Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias relacionado con la recolocación de trabajadores del liquidado Consorcio Valencia 2007 en fundaciones municipales y el Puerto de València. El organismo público también investiga a las concejalas de Deportes y Turismo, Rocío Gil y Paula Llobet, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos –Manuela Gras, Alicia Gimeno, Enrique Móner y Esther Pérez– por los mismos hechos.

En la denuncia admitida por Anticorrupción, el grupo municipal de Compromís recoge una cronología que comienza en el proceso de liquidación del Consorcio que gestionaba la Marina y concluye con la colocación de varios trabajadores en puestos de relevancia. Entretanto, la APV y al menos dos fundaciones municipales del sector público local del ayuntamiento –la Fundación Deportiva Municipal y Visit València– activaron al menos siete procedimientos administrativos para cubrir plazas directivas a los que se presentaron los cuatro trabajadores denunciados, entonces en la plantilla del Consorcio.

Las primeras dos plazas fueron creadas por la Fundación Deportiva, que preside la concejala popular Rocío Gil, el 18 de abril de 2024, para cubrir cargos directivos vinculados a infraestructuras y la parte económico-administrativa. La entidad local sacó sendas plazas en jefaturas de servicio y sección mediante convocatoria pública por procedimiento de libre designación una y concurso de méritos la segunda. Por su parte, la Fundación Visit València, presidida por Paula Llobet, publicó en las mismas fechas tres convocatorias de ocupación pública para cubrir plazas de personal laboral técnico y administrativo, según la denuncia, destinados "expresamente a subrogar irregularmente a personal del CV07". Una de las tres plazas de Visit València se adjudicó a Móner y las otras dos fueron declaradas desiertas.

Cargos directivos en la Autoridad Portuaria

Paralelamente, el 24 de abril de 2024, la Autoridad Portuaria de València lanzó otros dos procesos administrativos para la cobertura de plazas similares (también infraestructuras y área económica) con la convocatoria de pruebas selectivas con perfiles muy concretos para cubrir un lugar de subdirector/a de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, de carácter fijo en la plantilla de personal fuera de convenio, y otro lugar de jefe de apoyo a la Gestión Económica-Financiera de carácter fijo en la plantilla de personal fuera de convenio, que finalmente fueron adjudicados a las candidatas Manuela Gras y Alicia Gimeno.

Una vez ocupados estos dos cargos en el Puerto, y después del despido de toda la plantilla del Consorcio, el 16 de julio de 2024 la Fundación Deportiva Municipal firmó la dejación de las dos convocatorias a las que se habían presentado estas candidatas. En el caso de la convocatoria a la que optaba Manuela Gras, la fundación presidida por Rocío Gil procedió a declararla desierta después de la inadmisión de otro candidato y la renuncia de la propia Gras.

Informe de la Intervención General del Estado

Asimismo, respecto a estas convocatorias, existe un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, en cuyo apartado de "Análisis de los procesos de contratación", pone de manifiesto que "la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. La Intervención Regional de València detecta varias convocatorias de plazas que podrían haberse diseñado a medida de las dos candidatas finalmente seleccionadas.

Una de las plazas cuestionadas es la que finalmente fue adjudicada a Alicia Gimeno, donde entre las funciones a ejercer se incluyó específicamente el control de las deudas del Consorcio València 2007. De las 11 personas candidatas que se presentaron sólo 2 superaron la primera fase de experiencia, y el informe advierte que se expulsó a un candidato del proceso sin ningún apoyo legal, lo que facilitó el camino para la adjudicación final a Gimeno.

Igualmente, en la plaza adjudicada a Manuela Gras, el informe pone de relieve que de 11 solicitudes presentadas, resultan solo 5 admitidas, y estas se enfrentaron al requisito, muy específico, de contar con diez años de experiencia pública en el entorno "puerto-ciudad" –además de tener una titulación de Ingeniería–. La Intervención General del Estado critica que este criterio excluía totalmente a profesionales del sector privado que pudieran tener experiencia en obras portuarias, priorizando solo a quienes venían de la administración, caso de Gras. Además, el informe observa una contradicción clara entre la petición de experiencia en el entorno "puerto-ciudad" y las inversiones más importantes y de mayor calado que en realidad debía gestionar esa subdirección.

Cómo se ha dicho, tanto Gimeno como Gras se presentaron a procesos selectivos abiertos casi al mismo tiempo en la Fundación Deportiva Municipal, dependiente del Ayuntamiento de València, y una vez lograron plaza en la Autoridad Portuaria, la presidencia de la FDM firmó el desistimiento de las dos convocatorias a las que estas candidatas habían concurrido. Compromís ve aquí una fórmula de subrogación encubierta a través de las siete plazas convocadas de manera "paralela y concertada", aunque más tarde Catalá, presidenta del Consorcio en el momento de su liquidación, ha desligado la contratación en Visit València de las realizadas por la APV.

Acta notarial con el resultado del concurso

Finalmente, Compromís aporta en su denuncia lo que considera un indicio clave de la colocación "a dedo", subrayado en rueda de prensa por la portavoz Papi Robles. Las dos plazas que finalmente se quedaron Manuela Gras y Alicia Gimeno fueron firmadas por la presidenta de la APV, Mar Chao, el 26 de abril de 2024. Sin embargo, nueve días antes, un grupo de extrabajadores del Consorcio acudió a una notaría de València para levantar acta notarial y dejar constancia de los nombres de las futuras adjudicatarias de las vacantes. En las actas dejaron por escrito su “firme convencimiento” que para las mencionadas plazas acabarían seleccionadas las entonces trabajadoras del CV07, Manuela Gras y Alicia Gimeno, como finalmente ocurrió.

Sobre la cuarta extrabajadora del Consorcio investigada, Esther Pérez, la denuncia señala que, una vez liquidado el organismo gestor de la Marina, la empleada que estuvo gestionando los últimos correos y el cierre del propio Consorcio acabó "también recolocada en un puesto de trabajo como funcionaria interina del Servicio de Figuras de Calidad Alimentaria de la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, a las órdenes de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera Maria Àngels Ramón-Llin".

De este modo, la liquidación del Consorcio se saldó con dos de sus extrabajadores reintegrados en la Autoridad Portuaria, uno en Visit València, otra en la conselleria de Agricultura, una veintena en la UTE que gestiona ahora la parte privatizada en la Marina y una decena de trabajadores despedidos sin recolocación.

Alcaldesa y cuatro concejales investigados

Papi Robles ha avanzado que pedirá una comisión de investigación en el Ayuntamiento de València por la sucesión de investigaciones que se vienen abriendo sobre los concejales del equipo de gobierno de María José Catalá. A la figura de la alcaldesa y las delegadas de Turismo o Deportes, por presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, se suman los casos de Juan Manuel Badenas –con registro de la UCO en dependencias municipales incluido– por presunta prevaricación, malversación y amaño documental en contrataciones relacionadas con la también liquidada fundación Valencia Activa, y el caso de Cecilia Herrero por presunto delito de odio tras publicar decenas de mensajes en X de cariz presuntamente racista, xenófobo y homófobo.

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