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Carta Magna

Aprobada la cuarta reforma de la Constitución: Formentera tendrá senador propio

Los ciudadanos formenteranos ya no tendrán que compartir su parlamentario en la Cámara Alta con los votantes de Ibiza

Ujier del Senado retira la Constitución española del salón del pleno después del juramento de un nuevo senador.

Ujier del Senado retira la Constitución española del salón del pleno después del juramento de un nuevo senador. / PEDRO RUIZ - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
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En el verano de 2004, los habitantes de Formentera celebraron como un éxito que su Ayuntamiento reclamase tener un senador propio y dejar de compartirlo con Ibiza. Eran, y siguen siéndolo, las dos únicas islas menores en esta situación. Sin embargo, en las próximas elecciones eso cambiará. El Senado ha dado este miércoles el visto bueno a una reforma de la Constitución -la cuarta en la historia- para que los más de 11.000 formenteranos puedan elegir a su propio representante en la Cámara Alta, acabando así con una injusticia que nació hace 47 años.

Más de 20 años después de que las primeras peticiones llegaran a las instituciones y tras casi ocho años en los que la propuesta ha estado olvidada en un cajón, la amplia mayoría de las fuerzas parlamentarias han dado el visto bueno a esta modificación. Solo los dos senadores de Vox se han opuesto. A su paso por el Congreso hicieron lo mismo los 33 diputados de extrema derecha. Así, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado la Constitución será modificada por cuarta vez. A los de Santiago Abascal les faltan dos diputados para poder plantear un referéndum.

El contenido

La Constitución establecía hasta ahora, en su artículo 69.3, que en las provincias insulares cada isla o agrupación que ellas que tenga cabildo o consejo insular constituirá "una circunscripción a efectos de elección de senadores". Así, la carta magna detallaba que Gran CanariaMallorca Tenerife elegirían tres senadores cada una y que a MenorcaFuerteventurala Gomerael HierroLanzarote La Palma les corresponde uno. En este último grupo entraba también "Ibiza-Formentera", obligando a ambas islas a compartir representante. Dada la mayor población de Ibiza, eran los deseos de sus habitantes los que marcaban la elección.

Formentera tiene consell propio desde 2007, cuando se reformó el Estatuto de Autonomía de Illes Balears, por lo que la discriminación debería haber desaparecido hace tiempo. Además, su población es superior a la de el Hierro, que siempre ha tenido un senador propio. Así, la modificación que se ha aprobado resulta mínima. Tan solo se elimina ese guion tipográfico que obligaba a las dos islas a compartir senador y otorga a los formenteranos el pleno derecho a elegir a un parlamentario propio en la Cámara Alta a partir de las próximas elecciones.

No obstante, la reforma estuvo a punto de naufragar hace unas semanas, en el Congreso, por una discusión toponímica. En la Constitución debía aparecer Ibiza o Eivissa. La iniciativa, impulsada desde el Parlamento de Baleares, recogía el nombre en catalán, algo que PP rechazaba de plano. Finalmente, el PSOE cedió, ante el disgusto de sus socios, y aceptó el nombre en castellano.

Otros cambios

Así, en poco menos de dos meses y medio, la voluntad política ha permitido que se enmiende la Carta Magna. Se suma esta reforma a las tres anteriores desde su aprobación: la primera, en 1992, para incluir el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones locales, fruto de la entrada de España en la UE; la segunda, para incluir las reglas de estabilidad impuestas por Europa, en 2011; y una última, a comienzos de 2024, para sustituir el término "disminuidos" del artículo 49 por el de "personas con discapacidad".

Ahora, en el horizonte se perfila un nuevo cambio, aunque con pocas probabilidades de éxito. El Gobierno ha remitido al Congreso un proyecto de reforma para blindar en la Constitución el derecho al aborto. El próximo jueves se debatirá en la Cámara Baja las enmiendas de devolución presentadas por PP y Vox, que rechazan de pleno esta modificación. Aunque el Ejecutivo logre sortear este primer trámite con el resto de sus socios, la iniciativa acabará naufragando ya que las mayorías requeridas para su aprobación obligan a que el PP de su visto bueno.

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