El PP anuncia una oposición "jurídica, política y parlamentaria" a la "barbaridad" de la regularización de inmigrantes

El Partido Popular (PP) no escatimará ningún instrumento "jurídico, político o parlamentario" contra el plan de regularización masiva de inmigrantes al que el Consejo de Ministros dará finalmente luz verde mediante un decreto este martes y que los de Alberto Núñez Feijóo consideran una "barbaridad". Se trata de las palabras empleadas este lunes después del comité de dirección del primer partido de la oposición por la vicesecretaria de Organización del partido y eurodiputada, Alma Ezcurra, quien reaparecía en la sala de prensa de Génova tras su baja por maternidad.

El primer partido de la oposición, que llegó a votar a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) que reclamaba esa regularización, con el apoyo de 700.000 firmas ciudadanas y de importantes asociaciones o colectivos, incluida la Conferencia Episcopal Española (CEE), confirma así su rotunda oposición a un proceso que incluso, según ha llegado denunciar Feijóo en varias ocasiones, podría poner en riesgo la seguridad de los españoles ante el incremento de la posibilidad de atentados del terrorismo islamista.

Para Alma Ezcurra, la realidad de España con el Ejecutivo de Pedro Sánchez es la de un país donde hay "menos papeleo para quien no tiene papeles, y más papeleo para el que lleva años cotizando, para el que lleva años creando riqueza y para el que lleva años pagando los servicios públicos que son de todos". Una afirmación que hizo al hilo de su defensa de una simplificación de los trámites burocráticos para los trabajadores autónomos, con cuyas asociaciones Feijóo se reunirá este mismo jueves en Toledo.

"Un sinsentido"

Ezcurra, a preguntas de los informadores, reiteró varias veces que la oposición del PP al plan de regularización migratorio y a las medidas que eventualmente pueda contener lo que apruebe el martes el Consejo de Ministros en su reunión semanal ordinaria, se hará en un triple plano. El jurídico, por lo que no descartó recursos ante los tribunales, el parlamentario, donde el PP tiene amplio margen de maniobra como primera formación del Congreso de los Diputados y del Senado. En esta última, la Cámara Alta, los populares gozan de mayoría absoluta desde las elecciones generales de julio del año 2023. Y también el político, un enunciado genérico sobre el que la vicesecretaria no quiso ir más allá.

No obstante, Ezcurra quiso ser prudente y afirmó que esperaría a conocer la literalidad del texto que apruebe el Gobierno. "No sabemos mucho, salvo lo que no sabemos", concluyó de manera elocuente al respecto. La vicesecretaria del PP dejó claro su "contundencia en esto". Y remarcó, dando alguna pista más: "No hay medida política, parlamentaria ni jurídica, ni a nivel nacional ni a nivel europeo, que el Partido Popular vaya a dejar pasar para denunciar este sinsentido". Unas palabras que abren la puerta, obviamente, a dar la batalla contra el proceso de regularización, que el Gobierno calcula que afectará a medio millón de personas que viven en situación irregular en España, en las instituciones de la Unión Europea (UE), incluidos sus altos tribunales.

El plan que llegará este martes a Moncloa ha sido revisado ya por el Consejo de Estado, el órgano consultivo que preside la ex vicepresidenta socialista del Gobierno, Carmen Calvo. En su informe preceptivo ha señalado algunos escollos, entre ellos sus dudas sobre el proceso para que cada inmigrante que se quiera acoger a la regularización demuestre que no tiene antecedentes penales. Unas objeciones en las que el Ejecutivo trabaja ya para ponerles reparo.

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