El caso de los presuntos enchufes no sorprende a los trabajadores en el Puerto de Valencia: "Era vox populi"

La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto enchufe de varios trabajadores del ya liquidado Consorcio València 2007 en el Puerto de València y en distintos organismos del Ayuntamiento de València no ha sorprendido a los trabajadores que no han tenido la misma suerte. Al menos una decena de ellos se fueron a la calle y siempre vieron maniobras raras en todo el proceso de reasignación de puestos, sobre todo en el caso de las dos plazas creadas primero en la Fundación Deportiva Municipal y luego en la Autoridad Portuaria. De hecho, media docena de ellos fueron al notario para dejar constancia por anticipado de que esas plazas serían para quienes luego las ocuparon realmente. Lo que no entienden es cómo dos administraciones distintas políticamente como la Autoridad Portuaria (Estado) y el Ayuntamiento de València (PP) se han puesto supuestamente de acuerdo para realizar esas colocaciones. "Será porque eran altos cargos del consorcio y tienen muchas cosas que contar", sugieren.

Por lo pronto, lo que hay es una investigación de la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de València, María José Catalá; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, y las concejales de València, Rocío Gil y Paula Llobet. Entre todos habrían recolocado al menos a cuatro extrabajadores del Consorcio en ambas administraciones sin recurrir a los procedimientos reglados. Así al menos lo ha denunciado Compromís, que también ha pedido ahora, junto con el PSPV, la investigación del concejal José Marí Olano tras conocerse unos audios en los que ofrecía puestos al conjunto de los trabajadores del Consorcio.

Un proceso complejo

Pero todo el proceso laboral tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 ha estado trufado de maniobras que han acabado en los tribunales. Levante-EMV ha podido hablar con algunos de los trabajadores que se han visto afectados y han dado su visión de lo que consideran un proceso mal ejecutado.

El Consorcio, creado para la gestión de la Copa America en 2007 y posteriormente gestionar la Marina de València, llegó a tener alrededor de treinta trabajadores, pero las tres administraciones que lo formaban (Estado, Generalitat y Ayuntamiento de València) decidieron liquidarlo cuando el Gobierno central pagó los cerca de 400 millones de deuda de la entidad y anunció su salida de la misma. La representación del Estado se limitó a la Autoridad Portuaria y siguieron en la gestión tanto la administración autonómica como la local.

Sobre la mesa quedó, por tanto, el futuro de esos trabajadores, que entendían que podían seguir haciendo su función como un nuevo ente público. Compromís y el PSPV pidieron, sin éxito, una intervención en ese sentido. Las administraciones responsables, sin embargo, rechazaron esa posibilidad y pusieron en marcha distintas vías para el despido o la recolocación de algunos empleados. La mitad aproximadamente de ellos, concretamente los vinculados a los amarres y a determinados puestos administrativos, fueron incorporados a la concesionaria que finalmente se está encargando de la gestión de la Marina. Algunos más decidieron abandonar y buscarse otros trabajos.Y aproximadamente una docena se quedaron en el paro, iniciando, la mayoría de ellos, un proceso judicial que por lo pronto no les ha favorecido, pero que aún está vivo. El Supremo, explican estos trabajadores, certificó que el despido colectivo era legal, pero quedan pendientes los procesos individuales y en la vía contencioso-administrativa sigue abierto el procedimiento por la liquidación de consorcio.

Soluciones e intenciones

Y mientras se desarrollaban todos estos procesos, paralelamente se buscaban soluciones colectivas e individuales. En este contexto se produjo precisamente la reunión del concejal José Marí Olano con los trabajadores y los representantes sindicales en los que ofrecía puestos en distintos organismos municipales, como la Fundación Deportiva Municipal, Visit València o Aumsa. Y era "vox populi" que dos plazas ofrecidas primero en la Fundación Deportiva Municipal y luego, con idénticas condiciones, en el Puerto iban a ser para dos de las máximas responsables del extinto Consorcio, como así ocurrió. De hecho, media docena de trabajadores damnificados en este proceso acudieron al notario y dejaron constancia de que estas dos personas ocuparían estas plazas. "Por el perfil de las bases era un traje a medida", dicen, y el proceso "no dejaba lugar a dudas", ya que primero les dieron dos plazas en la Fundación Deportiva y luego las rechazaron para ocupar dos plazas idénticas en la Autoridad Portuaria. Es más, las plazas de la Fundación Deportiva ya no se cubrieron pese a que había otros candidatos al puesto. "Simplemente, desistieron de cubrir esas plazas cuando estas dos aspirantes tenían plaza en el otro lado", explican.

Lo que no alcanzan a entender los extrabajadores es la "connivencia" de una administración del Gobierno socialista, representada por Mar Chao, y una administración del PP como es el Ayuntamiento de València, para colocar a estas personas con sueldos que superan los 100.000 euros, dicen. Lo único que se les ocurre es que sean cargos importantes que tienen "muchas cosas que contar o que ocultar del Consorcio". Y de lo que están completamente seguros es de que la mayoría de las personas que se han quedado en la calle tienen más de 55 años y "la situación es muy complicada para ellos". El consuelo que les queda, además de los procedimientos judiciales abiertos, es que "al menos ahora alguien ponga orden en todo esto".