Illa ultima un acuerdo con el Gobierno para que la Generalitat participe en la gobernanza de los aeropuertos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que está ultimando un acuerdo para que la Generalitat participe en la gobernanza de los aeropuertos catalanes. Incluso ha apuntado que el horizonte para que este pacto sea una realidad es "bastante inminente". Así lo ha revelado durante la sesión de control en el Parlament y en plena negociación de los presupuestos con ERC, que ha urgido al jefe de la Generalitat a dar cumplimiento a uno de los compromisos más significativos entre socialistas y republicanos para la investidura.

"Tener infraestructuras potentes y planificar su crecimiento es clave para continuar generando prosperidad en Catalunya", ha reivindicado el president después de que ERC haya reclamado la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya para garantizar que el Govern tenga un "papel determinante" en la gobernanza de los cuatro aeropuertos: el de El Prat, Girona, Reus y Lleida-Alguaire. Illa ha defendido que el conocimiento que se atesora desde la proximidad es un modelo que contribuye a la "mejora" de las infraestructuras, criterio que se está aplicando en el traspaso de la gestión de Rodalies.

La senda vasca

El Govern toma como referencia el acuerdo alcanzado por Euskadi con el Gobierno para crear un órgano bilateral que coparticipará en la toma de decisiones de los tres aeropuertos vascos -Bilbao, Vitoria y San Sebastián- en materias como inversiones, planes directores o tarifas. Se trata de una entente que mantiene intacto que Aena continúe siendo el titular y gestor de las infraestructuras aeroportuarias, aunque la compañía haya rechazado públicamente abrir la puerta a que gobiernos autonómicos participen de la gestión. "Ninguna autonomía tendrá más competencias que Catalunya", anticipó hace dos semanas el Govern para dejar claro que también pediría adoptar ese modelo.

ERC ha celebrado haber "arrancado" el compromiso a Illa, que el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, ha definido como "un imperativo" para que Catalunya tenga voz y voto a la hora de decidir el futuro de sus propias infraestructuras. Está por ver si este asunto acabará siendo clave para desbrozar la aprobación de los presupuestos en junio. En estos momentos, el Executiu está enfrascado en una negociación discreta y semanal con el partido de Oriol Junqueras, pero aunque ambos admiten estar abordando partidas concretas en materias como vivienda o educación, los republicanos mantienen que hace falta también una concesión competencial para dar su 'sí' después de que la recaudación del IRPF haya embarrancado.

Contra los fondos de inversión

Por el flanco de los Comuns, necesarios también para la aprobación de las cuentas, Illa se ha comprometido a actuar "con todo el peso de la ley" contra el fondo GOde inversión neerlandés New Amsterdam Developers, propietario del bloque de Sant Agustí del barrio de Gràcia amenazado de desalojo para trocear 23 pisos y convertirlos en 'coliving'. Cuatro expedientes están en estos momentos abiertos y la sanción puede alcanzar los 1,9 millones de euros. El grupo de Jéssica Albiach ha reclamado al Govern que obligue al fondo a negociar y a remar para que este edificio se convierta en cooperativo. "Los tuits son gratis, lo que necesitamos es una sanción contundente", ha espetado la dirigente. "Lo que hago lo digo, no soy de afirmaciones gratuitas", ha replicado el president.

Bronca por el catalán y el plan de los CAP

Más bronco ha sido el tono tanto con Junts como con la CUP. El grupo presidido por Mònica Sales ha reprochado a Illa que no actúe con contundencia ante la "ofensiva contra el catalán" que están liderando partidos, organizaciones y decisiones judiciales. "Son los primeros en renunciar a la lengua, hay silencios que no se pueden tolerar", ha sentenciado la diputada posconvergente. "Hay una ofensiva, la de este Govern en defensa del catalán", ha respondido el president, que ha reivindicado que se están destinando más recursos que nunca a este cometido, además de pedir a Junts "ir juntos" en la defensa de la lengua.

Y el clima ha escalado aún más decibelios cuando la CUP le ha echado en cara la rectificación con el plan de incentivos a los CAP para acortar las bajas médicas. "No estoy aquí para que me toreen. Denuncié que se estaba haciendo chantaje a los médicos. O ha mentido usted o ha mentido la consellera Pané. Es una vergüenza absoluta que se juegue con la salud de los ciudadanos", ha denunciado la diputada Laure Vega, que ha dejado caer que al president "le tiemblan las piernas ante la patronal". El jefe de la Generalitat no ha escondido su enojo en la réplica: "Usted a mí tampoco me torea. No me tiemblan las piernas. Las bajas se dan únicamente por criterios médicos".

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