Vivienda, padrón e inmigración: el giro más sensible del pacto de gobierno en Extremadura

El acuerdo de gobierno sellado por el PP y Vox para los próximos cuatro años en Extremadura introduce cambios relevantes y polémicos en los sistemas de acceso a la vivienda pública y las prestaciones sociales, un área que controlará directamente la formación de Santiago Abascal a través de la vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales asignada a Óscar Fernández.

Entre las nuevas exigencias para acceder a una vivienda de la Junta en régimen de alquiler social, se exigirá como requisito haber estado empadronado en la región los últimos cinco años, dentro de ese concepto de «prioridad nacional» que defiende Vox. Además, se impulsará la creación de una «unidad de verificación» del padrón municipal para combatir el fraude en las ayudas sociales y la ocupación ilegal.

En materia de vivienda, el pacto promete promover la construcción de 3.500 nuevas viviendas asequibles mediante la colaboración público-privada, una reforma de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (Lotus) para eliminar los cuellos de botella y favorecer nuevas promociones, y la aprobación de incentivos fiscales a la compra y el alquiler.

"Prioridad nacional"

Junto a ello, el texto establece que el sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social estará «inspirado en el principio de prioridad nacional», aunque añade que deberá acomodarse a la legalidad vigente. Esa formulación, una de las más celebradas por Vox, se traduce en la práctica en la idea de priorizar a quienes mantengan un «arraigo real, duradero y verificable» en el territorio.

El problema es que ese planteamiento se da de bruces con el artículo 14 de la Ley de Extranjería, que establece que los extranjeros residentes en España tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto generales y básicas como específicas, "en las mismas condiciones que los españoles".

Según se recoge en el documento, se prevé exigir un empadronamiento histórico mínimo de 10 años en la región para la compra de vivienda protegida y de cinco años para el acceso al alquiler. También se contempla reforzar criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como prueba de la relación efectiva del solicitante con el territorio.

El texto justifica estas condiciones en la necesidad de garantizar la estabilidad residencial, fijar población, favorecer la cohesión social, consolidar proyectos de vida, facilitar el retorno de extremeños que emigraron por falta de oportunidades y evitar una rotación excesiva del parque público de vivienda.

La cotización primará en la valoración

A la hora de valorar las solicitudes, se tendrá en cuenta, al menos y con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Extremadura y cualquier otro criterio que acredite una vinculación real y duradera con la comunidad.

El sistema se dirigirá, según el acuerdo, a algunos de los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda, como los jóvenes menores de 36 años, los nuevos núcleos familiares, las familias numerosas, con dependientes a cargo, personas con discapacidad, sin solución habitacional o en situación de hacinamiento.

Además, el pacto prevé la exclusión de quienes hayan sido condenados por delitos de allanamiento o usurpación de vivienda en los últimos cinco años. Esa exclusión también se aplicará a quienes tengan una resolución administrativa firme que ordene la recuperación o el desahucio por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública.

Fraudes en el padrón

El acuerdo entre PP y Vox prevé la creación de la Unidad Extremeña de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva, concebida como un instrumento para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales.

Según el texto, este nuevo órgano asumirá funciones como la detección de empadronamientos ficticios, la comprobación de la residencia efectiva, la coordinación con los ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude. El pacto añade además que la unidad tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias vinculadas a la sobreocupación de viviendas y los «pisos patera».

Control de la inmigración

Esta medida se enmarca en un bloque más amplio del acuerdo orientado al control de la inmigración, que es el bloque más duro del documento. El pacto rechaza el reparto de menores extranjeros no acompañados, insta a adaptar el nuevo reglamento europeo de retornos, plantea promover devoluciones de menores con sus padres, veta nuevos centros o ampliaciones de plazas, endurece el régimen disciplinario, prevé pruebas de edad y auditorías anuales del gasto en inmigración.

También incluye la supresión total de subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de una unidad contra el fraude del padrón y la residencia efectiva, la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos y la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí en las aulas.

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