No vinculante
El Consell de Garanties Estatutàries dictamina que la Generalitat no puede sancionar a empresas por vulnerar derechos humanos
El órgano consultivo ve inconstitucional que el Centre Català d’Empreses i Drets Humans pueda imponer multas al exceder sus competencias
Junts y PP impugnan el Centre Català d'Empreses i Drets Humans y retrasan su aprobación en el Parlament
El Parlament impulsa por tercera vez la creación de un centro que vele por el cumplimiento de los derechos humanos en las empresas
Consell de Garanties Estatutàries (CGE) / Gerard Artigas
Por qué confiar en El Periódico El Consell de Garanties Estatutàries considera que la Generalitat no tiene competencias para sancionar a las empresas que vulneren derechos humanos, tal y como recoge la proposición de ley para la creación del Centre Català d'Empreses i Drets Humans impulsada por PSC, Junts, ERC y Comuns. La tramitación de la norma, que estaba previsto que se votara hace un mes, quedó paralizada después de que Junts y el PP solicitaran un dictamen sobre su constitucionalidad al órgano consultivo, cuya resolución no es vinculante, como avanzó EL PERIÓDICO.
Pese a ser uno de los promotores de la iniciativa, Junts decidió recurrir el texto ante el Consell al considerar que no respeta el principio de seguridad jurídica y que el régimen sancionador previsto resulta "desproporcionado". Con anterioridad, el PP ya había impugnado la proposición al cuestionar directamente que la Generalitat disponga de competencias para sancionar a las empresas en este ámbito.
El dictamen da la razón a ambos planteamientos y concluye que Catalunya no puede establecer un "régimen administrativo sancionador" en esta materia, al entender que entraría en conflicto con el artículo 25.1 de la Constitución. En concreto, el órgano considera que la potestad sancionadora vinculada a este tipo de actuaciones excede las competencias autonómicas y subraya que el "principio de primacía del derecho europeo" no permite ampliar estas competencias si no están reconocidas previamente en el marco constitucional.
El Consell de Garanties sí avala, en cambio, la creación del Centre Català d’Empreses i Drets Humans como órgano de promoción, seguimiento y asesoramiento, siempre que sus funciones no incluyan la capacidad de imponer sanciones. De este modo, la Generalitat podría mantener herramientas de impulso y control indirecto, pero no un sistema punitivo propio.
El dictamen, aunque no es vinculante, abre la puerta a posibles recursos ante el Tribunal Constitucional.
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