PSOE y Sumar recrudecen su guerra por la vivienda: dardos, contraprogramaciones y reproches

El decreto de vivienda reverdece las tensiones entre los socios de Gobierno. La pugna se recrudece entre los ministerios de PSOE y Sumar por abanderar esta cuestión, llevando a que se multipliquen los choques entre los dos bloques, personificados en Pablo Bustinduy, por parte del ala minoritaria del Gobierno, y en la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, del ala socialista. Dos departamentos que ocultan cada vez menos sus diferencias, cuando ya se ha puesto en marcha el reloj para aprobar en el Congreso la prórroga de contratos de alquiler, que se alumbró en un convulso Consejo de Ministros tras un pulso sin precedentes de Sumar.

Los encontronazos entre Sumar y el Ministerio de Vivienda se han producido prácticamente desde el inicio de la legislatura, con el socio minoritario acusando a los socialistas de pasividad e inacción. Pero las tensiones han aumentado exponencialmente en la última etapa, más aún después de que los ministros de Yolanda Díaz forzaran la aprobación de un decreto para la prórroga de los contratos de alquiler que vencieran en 2026 y 2027 tras un plantón de dos horas en la reunión del Consejo de Ministros.

El socio minoritario conseguía así llevar adelante una de sus principales reivindicaciones que, sin embargo, son competencia del ministerio de Isabel Rodríguez, que quedaba desautorizada después de defender que "la prórroga de contratos genera dudas jurídicas", tal como aseguró en una entrevista en Onda Cero el pasado 14 de enero, donde abogaba por la bonificación fiscal anunciada por Pedro Sánchez —y que no ha llegado a materializarse—. "Se trata de bajar los precios y dar estabilidad a los contratos con la bonificación fiscal", defendió entonces.

Los recelos quedan patente en la propia reacción del Ministerio de Vivienda, que desde su aprobación el pasado 20 de marzo ha evitado cualquier posicionamiento sobre este asunto. Mientras, en Sumar no dudan en acusar a la ministra socialista de pasividad. "Me gustaría haber visto más activa a la ministra de Vivienda con la prórroga de los alquileres, pero es un proyecto del Gobierno de España y estamos todas involucradas en que salga adelante", defendió este jueves la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, en un dardo directo a la dirigente socialista.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, evita la confrontación directa con Rodríguez, aunque esta semana aseguró que la negoicación con el PSOE sobre vivienda tiene más complejidad que con Junts y el resto de fuerzas del Congreso. "Ha sido más difícil llegar hasta aquí, conseguir que esté en vigor, que lo que nos queda por delante", resumió en un desayuno organizado por el Club Siglo XXI. Desde su departamento ironizan con la falta de impulso de la ministra de Vivienda.

Carrera por los titulares

El ministro de Sumar ha intensificado su agenda para pedir apoyo a esta medida, con reuniones con organizaciones e intervenciones públicas. Solo esta semana se ha reunido con las asociaciones de consumidores FACUA y OCU, logrando su respaldo público. Frente a esto, la frialdad del Ministerio de Vivienda. La guerra soterrada ha llevado a situaciones particulares en el Consejo de Ministros, donde uno y otro ministerio se contraprograman, convocando a medios de comunicación para hablar de asuntos de vivienda casi a la misma hora, en una carrera por llevarse los titulares.

La duplicidad queda patente este mismo fin de semana, cuando para el acto de entrega de un centenar de viviendas en Rivas-Vaciamadrid, donde gobierna Izquierda Unida, asistirán dos representantes de alto rango del Gobierno nacional. Sin embargo, será la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Sumar, quien tendrá la máxima representación, mientras que el Ministerio de Vivienda enviará a su número dos, el secretario de Estado, David Lucas.

Las críticas de Sumar al Ministerio de Vivienda se vienen produciendo en realidad desde el arranque de legislatura, aunque uno de los momentos más críticos se alcanzó el pasado octubre, cuando el socio minoritario de Gobierno llegó a pedir el cese de la dirigente socialista. En esas mismas fechas, los cinco ministros de Sumar se congregaron en el ministerio de Bustinduy para anunciar un decreto sobre vivienda que invadía de lleno las competencias del PSOE, pero que lanzaron a nivel institucional. Entre las propuestas de aquel decreto estaba ya la prórroga de los contratos de alquiler. Solo el hecho de haber logrado impulsarlo dentro del Gobierno supone para Sumar una victoria. Pero la falta de implicación de los socialistas en las negociaciones con Junts, que ha rechazado apoyarlo, podría complicar su convalidación en el Congreso, ya que el PP ha anticipado que no lo respaldará.

Tal es el desalineamiento en este sentido que el Sindicato de Inquilinos ha denunciado que el Ministerio de Seguridad Social, liderado por la socialista Elma Saiz, está rechazando las peticiones de prórrogas que han realizado algunos de los inquilinos de las pocas viviendas que le quedan en patrimonio. Sorprende que un ministerio del Gobierno de España esté rechazando una medida contemplada en un real decreto-ley aprobado por el propio Ejecutivo.

Pero lo cierto es que esta suerte de invasión de competencias ha sentado mal en Vivienda, donde aumentan los recelos hacia el socio minoritario de coalición, al que ven como una amenaza. De hecho, en el departamento socialista tienen al ecosistema a su izquierda como principal competidor. Así, miran de reojo a fuerzas como Podemos o Sumar u organizaciones como el sindicato de inquilinos, a sabiendas de que sus planteamientos pueden apelar a la sensibilidad del electorado progresista. Menos preocupan, en cambio, las propuestas lanzadas por el PP, que no tiene competencias — ni un perfil fuerte— a nivel nacional —sí en el autonómico— y que van más encaminadas a la reducción de la fiscalidad y de ayudas y el aumento de la oferta de vivienda pública. Unas medidas con tintes de propuesta electoral que pasan de soslayo en el Gobierno.

Lucha contra los pisos turísticos

Las hostilidades han ido a más en los últimos meses, a medida que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha ganado más protagonismo en todo lo que tiene que ver con vivienda, desde su escaso ámbito de actuación. Hasta ahora, la gran batalla ha sido por quién abanderaba la lucha del Gobierno contra los pisos turísticos, un asunto con gran impacto mediático y en disputa por ambos socios de Gobierno. Por un lado, el Ministerio de Vivienda desarrolló toda la regulación de la ventanilla única, un sistema para evitar que se anunciasen en plataformas como Booking o Airbnb pisos ilegales, además de reformar la ley de propiedad horizontal para facilitar a comunidades de propietarios vetar la presencia de este tipo de inmuebles.

Consumo, en cambio, ha conseguido rentabilizar este asunto en términos de comunicación pública, apostando por perseguir a las plataformas, con varios anuncios de sanciones y el foco puesto en Airbnb: primero le bloqueó decenas de miles de anuncios y después le interpuso una sanción de 64 millones de euros. El choque entre Bustinduy y la empresa, un emblema del alquiler turístico, supuso la entrada de lleno de un ministro de Sumar en competencias que bien podrían ser de Vivienda.

Una de las primeras hostilidades, que profundizaron la guerra ya abierta, llegó a raíz de la huelga por la vivienda que convocó el Sindicato de Inquilinos en abril de 2025. A esta movilización –que puso el foco en algunas de las políticas del actual Ejecutivo y en la que se pidió la dimisión de Rodríguez– acudieron políticos de Sumar y Podemos, pero ningún representante del Ministerio de Vivienda. En la jornada posterior, la ministra Rodríguez compartió algunas de las reclamaciones y defendió tímidamente el papel de su cartera.

Otro de los grandes frentes de Consumo ha sido contra el cobro de honorarios a inquilinos, con especial foco en el papel que aquí juega la inmobiliaria Alquiler Seguro, a la que ha sancionado con 3,6 millones de euros por cobrar honorarios a inquilinos. Precisamente, el día que anunció esta multa, Bustinduy convocó a la prensa para dar explicaciones sobre esta actuación de su cartera, rueda de prensa que coincidió, con solo media hora de diferencia y a cuatro kilómetros de distancia, con un briefing convocado por el Ministerio de Vivienda para explicar otra de sus últimas medida estrella de Rodríguez: una nueva línea de 100 millones que la entidad estatal de vivienda Casa 47 destinará a comprar pisos a particulares y empresas. Una coincidencia que, unida a los dardos y reproches públicos, eleva la pugna a la propia agenda ministerial.

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