El PP matiza las medidas pactadas con Vox sobre las ONG: "Cáritas puede estar tranquila"

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, puso este lunes los puntos sobre las íes al acuerdo de coalición firmado con Vox en Extremadura, por el que María Guardiola volverá a ser investida esta misma semana presidenta de la Junta. En concreto, sobre la "prioridad nacional" que hasta en cuatro ocasiones menciona el texto rubricado con la extrema derecha para decidir sobre ayudas sociales como el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social, y también sobre la reducción de ayudas a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que pudieran colaborar con la inmigración, dos de los aspectos del documento con el logotipo de ambos partidos que más polvareda han levantado.

Para Tellado, no hay caso. Pues según afirmó en la rueda de prensa semanal posterior a la reunión ordinaria del Comité de Dirección del PP, ni se priorizará a un español sobre otro residente que pueda tener acceso a una misma ayuda social, ni debe haber motivo de inquietud en las organizaciones sociales que trabajan en la ayuda al inmigrante, incluida la Iglesia.

"Organizaciones como Caritas, que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y de toda condición, puede estar totalmente tranquilas, porque no les va a afectar", sentenció a preguntas de los informadores. Requerido sobre si se podía extender esa afirmación a otra organización señera en el trabajo con los inmigrantes, como es el caso de Open Arms (siempre en el blanco de los ataques de los de Santiago Abascal), no se salió del guión, aunque evitó ser tan explícito: "El texto del acuerdo alcanzado con Vox se refiere a organizaciones que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafican con personas. Y eso tiene que acreditarse, vía judicial, por sentencia. Y por lo tanto, si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedará excluida de las ayudas", sentenció.

Tellado, además, aseguró que medidas así se han incluido de manera "idéntica" en acuerdos anteriores con Vox, como los que se suscribieron hace tres años después de las últimas elecciones autonómicas y municipales. "Por ejemplo los acuerdos de investidura del año 2023 en Aragón, o en el acuerdo de investidura de Baleares", afirmó, añadiendo también lo que ocurrió en las negociaciones presupuestarias del año pasado en la Comunidad Valenciana, todavía con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, o en lo acordado con Vox en la Región de Murcia por el presidente Fernando López Miras. Para Tellado, "en ninguno de esos casos se ha acabado con la labor humanitaria de estas organizaciones, y en ninguno de estos casos se ha dejado de colaborar con esas organizaciones", concluyó.

Como corolario a su posición, el número dos del PP argumentó: "A quienes colaboran con las mafias, a quienes trafican con personas, las arcas públicas no deben financiarlos, y eso lo vamos a defender, dentro y fuera del acuerdo con Vox".

No es, claro está, la lectura que hace Vox. En una entrevista publicada este domingo en El País, el secretario general de su grupo parlamentario, José María Figaredo, y el portavoz adjunto, Carlos Hernández Quero, se mantuvieron firmes en ese punto y, en referencia concreta a Cáritas, vaticinaron que dejarán de acoger como hasta ahora a inmigrantes irregulares y al mismo tiempo recibir subvenciones públicas.

La mano derecha de Feijóo se manifestó también sobre la "prioridad nacional" que establece el acuerdo, un aspecto que ha provocado dudas sobre su legalidad, incluso de dirigentes del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tellado trató de explicarlo, en una intervención muy medida y preparada tras la reunión de la cúpula del PP, de la siguiente manera: "Esto significa que se priman y se bareman criterios como la vinculación con el país, el arraigo, la contribución al país durante años, o los criterios económicos". Todos ellos, a su juicio y según subrayó, "criterios objetivos, que demuestren que se tiene una vinculación, efectiva y afectiva, con el territorio". Más claro aún: "Con este acuerdo no hay ningún extranjero que viva aquí legalmente que sea discriminado frente a un español de nacimiento", sentenció, asegurando además que no es "eliminativo".

Suscríbete para seguir leyendo