El Gobierno balear de Prohens conocía la reclamación al contrato de mascarillas que dejó caducar

Balears es la única comunidad en que el ‘caso Koldo’ respeta el bipartidismo. El PSOE de Francina Armengol se entregó sin reservas a una presunta organización criminal, a la que otorgó cerca de seis millones de euros por servicios fraudulentos o superfluos. En cuanto al PP de Marga Prohens, tiene que explicar la parálisis burocrática dominante en la reclamación de cuatro millones de euros en mascarillas, que dejó caducar según la UCO.

La Guardia Civil ha empleado un centenar de folios de su Análisis de las Contrataciones formalizadas por la Comunidad de Balears a la trama corrupta para desmantelar las numerosas mentiras vertidas por Armengol, sobre sus estrechos contactos con personajes como Koldo García. En cambio, a la UCO le han bastado tres líneas para desmontar la "sorpresa" que esgrimió el Govern de Prohens en febrero de 2024, al estallar el escándalo en la Audiencia Nacional.

«El 24 de agosto de 2023, se acuerda iniciar el procedimiento de resolución parcial del contrato de emergencia de suministros de mascarillas». En aquel momento, Prohens llevaba un mes en el cargo de presidenta, por lo que la tramitación de la devolución del dinero corresponde al Govern del PP.

La evidencia, siempre según la UCO, de que el PP estaba perfectamente al tanto de la situación de las mascarillas contrasta con las versiones aportadas por los dirigentes del Govern. La propia Prohens negó ante el Congreso que su ejecutivo conociera las particularidades del caso, en mayo de 2024. El veredicto de que «nadie nos avisó» queda desmentido por la entrada en funcionamiento de la maquinaria de su administración, desde el primer momento y en plenas vacaciones de agosto.

Más explícito y, por tanto, más desmentido fue Javier Ureña, que ha cargado sobre sus espaldas con todas las variantes del escándalo de las mascarillas. El director general del IB-Salut con el PP sentenció que su Govern se encontró "con una herencia envenenada y oculta". Difícilmente podía refugiarse en la ocultación a cargo del PSOE, cuando acordó "iniciar el procedimiento" a su llegada al cargo. La consellera Manuela García Moreno ha eludido en todo momento pronunciarse sobre el contrato de la discordia, que también implica a su departamento.

En una conversación informal, Prohens mantuvo la ignorancia absoluta de su Govern sobre las mascarillas fraudulentas, ahora desmentido. Según la presidenta, nada más destaparse el informe inicial de la UCO en febrero de 2024, su ejecutivo inició una investigación "estilo Sherlock Holmes". Difícilmente era necesaria una operación detectivesca, cuando el PP llevaba casi un año de gestión propia y deliberada del escándalo.

El problema radica precisamente en que el actual Govern "acuerda iniciar el procedimiento" y nada mas, una inhibición radical que no solo se convierte en sospechosa al estallar el escándalo. La Audiencia Nacional ha determinado que la banda de Koldo maniobró con éxito para que el expediente "se guardara en un cajón".

A partir de agosto de 2023, la UCO solo detecta dos movimientos en una actuación que pretendía recuperar cuatro millones arrebatados a las arcas públicas. En octubre del mismo año, "se concedió un trámite de audiencia a la empresa". Y en noviembre se registra «el escrito de alegaciones» de Soluciones de Gestión, beneficiaria de las mascarillas inservibles.

Es decir, en los cuatros meses transcurridos desde octubre de 2023 hasta el estallido en Madrid en febrero de 2024, el silencio administrativo es absoluto. El instructor Ismael Moreno se asombra de que la presunta organización criminal muestre agitación hasta el 18 de enero, en que se les había anunciado la caducidad desde Palma. A partir de esa fecha, llega el silencio del objetivo cumplido. De momento, no se ha determinado la identidad del alto cargo o funcionario del actual Govern que predijo con exactitud a Koldo que su banda no necesitaría devolver ni un euro a las arcas de Balears.

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