El juez Peinado pone a disposición de la Fiscalía Europea los informes de la UCO y la IGAE que cuestionan los contratos para el empresario recomendado por Begoña Gómez

Una vez ha dado por concluida su instrucción sobre Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado ha respondido a un requerimiento de la Fiscalía Europea y ha puesto a su disposición sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado que ponen reparos al proceso de adjudicación por el que el empresario Juan Carlos Barrabés --imputado junto a la mujer de Pedro Sánchez-- obtuvo varios contratos que ofertaba la empresa pública Red.es. También le hace llegar el escrito del pasado mes de abril por el que decidió que su causa será sustanciada por un tribunal del jurado.

La providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene fecha del pasado lunes y en ella el instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno da cumplimiento a una petición realizada por el órgano europeo, que investiga la UTE entre Innova Next -- propiedad de Barrabés-- y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente. Las pesquisas europeas también afectan a otra adjudicación para un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones.

Se trata de contratos que fueron financiados con fondos de la UE, razón por la que su investigación ha pasado a ser competencia del organismo europeo, y lo que valoró en su día tanto la Guardia Civil como el organismo dependiente de la Hacienda española puede ser de utilidad para la Fiscalía Europea.

Peinado retuvo la competencia sobre otros contratos obtenidos por Barrabés, uno de ellos a Red.es, que en el momento en el que recibió las cartas que investiga el juez era una empresa tecnológica pública que dependía del Ministerio de Economía, mientras que ahora está dentro del de Transformación Digital y Función Pública. La indagación de Peinado sobre estas adjudicaciones en concreto son las que fundamentan los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que imputa a Begoña Gómez, y que se suman a los de malversación y apropiación indebida por otros hechos diferentes a las adjudicaciones de Barrabés.

En su informe, de mayo de 2024 la Guardia Civil ya ponía de manifiesto la relevancia que tuvieron los criterios de carácter subjetivo a la hora de conceder otro contrato de 2,3 millones de euros a una UTE en la que participaba la empresa Innova Next SLU. En virtud de estos criterios no objetivos, la empresa pública que adjudicó el contrato, Red.es, eliminó a seis competidores, y la adjudicación arrojó finalmente un sobrecoste de 210.800 euros.

Estas sospechas fueron subrayadas por la valoración de Hacienda en mayo del pasado año. La Intervención general del Estado realizó salvedades administrativas sobre cuatro contratos adjudicados a la empresa pública Innova Next, y otros tres al Ayuntamiento de Madrid, si bien ninguno de ellos se correspondía directamente con la recomendación realizada en las cartas de recomendación suscritas por Gómez, ya que estas adjudicaciones concretas eran competencia de la Fiscalía Europea.

En junio de 2024, y por orden de la Fiscalía Europea, la Guardia Civil acudió a la sede de Red.es para reclamar pruebas de las contrataciones tras advertir al juez Peinado de que no habían podido acceder a los expedientes completos de las adjudicaciones, ya que en dicho momento solo contaban con las cartas de recomendación realizadas por la mujer de Sánchez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El pasado mes de junio Barrabés fue citado a declarar por el órgano europeo, y está previsto que también lo haga la propia Gómez.

Suscríbete para seguir leyendo