por tanto, aumentará en un 50%, aunque la previsión es que se regularice entre 120.000 y 150.000 migrantes que residen en Catalunya.

Junts, en cambio, lo considera insuficiente. Los posconvergentes lamentan que el catalán "solo aparezca en un informe de arraigo opcional en casos concretos", y no como una condición 'sine qua non'. "Se trata de una vía excepcional, pero si las personas regularizadas ya trabajan en Catalunya no es necesario que acrediten ningún conocimiento de la lengua", denuncian desde el partido, y consideran que este procedimiento directamente "excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia" y acusan al Govern de "engañar".

El sistema actual

Actualmente, el catalán ya es un criterio que la Generalitat tiene en cuenta a la hora de emitir los expedientes de arraigo social en Catalunya. Los técnicos encargados de esta tarea valoran, para elaborar sus informes, si los solicitantes colaboran en entidades sociales, si han tenido hijos en el territorio o si tienen conocimientos de catalán. Este último punto se demuestra habiendo superado almenos un curso de 45 horas, o con un test que hacen los técnicos, que también entrevistan al interesado y a su entorno.

Los informes de arraigo social son un punto clave para regularizar a personas migrantes, dado que para muchos es prácticamente imposible conseguir un contrato a jornada completa durante un año o acceder a la universidad, que serían otras formas de hacerlo. De hecho, el 73% de los trabajadores extracomunitarios ha usado los expedientes de arraigo social para regularizar su situación administrativa.

La delegación de competencias frustrada

Junts reclama desde hace más de dos años la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat. En marzo de 2025, después de unas negociaciones eternas, consiguió sellar con el PSOE una ley para hacer efectivo el traspaso. Sin embargo, la norma no logró superar ni la primera votación en el Congreso por la oposición de PP, Vox y Podemos. El texto pactado establecía que Catalunya podría emitir los permisos de residencia temporal y de larga duración y permitía a los Mossos hacer tareas de seguridad de puertos y aeropuertos. En cambio, se dejaba fuera de la nueva ley la cuestión lingüística.

El texto reconocía que el fenómeno migratorio en Catalunya tiene un impacto "para la lengua catalana" y recordaba que el Estatut d'Autonomia reza que el catalán es "la lengua propia" de la comunidad. Además, en la disposición final, se añadía que Gobierno y Generalitat se comprometían a "cooperar y colaborar, en el ejercicio de sus respectivas competencias, para asegurar la plena inclusión e integración de la población extranjera en Catalunya". Con ello, Junts aseguraba que este asunto se regularía con una futura norma del Parlament, pero al no haber prosperado la delegación pactada con el PSOE, el partido nunca ha llegado a desarrollar que había detrás de la máxima que defendía en aquel momento: "Sin catalán no hay papeles".

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