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Consejo de Ministros

Sánchez defiende la regularización de migrantes en una carta a la ciudadanía: "Es reconocer derechos, pero también exigir obligaciones"

Según sostiene en un formato inusual ante un proceso que no pasará por el Congreso esta regularización es “un acto de normalización” para “reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. / MONCLOA

Iván Gil

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Madrid
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido al inusual formato de una carta dirigida a la ciudadanía para defender el proceso de regularización de hasta medio millón de migrantes que se aprobó este martes en el Consejo de Ministros. “El verdadero sentido de esta regularización es reconocer derechos, pero también exigir obligaciones”, sostiene en la misiva donde apela al “orgullo de ser español” porque “hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica”.

Según sostiene, esta regularización es “un acto de normalización” para “reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”. Asimismo, destaca que se trata también “un acto de justicia con nuestra propia historia”. Es decir, “con aquellos que emigraron en busca de una vida mejor”.

Durante una rueda de prensa desde Pekín esta mañana, Pedro Sánchez ha confirmado su aprobación y defendido el proceso "desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral" para "reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país". Asimismo ha reclamado al PP, para replantearse su oposición, "que escuche a la patronal, que escuche a la Iglesia católica y, por supuesto, que sea coherente con su propia historia, porque ellos también han regularizado inmigrantes".

Desde el punto de vista demográfico, el proceso de regularización exprés se justifica como una necesidad. “España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena”, argumenta el jefe del Ejecutivo en su carta. No obstante, reconoce también que la migración plantea desafíos, pero asegurando que “la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos”.

De ahí que apueste por el camino de entender la migración como “una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida”. Todo ello en contraposición al camino “de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión”.

Correcciones al decreto

Las objeciones del dictamen del Consejo de Estado al real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes han obligado al Gobierno a trabajar a contra reloj para corregir el texto y cumplir el calendario previsto. Las principales correcciones, o “mejoras al texto” como califican los socialistas las observaciones, tienen que ver con en el procedimiento establecido para acreditar la ausencia de antecedentes penales de los extranjeros, y con apuntes sobre el recorrido para materializar la regularización.

Finalmente, se pulió el texto "en línea con lo que dice el Consejo de Estado" en lo referido a los antecedentes penales, y cerrado el decreto para la aprobación en el que será el primer Consejo de Ministros presidido por Carlos Cuerpo, en ausencia de Pedro Sánchez, de viaje oficial en China.

El Ejecutivo planteó la necesidad de presentar un registro oficial de los países en los que hubieran residido en los últimos cinco años, pero que en caso de no tener respuesta bastaría con una "declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales". "Este Consejo entiende que ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países", señala el informe antes de apuntar que deben "aportar ese certificado o documento equivalente y que, de no hacerlo al presentar su petición, el correspondiente procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta su aportación".

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