La Comunidad Valenciana recurrirá la regularización de inmigrantes avalada por sindicatos y empresarios

Ni el aval de sindicatos y patronal a la medida impedirá un nuevo choque judicial de la Generalitat Valenciana al Gobierno central. Esta vez, a cuenta del decreto de regularización de personas extranjeras en situación irregular aprobado el martes en el Consejo de Ministros y que en tierras valencianas podría tener un impacto de unas 100.000 personas que conseguirían los "papeles", algo que aplauden tanto la CEV como UGT PV y CCOO PV al considerarlo una "buena medida", pero que para el Consell se ha hecho sin previsión ni fondos por lo que va a "poner en riesgo" los servicios públicos.

La oposición al decreto de regularización, que también recurrirán Madrid, Aragón, Baleares y Murcia, le sirvió a Juanfran Pérez Llorca para pasar con nota un nuevo examen de su aliado parlamentario en las Corts hasta el punto de que lo que antaño podía ser un motivo de conflicto, este miércoles ha acabado con la felicitación de Vox al president por su batalla política y judicial contra las políticas migratorias del Gobierno central, donde se encuentra no solo el recurso a la decisión del Consejo de Ministros del martes sino también a las actuaciones sobre el reparto de menores migrantes no acompañados o hasta sobre alejar los centros de acogida.

Los voxistas volvieron a preguntar al dirigente autonóimico por las medidas en inmigración en la sesión de control y Llorca hizo de su recurso a la vía para dotar de "papeles" a 100.000 personas en la Comunitat Valenciana una vía de sintonía. Llorca siguió la línea dura de la formación de Santiago Abascal y hasta ha tomado algunos de sus argumentos para exhibirse contrario a la regularización, asegurando que esta "pone en riesgo" los servicios públicos autonómicos, línea que previamente había defendido el portavoz de Vox, José María Llanos.

Llorca incidió además en criticar que el decreto es "irresponsable", que "va a poner en riesgo el sistema valenciano y de muchas autonomías", que se ha aprobado yendo en contra de la mayoría del Congreso, del Senado, de la mayoría autonomías y de los países de la Unión Europea y que se ha hecho para desviar la atención tras la situación judicial de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. "Hablemos claro: el Gobierno de España no atiende una demanda social de los migrantes, es un tema electoral, eso es la realidad", dijo generando el runrún en la izquierda.

"Si no van a poder votar", se escuchó de una diputada de Compromís tratando de cortar el bulo promovido por la ultraderecha sobre un incremento del censo electoral con estas regularizaciones. A la queja en el pleno se sumó el reproche a la postura de Llorca en otros foros por parte de la izquierda. Así, la líder del PSPV, Diana Morant, expuso su "orgullo" por la medida en redes sociales mientras el portavoz de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, cargó contra el jefe del Consell por convertir la Generalitat "en una delegación trumpista en manos de Vox".

Apoyo de los agentes sociales

La posición manifestada por Llorca no solo contrastó con la de la izquierda sino que también lo hizo con los agentes sociales. Los sindicatos mayoritarios de la Comunitat Valenciana y la patronal autonómica CEV consideran que la regularización de inmigrantes es una medida positiva y necesaria en el contexto actual, marcado por una baja natalidad y la existencia de vacantes en la mayoría de los sectores productivos.

De hecho, los dirigentes de CC OO-PV criticaron el anuncio del recurso de la Generalitat y resaltaron su "total indignación" con esta postura del Gobierno automático. Según el sindicato, no se trata "de un debate técnico o de recursos, sino ante un ataque frontal a la justicia social y una claudicación ética ante los postulados más reaccionarios". La central que dirige Ana García Alcolea sostiene que la regularización no es sólo un "proceso administrativo" sino "un acto de reparación" hacia miles de personas a las que el sistema niega la existencia mientras se beneficia de su esfuerzo.

En parecidos términos, la secretaria de Política Social de UGT-PV, Isabel López, aplaude la decisión del Consejo de Ministros. "Los inmigrantes sostienen una buena parte de la economía, que cuidan, construyen y contribuyen para sacar adelante muchos de los sectores económicos de la Comunitat Valenciana", indicó este miércoles aplaudiendo su aportación a las arcas de la Seguridad Social y que ahora puedan ejercer su derecho a trabajar "con garantías y a su dignidad".

Por su parte, según la CEV, la organización empresarial presidida por Vicente Lafuente, las previsiones apuntan a que, sin inmigración, "España no podría afrontar un déficit de hasta 1,4 millones de trabajadores en los próximos diez años". Esto evidencia, apunta la patronal valenciana, "la importancia de consolidar un modelo de país capaz de atraer y retener talento, talento que habría que formar tanto en origen como en destino para asegurar una adecuada integración laboral y social".

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