El Parlament da el primer paso para elevar hasta los 900.000 euros las multas por pintar grafitis en los trenes

Salvador Illa anunció hace seis meses su intención de endurecer las multas por vandalismo en los trenes para evitar la paralización de convoyes afectados por pintadas, que no pueden iniciar el servicio por motivos de seguridad y acaban alterando la normalidad de la red. Poco después, el grupo parlamentario del PSC registró una proposición de ley para elevar hasta 90.000 euros estas sanciones mediante una modificación del régimen sancionador de la ley ferroviaria de 2006. En caso de que sean reincidentes o que estas dañen de forma "singificativa" las estructuras, los grafiteros pueden llegar a afrontar multas de 900.000 euros, al considerarse "infracciones muy graves".

Este miércoles, la mayoría del Parlament -PSC, Junts, ERC, PPC, Vox y Aliança Catalana- ha dado su visto bueno a que la norma se tramite por la vía rápida, es decir, mediante el procedimiento de lectura única, que acorta los plazos, pero permite a los grupos parlamentarios introducir enmiendas igualmente. En esta legislatura, las leyes tramitadas con esta fórmula se han aprobado en una media de dos meses, aunque ese plazo puede alargarse o acortarse según decidan los partidos.

Según el texto impulsado por el grupo que sustenta al Govern, pasarán a considerarse infracciones graves aquellas conductas que "destruyan, deterioren, alteren o modifiquen" cualquier obra o instalación de la red ferroviaria, sus elementos funcionales o cualquier componente del servicio, incluido el material rodante. También se tipificará como infracción grave la realización de "pintadas" en infraestructuras o trenes cuando estas provoquen su deterioro y obliguen a una parada total o parcial que altere el funcionamiento habitual del servicio.

Las infracciones graves -entre ellas las pintadas- conllevarán multas de entre 18.000 y 90.000 euros

Con la reforma, las infracciones graves -entre ellas, las pintadas- conllevarán multas de entre 18.000 y 90.000 euros. Las consideradas muy graves -que incluyen actuaciones que ponen en riesgo la seguridad del servicio ferroviario o dañan de forma significativa sus infraestructuras- se sancionarán con importes de entre 90.000 y 900.000 euros. En cuanto a las leves, podrán castigarse con una advertencia, una multa de hasta 18.000 euros o ambas medidas. Unas cifras que, desde el grupo parlamentario de los Comuns, consideran "desproporcionadas", motivo por el cual han decidido abstenerse. Su argumento es que estas multas, de carácter administrativo, pueden llegar a ser más elevadas que las recogidas en el Código Penal para este delito.

Los Comuns y la CUP ven multas "desproporcionadas"

En este sentido, han recordado una sentencia del Tribunal Supremo de agosto de 2023, en la que se condenó a seis jóvenes por realizar pintadas en el metro de Barcelona a 15 meses de prisión y al pago de 2.700 euros. A su juicio, estos hechos ya están regulados por el Código Penal, y la propuesta actual supone una "tipificación por vía administrativa" con sanciones mucho más elevadas: "Merece como mínimo una reflexión", ha exigido Andrés García Berrio, diputado de los Comuns.

En una línea similar se ha expresado la CUP, que considera que hay otras cuestiones más prioritarias para mejorar el servicio. El diputado Dani Cornellà ha hecho la siguiente afirmación con tono irónico: "Va bien ver, a través de las ventas, por dónde va el tren cuando no funcionan los audífonos ni las pantallas, que es bastante habitual", ha dicho en referencia a las pintadas que impiden ver el exterior.

El resto de formaciones han votado a favor, pero han realizado una crítica estructural a la falta de mantenimiento de la red ferroviaria por parte de Adif y han pedido al PSC y al Govern que no traten de "desviar la atención" con esta norma y que, si quieren poner coto al vandalismo, reclamen más control en las estaciones y mejoras por parte del operador.

ERC pide sancionar a Adif por falta de mantenimiento

Los republicanos, que han apoyado la medida, han sido especialmente contundentes con el grupo impulsor y con el Executiu. Su portavoz, Ester Capella, ha asegurado que "no es casualidad" que estos actos sean mucho más frecuentes en Rodalies y no en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) o el metro, porque forman parte de un problema "estructural", cuya responsabilidad también recae en la operadora, Adif. "La falta de mantenimiento afecta, y mucho; si no hay control o cámaras, el problema se cronifica", ha añadido, tras pedir que también se aplique el régimen sancionador a la operadora si no cumple con su competencia de mantenimiento.

También se ha cuestionado de forma unánime la eficacia de elevar las multas por grafitis. "¿Las medidas coercitivas acabarán con la impunidad de estas personas?", se ha preguntado Judith Toronjo, de Junts. Un interrogante que han puesto sobre la mesa ERC, Comuns y la CUP, que dudan de que sea realmente un mecanismo eficaz, pues cuando el montante es tan elevado, es fácil que estas personas se declaren insolventes. "Pensar que si se suben las sanciones irá a mejor dará más titulares, pero no eficiencia", ha espetado García Berrio. Una crítica prácticamente idéntica a la articulada por la portavoz de ERC: "Pensar que aumentar las sanciones resolverá el problema es ingenuo", ha asegurado Capella.

Pensar que aumentar las sanciones resolverá el problema es ingenuo

Ester Capella

— Portavoz de ERC en el Parlament

Además, todo el arco parlamentario, de derecha a izquierda, ha pedido al Govern que, más allá de impulsar esta modificación, asuma la responsabilidad de "identificar" y "perseguir" estas prácticas y que tome la iniciativa para pedir al Gobierno mejoras en el sistema. El reproche repetido ha sido que el PSC no ha presentado datos sobre el número de identificados y multados por esta cuestión y que la Conselleria de Interior, dirigida por Núria Parlon, debería ser más contundente con estos delitos o, al menos, publicar los datos.

De hecho, tanto PP como Vox han aprovechado el debate para desplegar su habitual discurso sobre la falta de seguridad en el espacio público -también en las vías- y para pedir que se sancione a las personas que hacen piquetes en las vías. "También es vandalismo que grupos antisistema corten el servicio ferroviario; es un problema y es un delito", ha dicho Alberto Vilagrasa, tras añadir, con tono despectivo, que "la mitad de ellos van con rastas, despeinados y algunos con cresta".

Vox, que ha comunicado que apoya la iniciativa "sin entusiasmo", ha cargado contra el Govern por considerar que "se esconde" y obliga al PSC a presentar una proposición de ley que, a su juicio, debería haber impulsado directamente el Ejecutivo desde el Palau de la Generalitat, con "informes jurídicos del Govern y de otros departamentos, como Interior, además de audiencias con empresas afectadas", en palabras de Andrés Bello. Aun así, paradójicamente, su formación ha votado a favor de la tramitación exprés.

Ahorrar dinero público

El endurecimiento del régimen sancionador busca frenar el vandalismo en la red, pero también ahorrar dinero público. Según datos de Renfe, la limpieza de trenes costó 11,6 millones de euros en 2023, lo que equivale a unos 32.000 euros diarios. "Todo este dinero se podría dedicar a sanidad o educación, no nos lo podemos permitir", ha defendido la diputada del PSC, Ivana Martínez. Además, Rodalies prevé incorporar 110 nuevos trenes, cuya protección frente a estos actos es una de las prioridades del Govern.

Los nuevos trenes deberían estar ya en funcionamiento, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en una entrevista a EL PERIÓDICO que aún no hay fecha para su llegada y criticó que la empresa fabricante, Alstom, no haya dado explicaciones. "Somos los primeros en pagar, pero los últimos en recibir, como siempre; un incumplimiento más de lo que también recogía el traspaso 'fake' [en referencia al acuerdo del Govern con ERC para el traspaso de Rodalies]", ha lamentado Toronjo sobre la falta de convoyes.

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