El CIEMEN y el PEN català llevarán a la ONU la actualización de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos

Hace 30 años que se proclamó en Barcelona la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, un documento que se ha convertido en una herramienta de referencia para la protección de la diversidad lingüística y de los idiomas no hegemónicos en instituciones, gobiernos, universidades y movimientos sociales de todo el mundo. En su día fueron el PEN Català y el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) quienes lideraron su impulso con el apoyo de unas 60 entidades. Ahora son estas mismas organizaciones quienes quieren actualizarlo para adaptarlo a los nuevos desafíos -como la inteligencia artificial-, pero también a las amenazas reales que pesan sobre las lenguas, a veces desde las propias instituciones.

"Los derechos lingüísticos no caen del cielo, hay que lucharlos, y el contexto ha cambiado porque los usos lingüísticos de los hablantes de otras lenguas están cambiando con el impacto de la revolución digital", ha declarado David Minoves, presidente del CIEMEN, este martes, quien ha situado el momento actual como de "retroceso de las lenguas minoritarias" y ha llamado a la sociedad civil de todo el mundo a adherirse a la iniciativa. Vicenta Tasa, jefa del comité de derechos lingüísticos del PEN Català, ha comentado que, además de las nuevas tecnologías o los cambios más evidentes, también hay margen de mejora en todo el ámbito del lenguaje de signos, que en 1996 apenas tuvo presencia en la declaración.

Un reconocimiento vinculante de la ONU

El objetivo que tienen ambas organizaciones, que cuentan con el respaldo de una decena de entidades más, es doble: por un lado, poner al día esa declaración de acuerdo con todos los cambios surgidos en las últimas tres décadas y, por otro, tratar de que este documento pueda ser adoptado por las Naciones Unidas como marco legal y vinculante que sirva de guía para el resto de Estados. En 1996, cuando se impulsó la declaración, se planteó este objetivo, pero finalmente la ONU no llegó a asumirlo, si bien recibió el reconocimiento de la UNESCO. "Queremos que la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, establezca mecanismos de protección de los derechos lingüísticos", ha señalado Tasa, quien ha recordado que el objetivo es que la Declaración sirva como guía o marco de trabajo para las Naciones Unidas, entendiendo que no se adoptará en su totalidad.

La UNESCO calcula que más de la mitad de las lenguas del mundo pueden desaparecer a lo largo de este siglo si no se establece un marco internacional adecuado de protección de la diversidad lingüística

La UNESCO calcula que más de la mitad de las lenguas del mundo pueden desaparecer a lo largo de este siglo si no se establece un marco internacional adecuado de protección de la diversidad lingüística. "La declaración [de 1996] sigue siendo vigente, pero debemos conseguir que sea un documento vinculante en un mundo donde las lenguas están más desprotegidas y los derechos lingüísticos más cuestionados", ha añadido la responsable del PEN Català. Como ejemplo, Minoves ha recordado algunos datos sobre el catalán: más de la mitad de los catalanohablantes consideran que su principal motivo de discriminación es la imposibilidad de usar la lengua con normalidad, una realidad que ya reconoció el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una entrevista a EL PERIÓDICO.

"No solo pasa con los catalanes, pasa con muchas lenguas. La situación hace 30 años era grave y hoy es alarmante", ha lamentado el presidente del CIEMEN, quien considera que adoptar este documento desde el ámbito internacional es imperativo como acto de "justicia social", pues cree que las administraciones necesitan el paraguas de la ONU para aplicar y proteger sus lenguas o, en algunos casos, para presionar a los Estados a fin de que garanticen la diversidad cultural. "Debe haber una protección legal que vaya más allá de las legislaciones estatales o de las administraciones que nos están gobernando", ha apostillado.

Durante los próximos dos años se trabajará en un proceso de participación abierta para actualizar el documento, con la mirada puesta en que en 2028, coincidiendo con los 80 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pueda impulsar su presentación ante la ONU bajo el argumento de que la defensa de los derechos lingüísticos es, en última instancia, la defensa de los derechos humanos básicos. Las entidades defienden que, para poder gozar de libertad de expresión, de participación política o del derecho a un juicio justo, es imperativo que las lenguas sean reconocidas, además de recordar que son un patrimonio cultural que debe preservarse.

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