Juicio en la Audiencia Nacional
Un perito declara que Pujol Ferrusola logró inversores inmobiliarios por 25,5 millones sin mediar contrato porque contaba con "una agenda muy grande"
Dos inspectores de Hacienda cifran en 14 millones lo que facturó el hijo mayor del expresidente catalán a empresas beneficiarias de contratos públicos
Los expertos citados por Copisa aseguran que la compañía tuvo más adjudicaciones con los dos gobiernos del Tripartito que con CDC
El policía que contactó con la Banca Privada d'Andorra niega coacciones, pero su propietario habla de "película de terror mala" para lograr datos de los Pujol

Jordi Pujol Ferrusola, entrando en la Audiencia Nacional.

El juicio sobre la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley se ha reanudado este lunes en la Audiencia Nacional con la comparecencia de varios peritos que están ratificando y explicando sus informes sobre las cuentas y el patrimonio de los acusados, así como sobre las sociedades presuntamente pantalla utilizadas, según la fiscalía, para blanquear fondos provenientes de presuntas comisiones ilícitas pagadas por algunas constructoras adjudicatarias de obras y servicios públicos. Uno de los que han comparecido ha defendido que el primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola, logró inversores inmobiliarios para Hotel Glories por 25,5 millones de euros y cobró por esa intermediación lo "acordado por las partes".
Pese a que en al menos en una ocasión esa labor fue remunerada con más de un millón de euros, Víctor Benedicto Torrecilla ha asegurado que no hacía falta contratos en ese tipo de operaciones, porque Pujol Ferrusola era "un conseguidor" o, en otras palabras, se está "ante una persona con una agenda muy grande", que justificaba la eficacia de su intermediación y hacía innecesario la firma de contrato alguno. "Eso es como si queremos comprar un piso y hay alguien que nos conecta; está claro que querrá cobrar. No se necesita un contrato para eso", ha puesto como ejemplo ante el tribunal. El perito considera que sin la participación del expresidente catalán en las operaciones bajo sospecha sería imposible que los empresarios que comparten con él banquillo Alejandro Guerrero Kandler o Josep Cornadó hubieran logrado la inversión que consiguieron para sus operaciones inmobiliarias por las que pagaron a las empresas del mayor de los Pujol.
Torrecilla ha defendido lo pagado por Alejandro Guerrero Kandler a través de sus empresas al hijo del expresidente catalán, porque, sin el "conseguidor", el empresario no habría podido alcanzar el mismo nivel. Ha señalado que "ante la necesidad de captar inversores" por Hotel Glories, cuando esta entidad decide desinvertir en hoteles y centrarse en operaciones inmobiliarias, gracias a Pujol Ferrusola" se lograron "25,5 millones de euros, por lo que se le retribuyó". Ha señalado que el cobro se hizo en función del contrato y de lo "acordado por las partes", que consistía en un porcentaje sobre lo obtenido como beneficio por Hotel Glories. En su opinión, lo que percibió por su intermediación fue "acorde a la legalidad y a los usos vigentes".

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, durante el juicio a los Pujol. / EPC
A la pregunta del fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, el perito ha validado la actuación de Pujol Ferrusola y ha admitido que por el rol que desempeñaba el primogénito, "no tenía que rendir cuentas a nadie". Ha añadido que sin sus contactos difícilmente los podría haber encontrado Guerrero Kandler, porque "no tenía ningún soporte para ello", tanto en Hotel Glories como en Life Marina Ibiza. La Abogacía del Estado ha destacado que las facturas libradas a las empresas del primogénito coinciden en importe y en su objeto, extremo al que el experto ha restado trascendencia a la hora de determinar si estaban amañadas para cubrir el pago de comisiones, como sostienen las acusaciones públicas.
El experto ha señalado que "el momento en que se factura no puede decir nada sobre la legalidad de la operación" y ha defendido que por ciertas operaciones cobraran Pujol Ferrusola, la que era su esposa, Mercè Gironès, o su padre, Ramón Gironès. No obstante, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado ha tenido que admitir que "infería que había un contrato verbal, porque no había ninguno en la causa". "La intermediación genera ámbitos muy extensos" y siempre abra "una oportunidad de negocio, puede denominarse intermediación", ha respondido a la defensa de los Pujol.
Menos adjudicación con CDC
También han declarado dos inspectores de Hacienda, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, quienes analizaron la contabilidad de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, entre las que destacan Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) y Project Marketing. Su conclusión es que facturaron 14 millones de euros entre 2004 y 2012 a distintas empresas, la mayoría de ellas adjudicatarias de contratos de la Generalitat.
Por su parte, Sergio Aranda y Tamara Seijo se han centrado en la contratación por Copisa, de la que es administrador Cornedó, con Administraciones Públicas descendió durante el Gobierno de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Han señalado que han dividido las adjudicaciones en tres periodos: dos pertenecientes al Gobierno del tripartito bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragal y un tercero, ya con CDC en el Govern.
Han explicado que el importe adjudicado a Copisa fue de un 5,77% en el primer periodo; de 4,39, en el segundo, y de 1,81, en el tercero. "El derrumbe se produce mientras gobernaba CDC. En el segundo periodo es la quinta en cuanto a [empresa] adjudicataria. Conn el 1,81 del tercer periodo baja a la posición 15". También ha añadido que "el ratio de éxito", con el que denominan la capacidad que tienen de ganar los concursos a los que se presenta, es de "un 12,48; un 10,18, y en el tercero cae a un 4,17%", circunstancia en la que el fiscal introdujo en los últimos años se produjo un mayor control de las adjudicaciones y se inició el caso Pujol.

2026 04 13 Un testigo declara desde México / EPC
Otros negocios
El primero perito en comparecer ante el tribunal había sido el catedrático de Derecho Administrativo Juan Manuel Trayter Jiménez, quien ha negado que el trámite para la apertura del vertedero de Tivissa (Tarragona) se prolongara durante años. Según su explicación, los trámites de apertura se iniciaron el 8 de abril de 1999 y centro de tratamiento de residuos se abrió el 22 de septiembre de 2000. "El error del fiscal viene porque en vertederos hay licencias operativas o de funcionamiento. Una vez la tienes para abrirlo, tienes que adaptarte a la normativa urbanística y ambiental que se va dictando". Así, las modificaciones de la ley catalana medioambiental hicieron necesarias nuevas licencias, ha señalado el experto en referencia a ese vertedero y el de Cruïlles (Girona).
Luego le ha llegado el turno al experto inmobiliario Juan Vilalta, quien ha explicado que lo pagado en 2006 por Promo Palamós por dos fincas en la localidad está justificado. "Entonces estábamos en el apogeo inmobiliario; en 2007 empezó la crisis y los valores inmobiliarios fueron cayendo. En 2012 el valor de las fincas era inferior a 2006, y en 2015 incluso inferiores a 2011", ha explicado. El fiscal Bermejo se ha interesado por el momento en el que se produjo el cambio de rústico a urbanizable.
Testimonios mexicanos
Durante la sesión vespertina declararon un perito y dos testigos desde México en relación con las operaciones efectuadas por Jordi Pujol Ferrusola en ese país. El primero ha declarado en calidad de perito que en el país norteamericano es habitual trabajar con fideicomisos y que los derechos que se adquieren no coincidan exactamente con la aportación realizada, opción por la que se inclinaron para el desarrollo de Azul de Cortés, en el que Pujol Ferrusola invirtió un peso y consiguió pingües beneficios.
También ha declarado uno de los socios de Jordi Pujol Ferrusola del Hotel Encanto, negocio que no prosperó y que acabaron vendiendo. A duras penas el fiscal ha conseguido que recordara que el hijo del expresidente catalán le remitió 200.000 dólares desde Andorra a través de una transferencia. El colofón de la vista lo puso el empresario Carlos Riva Palacio, quien ha asegurado que conoció a Jordi Pujol Ferrusola en 2006 y la relación acabó en 2011.
En ese tiempo, el hijo del expresidente catalán le prestó un total de seis millones de dólares por unos negocios que intentaron poner en marcha sin éxito sobre transferencias realizadas por mexicanos residentes en EEUU a su país de origen. El empresario del juego ha negado que Pujol Ferrusola interviniera en su empresa y ha dicho no recordar cuánto le llegó desde Andorra, "aunque en todo caso fue mucho menos que desde el BBVA", ha añadido.
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