El PSOE, ante una negociación del IRPF con ERC tras las andaluzas: de asegurar la igualdad al rechazo de Page

El Gobierno y el PSOE cerraron en julio de 2025 con la Generalitat que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) recaude todos los impuestos y transfiera una parte de esos recursos a la caja común por los servicios que presta el Estado. Un modelo que sería trasladable al resto de las CCAA, garantizando siempre "el principio de igualdad", como defienden los socialistas. Sin embargo, la letra pequeña ha resultado mucho más complicada de negociar por la enorme desconfianza que este nuevo modelo fiscal general en una parte importante del PSOE. La vicesecretaria general del PSOE y ahora ya volcada en la precampaña electoral de Andalucía, María Jesús Montero, nunca avanzó en esta negociación. Incluso dejó claro al líder de ERC, Oriol Junqueras, que ella no cedería el IRPF. Sin embargo y tras su salida, los socialistas han mantenido sus líneas rojas. El motivo principal son las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

El PSOE no quiere complicar la ya de por sí muy difícil precampaña electoral en Andalucía. Montero se enfrenta a unas elecciones "muy complejas", como reconocen fuentes de su entorno, que podrían ponerse aun más cuesta arriba para los socialistas en el caso de que los andaluces asistieran a más cesiones del Gobierno ante los socios de investidura de ERC. Por todo ello, Moncloa y Ferraz han enfriado la negociación del traspaso del IRPF, condición impuesta por los republicanos para aprobar los Presupuestos de la Generalitat.

El 'president', Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se dieron de plazo hasta el 31 de julio para aprobar las cuentas catalanas. Y el PSOE no espera avances en la negociación del IRPF hasta después del 17 de mayo, fecha de los comicios andaluces.

Así lo dan por hecho tanto todas las fuentes socialistas como desde el propio Govern de Catalunya. El Gobierno y el PSOE no concretan más. Aseguran que las conversaciones serán "discretas" y que el acuerdo con los republicanos siempre "garantizará la igualdad de trato para todas las comunidades", sin ningún tipo de "privilegio" para Cataluña. El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, con una visión federal del Estado, y el secretario de Estado, Jesús Gascón, -que es quién ha estado de lleno en la negociación- son bien vistos por los nacionalistas de cara a avanzar en el diálogo. Pero las elecciones andaluzas marcarán un antes y un después en estas conversaciones, a las que ya se comprometió tanto el PSC como el PSOE y el propio Ejecutivo de España.

El Gobierno ha pedido a ERC rebajar sus pretensiones de máximos para poder desbloquear esta carpeta. La pretensión de los republicanos de una cesión integral se rechaza, además de apostar por una vía que pueda ser extensible a otras comunidades autónomas. En línea con los acuerdos relativos a la financiación y la condenación de la deuda para no romper el principio de igualdad entre españoles. La máxima que se repite es que “no va a haber ningún privilegio de ningún territorio sobre otro”.

Los socialistas ya pusieron sobre la mesa en su último congreso federal un modelo que federalice la dirección de la Agencia Tributaria “para dar más capacidad de decisión a las comunidades autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas, impulsando la coordinación con las CCAA”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enmarcó antes este debate en la lógica federal, al defender que “el verdadero debate no es entre territorios, sino entre modelos”, mostrándose dispuesto a que las comunidades “recauden y gestionen más gravámenes”.

Nuevo ministro, viejo interlocutor

El perfil del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, de la rama más federalista del PSOE encaja con esta visión. El relevo de María Jesús Montero al frente de la vicepresidencia primera, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado dispuesto por su parte a desbloquear esta carpeta. Igualmente, aboga por la eficiencia de la “descentralización” siempre que se garantice la coordinación en la gestión de datos. “No tiene por qué ser un elemento perjudicial, al contrario, puede ser muy positivo", ha llegado a defender a este respecto.

Antes de dejar el Consejo de Ministros y tras bloquear durante meses un acuerdo por considerar inasumibles las exigencias de ERC y “absolutamente encontradas” con las del Gobierno, Montero lanzaba un guiño para retomar el diálogo. Desde la crítica al “cainismo” de la política autonómica del PP, centrada en el discurso del agravio territorial y en el mantra de que "todo lo que venga de Catalunya tiene que ser negativo”. Eso sí, llamaba a “hacerlo bien”. No se trataría tanto de cerrar un acuerdo “más tarde o más temprano”, sino de forma satisfactoria para ambas partes, insistió.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apelaba esta misma semana al “diálogo” con ERC y trasladaba en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la necesidad de buscar “puntos de encuentro”, señalaba este mismo este martes, para añadir después que el objetivo es “siempre mejorar la vida de la ciudadanía”.

Quien sigue ocupando un asiento clave en la mesa de negociación, ahora en paréntesis, es el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Como número dos de Montero en este departamento y en el cual se mantiene tras su salida, es quien más ha trabajado de cerca este asunto desde el principio y se conoce a los interlocutores.

Oposición interna

Pero una cosa es lo que opina el Gobierno o el PSOE federal y otra distinta lo que considera cada territorio. La voz más crítica con este modelo fiscal surgió, como siempre, de Castilla-La Mancha. El presidente regional y líder del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page, puso el grito en el cielo cuando se reunió la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para cerrar este acuerdo. En su opinión, este pacto “es la decisión más grave, más negativa y el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles. Que lo haga gente que se dice progresista, e incluso que se llama de izquierdas, es literalmente dramático”.

Y amenazó incluso con interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, al igual que las comunidades gobernadas por el PP. "Los independentistas no son tontos y saben lo que quieren", ha llegado a añadir el barón socialista. Aspiran a "tener más que los demás por sistema, hasta que esto se rompa del todo". 

Pero Page no fue el único socialista crítico. El presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, fue menos grandilocuente, pero también rechazó el modelo: "Con la fórmula que se ha establecido no estamos de acuerdo. Y sin ningún tipo de aspaviento lo decimos clara y rotundamente: no estamos de acuerdo". Barbón no entró al fondo de lo negociado, pero rechazó que el Ejecutivo lo haya pactado con una única comunidad, en vez de abrir una negociación con todas: "Esto no funciona así. Nosotros decimos 'hable usted, si quiere, individualmente con todas las CCAA para saber nuestra posición y luego haga usted una posición como Gobierno de España para que podamos debatirla entre todas'. Porque lo que nos afecta a todos lo debatimos entre todos".

Por su parte, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, advirtió en su día a Salvador Illa en persona de la complejidad técnica y el riesgo político que supone recaudar la totalidad del IRPF, según confesó ella misma en Los Desayunos del Ateneo.  "Le trasladé a Salvador que nuestro modelo no es la alegría. La recaudación depende de ti mismo y una buena Hacienda no se hace de un día para otro. Tienes que tener un cuerpo de técnicos de Hacienda muy bien preparado, muy bien formado, porque la recaudación depende de ti mismo y, si no haces una buena recaudación, no puedes tener una buena educación, una buena sanidad, unas buenas infraestructuras, etcétera... La hacienda navarra es la joya de la corona y tener una buena hacienda no se hace de un día para otro", según desveló.

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