Más juicios, más jueces y menos asuntos pendientes: Justicia saca pecho con su Ley de Eficiencia pese a admitir disfunciones

"Vamos hacia un escenario con más juicios, con más jueces, con más fiscales y menos litigiosidad". De este modo se expresan desde el Ministerio de Justicia cuando se cumple un año de la ley de Eficiencia que ha permitido sustituir los clásicos juzgados con su titular al frente, su letrado y su grupo de funcionarios por los nuevos tribunales de instancia, de modo que todos los jueces de un territorio comparten unos servicios comunes para responder a los problemas judiciales de los ciudadanos.

En realidad, la puesta en marcha de esta nueva organización de la justicia a nivel nacional no llega a los cuatro meses, pues la implantación ha sido progresiva durante 2025 y la mayor parte de los órganos judiciales comenzaron a funcionar con el nuevo sistema el pasado 2 de enero. El propio Ministerio admite la existencia aún de disfunciones, dado el calado de la reforma.

Pese a ello, desde el departamento comandado por Félix Bolaños se destaca que hasta Semana Santa ya se ha detectado un aumento en un 3 por ciento en el número de juicios celebrados con respecto a años anteriores (se han señalado un seis por ciento más) y ello permite afirmar que se está invirtiendo la curva de la pendencia, es decir, la tendencia empieza a ser la de que se reducen los asuntos pendientes en los órganos judiciales, en vez de incrementarse.

Desde Justicia admiten que deben ser prudentes y que lo importante es mantener la tendencia, pero ello no les impide sacar pecho con los últimos datos recogidos. Así, destacan que, un año después de su entrada en vigor, los asuntos pendientes han registrado una reducción un 4,5% en Civil y un 0,67% a nivel global, y que debe destacarse que la pendencia no bajaba desde 2016, a excepción del periodo de la pandemia. Para comparar, en toda España en 2024 la pendencia creció un 13,7% según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Empuje desde los MASC

Los datos en la jurisdicción civil tienen mucho que ver con una de las partes concretas de la ley, la que regula los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y que entró en vigor en abril de 2025. La norma, que obliga a intentar el acuerdo antes de poner un asunto civil o mercantil en manos de un juez, ha logrado que ingresen un 20,4 por ciento menos de esta clase de litigios.

Por parte de las asociaciones judiciales el balance no es tan triunfalista. Incluso desde la progresista Juezas y Jueces para la Democracia se admite a EL PERIÓDICO que en términos generales la ley se está aplicando sin graves disfunciones, aunque existen problemas concretos que aún deben solucionarse.

"Se ha reformado toda la organización de los tribunales y cambiado el destino y funciones de todas las personas que trabajan en la administración de justicia, lo que es realmente un reto impresionante -apunta el portavoz, Edmundo Rodríguez Achutegui-. Para lo difícil que es, la respuesta general no está siendo mala". Una visión bien distinta tienen desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, cuya presidenta, María Jesús del Barco, califica de "pirotecnia" y "magia" los números del Ministerio. "No se tramita nada y no está saliendo trabajo", asegura.

Frente a estas críticas, Justicia contrapone mejoras futuras por el aumento de la planta judicial y fiscal prevista. Se prevé la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales en un solo año, lo que permitirá actualizar la actual planta judicial, que es de 5.876 jueces, en un 8,5 por ciento. En cuanto a los fiscales, serán un 7,1 por ciento más, pasando de 2804 a 3004.

No hay 'coste 0'

Desde el departamento de Bolaños también salen al paso de las críticas que apuntan a que todo este cambio haya pretendido realizarse sin la previsión adecuada y con 'coste 0'. Avisan de que se viene trabajando en el nuevo modelo desde que se apuntó en el libro blanco de la justicia en 1997, se han dictado decenas de reglamentos y normas y señalan una inversión total de 1.121 millones para la implementación de la Ley solo en esta legislatura, entre medios personales, informáticos y mejoras en edificios.

Sin embargo, y en consonancia con lo que vienen advirtiendo diferentes operadores jurídicos, desde justicia admiten la existencia de disfunciones que en ningún caso tienen carácter estructural. "No hay demoras ni suspensiones generalizadas, nos lo ha dicho el propio Consejo General del Poder Judicial y también desde los tribunales superiores de justicia", admiten.

Frente a las críticas por la existencia de una implantación desigual, Justicia responde que hay que "respetar" los tiempos de las comunidades autónomas, y piden paciencia por los desajustes de personal que se detectaron al inicio de la implantación general del sistema. Recuerdanque son casi 20.000 los funcionarios que en muchos casos han tenido que cambiar sus tareas, ya que en muchos casos ahora van a trabajar en una actividad más especializada y ello redundará en su eficiencia.

En cuanto a la falta de adecuación de algunos edificios para los nuevos juzgados, desde el departamento de Bolaños entienden que "si puedes trabajar desde casa, puedes desde cualquier sitio" con independencia de que lo óptimo es que todos los funcionarios que estén en una misma área estén cerca físicamente. "Pero no es una condición necesaria, y no podemos cambiar todos los edificios a la vez", añaden las mismas fuentes.

Desde la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria insisten en que se ha actuado con prisas y sin los medios necesarios, y apuntan al propio contenido de los informes que los tribunales superiores han elevado al Consejo del Poder Judicial. "En muchos lugares hay problemas informáticos, y las plantillas están incompletas, con reubicaciones a medias -insiste Francisco Cano en conversación con este diario-. Se cuenta con los mismos medios de antes, los datos que aporta el Ministerio es no ajustarse a lo que se aprecia sobre el terreno".

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