Catalunya endurece los controles a los propietarios que no cumplan con el tope al precio de los alquileres

El Parlament ha convalidado este miércoles un decreto del Govern que endurece los controles a los propietarios que incumplan la ley que pone topes al precio de los alquileres en las zonas de demanda tensionada de vivienda en Catalunya. La norma ha salido adelante por un solo voto de diferencia: los 68 a favor del PSC, ERC y los Comuns se han impuesto a los 67 en contra de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana. La Cámara también ha pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley, por lo que queda sujeto a cambios que los partidos deberán negociar en las próximas semanas.

El eje central del decreto persigue reforzar la transparencia informativa de los contratos de alquiler, blindando por ley las obligaciones que se han ido desplegando en los últimos años en materia de vivienda. Por ejemplo, los propietarios de pisos para alquilar deberán informar a sus potenciales inquilinos de cuál es el precio máximo que les pueden cobrar según la zona donde esté ubicada la vivienda y si dicho piso es de un gran arrendador o no.

No informar correctamente del precio en anuncios u ofertas de alquiler, junto con el importe máximo del alquiler que resulta de aplicar el índice, será motivo de sanción. No cumplir con estas obligaciones en materia informativa será considerado como infracción grave, lo que implicará una sanción de entre 6.000 y 12.000 euros, tal como está recogido en la ley de vivienda de 2007.

También se refuerza la obligación de los propietarios de depositar las fianzas en el registro de fianzas acompañadas del contrato de alquiler que acredite lo que se cobra al arrendatario según el índice de precios. El objetivo de esto, según explicó en su día el Govern, es tener "más control sobre este mercado, reducir el fraude, un cumplimiento más estricto de la ley y la lucha contra las prácticas abusivas". "Reforzamos la transparencia del mercado del alquiler", ha concluido la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, en su intervención ante la Cámara. Finalmente, el decreto también busca facilitar la construcción de viviendas de protección oficial.

Protestas de la oposición

El decreto aprobado incluye otro tipo de cuestiones que van más allá del ámbito de la vivienda. Esto es porque rescata medidas que se incluían en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026, que decayó cuando el Govern decidió retirar las cuentas por falta de apoyos. Así, entre otras cosas, la norma también prevé reformas para reducir la burocracia en las tramitaciones administrativas relacionadas con las actividades urbanísticas, económicas y ambientales.

Es un decreto ley monstruo

Àngels Esteller

— Diputada del PP

Varios partidos de la oposición han protestado porque ven injustificado el uso del decreto ley para regular varias de las materias que están incluidas en la norma. Jordi Munell (Junts) ha criticado el "abuso" que hace el ejecutivo catalán de esta legislación por la vía de urgencia. También la diputada Mónica Lora (Vox) ha acusado al Govern de haber presentado un "decreto Frankenstein" solo para "esquivar el debate parlamentario". "Un decreto ley monstruo", ha convenido Àngels Esteller (PP), que también ha censurado que las políticas de vivienda de Illa sean "intervencionistas y confiscatorias".

Aumento del precio del agua

Los dos socios parlamentarios del president, ERC y Comuns, le han ayudado a convalidar el decreto, pero le han avisado de que quieren contrapartidas. El republicano Joan Ignasi Elena ha explicado que su partido ha votado a favor de la norma para "no dejar a la intemperie a los catalanes", pero ha pedido al Govern que sea mucho más ambicioso en la elaboración de los nuevos presupuestos. En la misma línea, Susana Segovia (Comuns) ha advertido de que su partido se mirará "con lupa" las próximas cuentas públicas. Finalmente, la diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha aprovechado su turno para volver a intentar desgastar a Illa con la crisis del PSC en Ripoll. Su resumen es que su ayuntamiento tiene presupuestos, mientras que el Govern ha "fracasado" en su intento.

La norma aprobada también incluye medidas para paliar los efectos de la guerra entre Estados Unidos y Israel contra Irán. Por ejemplo, ante la escalada de precios del combustible, se exime del pago del impuesto del CO2 a los vehículos de mercancías de menos de 3,5 toneladas. También se subirá el canon del agua y el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes. Finalmente, hay medidas que tienen que ver con los agentes rurales, la inversión en centros educativos, y el refuerzo del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

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