El Gobierno y la Generalitat preparan un órgano bilateral para que Catalunya entre en la gobernanza de sus aeropuertos

"Ninguna autonomía tendrá más competencias que Catalunya", sostuvo la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, cuando se le preguntó por el acuerdo que alcanzaron en una cita en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, para crear un "órgano bilateral aeroportuario". Aunque desde el Ejecutivo vasco lo celebraron como un hito para “empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”, desde el Gobierno lo rebajaron al enmarcarlo dentro del marco jurídico vigente, sin cesiones de gestión. Ahora, esta es la fórmula que el Ejecutivo de Sánchez pone sobre la mesa para llegar a un acuerdo con la Generalitat y cumplir el acuerdo de investidura del president Salvador Illa con ERC, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Esto es, aplicar el “modelo vasco” a Catalunya.

“Podemos mejorar la coordinación, pero sin gestión ni diferida ni entregada”, avisan fuentes de la cúpula del ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, que hablan de “coparticipación”. En el Gobierno insisten en que Aena, el gestor aeroportuario, “es la sexta empresa cotizada de España y gestiona 87 aeropuertos en todo el mundo”, por lo que “no se puede trocear la gestión”, con la creación de una suerte de filiales de Aena, sino “solo mejorar mecanismos de coordinación”. “Y así vamos a hacerlo”, concluyen.

La carpeta del aeropuerto ha vuelto al primer plano porque el president Illa deslizó el martes en el Parlament que ultima un acuerdo para que Catalunya participe en la gobernanza de los aeropuertos catalanes. En el Ejecutivo de Sánchez rebajan la inminencia del posible acuerdo y se aferran a su fórmula, si bien evitan cuestionar las palabras del jefe del Govern. Mientras, en ERC celebran haber "arrancado" el compromiso a Illa, que el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, definió como "un imperativo" para que Catalunya tenga voz y voto a la hora de decidir el futuro de sus propias infraestructuras.

Pero, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el futuro de la gestión aeroportuaria en Catalunya pasa por dos nuevas figuras. Por un lado, por la creación de este órgano bilateral en el que, siguiendo el modelo vasco, participarían la Generalitat y el Estado con el fin de debatir y proponer medidas para la gobernanza de los aeropuertos catalanes. Medidas que se vehicularían a través del papel que aún mantiene el Gobierno en estas infraestructuras. Y, en paralelo, la Generalitat dará el impulso definitivo a la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, que ya anunció en enero de este año, pero que aún está pendiente de concretarse legalmente. Esta Autoritat sería la encargada de gestionar todas las competencias propias que tiene la Generalitat en materia aeroportuaria como son el consumo, el trabajo, el medio ambiente, el urbanismo, la accesibilidad, el transporte, y la promoción económica, entre otras. Así, a través del órgano bilateral y de la Autoritat, la Generalitat tendría que ver cómo aumenta su influencia en la toma de decisiones, aunque no se cuestione ni el papel de Aena ni la composición de su consejo de administración.

Reuniones entre Transportes y ERC

Los cambios en la gobernanza de los aeropuertos nacen del acuerdo de investidura que Illa firmó con ERC en agosto de 2024. Es allí donde quedaron recogidos tanto la Autoritat Aeroportuària de Catalunya como este órgano bilateral, que en el documento se denominaba Consell Rector Aeroportuari de Catalunya (CRAC) pero que finalmente tendrá otro nombre.

Durante todo este tiempo, representantes de ERC se han estado reuniendo con el Ministerio de Transportes para dar forma a los acuerdos. Fuentes republicanas exponen que ahora Esquerra está centrada sobre todo en acabar de dar forma a la Autoritat Aeroportuària, ya que considera que será la estructura clave para dar “conocimiento y capacidad de gestión futura” a la Generalitat sobre el tema aeroportuario. Sobre el órgano bilateral, quieren ver las concreciones, y consideran que puede ser un buen “punto de inicio” para mejorar el papel de Catalunya en estas infraestructuras.

El precedente vasco

Tras el acuerdo con Euskadi, otros territorios como Canarias y Navarra -aparte de Catalunya- también han enarbolado la bandera de la coparticipación. La estela a seguir es el “órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión” pactado con Euskadi, que tiene que dar voz y voto al ejecutivo vasco en los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia. Desde “mejorar e impulsar las capacidades de nuestros aeropuertos”, hasta “influir en las inversiones y en los planes que las definen” o “mejorar la conectividad y el servicio de los aeropuertos” vascos.

Una fórmula que se ha encajado dentro del marco jurídico y competencial vigente. En el referido a la “participación y comunicación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los aeropuertos de interés general de la red de Aena previsto por la Ley 18/2014”, sin que suponga, por tanto, una modificación de dicha norma. La clave es que Aena es una empresa cotizada en Bolsa con importantes inversores que no permitirían una cesión, como ya han advertido algunos de ellos.

La empresa semipública está participada por el Estado en un 51% y el restante 49% está en manos de accionistas privados. De ahí que el reproche común sea que en las negociaciones se prioricen los intereses privados por encima del interés público. En Transportes recuerdan además que en el caso concreto del aeropuerto de Barcelona-El Prat ya está al límite de su capacidad.

“Sin poner en jaque” el modelo en red

Desde el Gobierno se muestran abiertos a “dialogar”, tanto con Catalunya como con el gobierno canario o el navarro para “buscar fórmulas que mejoren la coordinación en la toma de decisiones". El miércoles, en la sesión de control al Gobierno, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, le demandó a Puente “dar cumplimiento al artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se reconoce al archipiélago el derecho a la planificación y cogestión de sus aeropuertos”.

El titular de Transportes aseguró estar “absolutamente abierto” a mejorar las fórmulas de coordinación en la gestión de los aeropuertos, pero puso como línea roja hacerlo “sin poner en jaque” el actual modelo en red al que le atribuyó buenos resultados. La Constitución también establece límites claros. Los aeropuertos de interés general son competencia exclusiva del Estado. Pero la vía que se negocia con ERC cumpliría los requisitos y permitiría también a Illa dar cumplimiento al acuerdo que suscribió con sus socios.

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