Dos imputados en el caso Montoro salen en defensa de Pujol Ferrusola y sostienen que es habitual cobrar por intermediación "a éxito" y sin trabajadores

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado, así como las defensas son conscientes de que se la juegan en las testificales de los peritos que han examinado las cuentas y el patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley. Por ello, el juicio ha continuado este martes con nuevas periciales que han comenzado con una circunstancia, cuando menos, curiosa: los peritos contratados por Copisa para defender los pagos que realizó al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por supuestas labores de intermediación están imputados en el llamado caso Montoro, en el que se investiga si el Ministerio de Hacienda benefició a empresas de gases industriales después de que estas contrataran a Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro.

Francisco Piedras y Manuel Vicente-Tutor, ambos imputados en el proceso judicial al que da nombre el exministro del PP, han comparecido en el caso Pujol en calidad de peritos propuestos por la defensa de Josep Cornadó, administrador de Copisa, empresa que resultó adjudicataria de contratos con las administraciones públicas catalanas por más de 1.800 millones de euros entre 1999 y 2010. Según el fiscal, en paralelo, diversas empresas del grupo realizaron pagos por un total de 2.582.248 euros a las mercantiles del hijo mayor del expresidente catalán, Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) y Project Marketing, por supuestos servicios de asesoramiento e intermediación.

A preguntas de Daniel Campos, abogado de Cornadó, Piedras y Vicente Tutor han asegurado que la labor de Pujol Ferrusola es habitual en el mundo empresarial, como también lo que es que se informe de manera verbal y que no sea necesario firmar contrato alguno. Ambos han destacado la importancia de la labor desarrollada por el principal acusado consistente en proporcionar oportunidades de negocio, aunque sea para empresas tan grandes como la propia Copisa, porque sería imposible abarcar con trabajadores asalariados todos los campos.

"Son agentes que intervienen en el mercado con el objetivo exclusivo de poner en contacto a comprador y vendedor para entonces crear una oportunidad de negocio. Es una figura ampliamente reconocida y extendida, sobre todo en mercados que no son totalmente transparentes en información", han afirmado para añadir que el 70% de ellos lo hacen a través de empresas sin trabajadores o con un solo trabajador. Han señalado que lo habitual es que cobren "a éxito", es decir, solo cuando el contacto fructifica en una operación, con comisiones de en torno al 2% del monto total. Han remarcado que en 2019 este tipo de agentes intervinieron en operaciones que tuvieron un monto total de 230.000 millones de euros.

Distintas explicaciones

Para determinar si hay o no delito es crucial alcanzar una conclusión sobre si las operaciones y negocios del primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, eran simulaciones para camuflar el desembolso de las supuestas comisiones ilegales o si, por el contrario, los pagos de estas empresas respondían a servicios realmente prestados, como han declarado algunos testigos. También se pretende aclarar con esas comparecencias si Jordi Pujol Ferrusola, su exmujer Mercè Gironès y Josep Pujol Ferrusola defraudaron o no a Hacienda, delito que también se imputa a los tres, mientras que el resto de la familia lo está por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En el punto de mira de la fiscalía están los movimientos de las cuentas corrientes en Andorra que permitieron mantener oculta la fortuna que, según la acusación pública, procede de las presuntas comisiones ilegales que pagaron determinadas constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública en Catalunya. La defensa de los investigados, sin embargo, sostiene que ese dinero es la 'deixa' (legado) que dejó Florenci Pujol, el padre del exmandatario, en el extranjero para salvaguardar a su familia dada su dedicación a la política.

El primer perito en comparecer este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional ha sido Albert Deulofeu Schilt, que analizó las inversiones del empresario andorrano Francesc Robert Ribes, que comparte banquillo con la familia Pujol por presuntamente ayudarles a blanquear. El experto ha destacado el patrimonio familiar, de 22 millones de euros, con el que contaba el que fue director de la televisión andorrana, lo que en su opinión descartaría los préstamos simulados que se le atribuyen o la comisión de cualquier otro delito.

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