Dos años del caso Begoña Gómez: cuatro delitos, un jurado popular y un juez a punto de jubilarse que quiso implicar a Bolaños

El próximo jueves, 16 de abril, se cumplen dos años desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de corrupción. La decisión se conoció el día 24 de ese mismo mes y Pedro Sánchez decidió entonces tomarse cinco días de reflexión sobre si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo. Desde entonces la instrucción de este juez, a la que se opone la Fiscalía de Madrid, que la califica de errática y prospectiva, ha permitido imputar a la mujer de Pedro Sánchez un total de cuatro delitos por los que podría tener que sentarse ante un tribunal del jurado.

La investigación, que tiene entre sus hitos la citación como testigo del propio presidente del Gobierno y un intento de imputación ante el Tribunal Supremo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aún tiene diligencias pendientes mientras se agota el plazo para la jubilación forzosa de Peinado, que el próximo 27 de septiembre cumple 72 años. La acusación popular la integran partidos y organizaciones como Vox, Hazte Oír, Manos Limpias o Iustitia Europa, que acusan al Gobierno en otros asuntos de trascendencia mediática como son la trama Koldo-Ábalos, Hidrocarburos, el que supuso la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz o el que sentará en el banquillo al hermano del presidente.

Los delitos y la opción del jurado

El pasado 20 de marzo, el titular de la plaza número 41 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid concretó en un escrito de casi 60 páginas todas las conductas que a su juicio obligan a llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular. Los dos delitos que condicionan esta decisión --de otro modo sería competente un tribunal de tres magistrados de la Audiencia Provincial-- son los de tráfico de influencias y el de malversación de caudales públicos.

El primero está vinculado con unas cartas de recomendación que la esposa de Sánchez firmó como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid para una UTE formada por la firma del empresario también imputado Juan Carlos Barrabés Innvova Next S.L.U. y la sociedad The Valley Digital Bussines Bussines School, que obtuvo adjudicaciones por más de 10 millones de euros de la empresa pública Red.es; mientras que el segundo está relacionado con un uso privado de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A esta empleada también se le atribuye un delito de malversación de caudales públicos.

Los otros delitos por los que Peinado mantiene imputada a la mujer de Sánchez son el de corrupción en los negocios, también relacionado con las recomendaciones a Barrabés; y hasta este lunes completaban la lista otros dos tipos penales relacionados con el software creado para el desarrollo de la cátedra y su financiación. El juez la acusaba de apropiación indebida, por registrar como suyo el sistema operativo y de intrusismo profesional por redactar los pliegos técnicos para su adjudicación, si bien esta última conducta ha sido suprimida en el último auto del magistrado, dictado este mismo sábado. En él se deja a Begoña Gómez a un paso del banquillo al concretar los delitos de cara al envío del caso ante un tribunal del jurado.

Las líneas de investigación

Uno de los reproches que desde la Fiscalía y las defensas se vienen haciendo de forma recurrente a la instrucción realizada por Peinado es haber cambiado el objeto de su investigación desde que le llegó la primera denuncia, que se centraba en las adjudicaciones de Barrabés, pero sobre todo en una pretendida influencia de Gómez en decisiones del Gobierno --como fue el rescate de Air Europa-- dados sus contactos con el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y su paso por el África Center, una entidad adscrita al Instituto de Empresa (IE).

Esta institución educativa firmó un contrato con Wakalua, un hub de innovación turística de Globalia que participó en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo. A la cita acudió el comisionista hoy juzgado en el Tribunal Supremo Víctor de Aldama, que el grupo de los Hidalgo tenía a sueldo como lobbista para interceder con una deuda millonaria que Venezuela tiene con la compañía. Todas estas circunstancias llevaron a las acusaciones populares a tratar de conectar a la mujer de Sánchez con supuestos manejos para lograr el rescate de la compañía a los que la propia Audiencia de Madrid tuvo que poner freno. Este mismo miércoles el tribunal de apelación dio cerrojazo al último intento de citación de Aldama en esta causa.

No obstante, tras unos primeros meses centrado en el Africa Center Peinado varió el objeto de sus pesquisas y las centró en la cátedra de la Complutense, cuyo rector, Joaquín Goyache, llegó a engrosar la lista de los imputados hasta mayo del pasado año. Muy pronto sus esfuerzos se centraron en una ampliación de la querella referida a la contratación y financiación del software del curso universitario.

Después, y tras descubrir algunos correos electrónicos relacionados con la financiación de la cátedra firmados por Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, el juez Peinado abrió una pieza separada por un presunto delito de malversación que llegó a salpicar al que fuera secretario de Presidencia y hoy delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín. También, y tras interrogarle como testigo, trató sin éxito de que el Tribunal Supremo imputara en esta misma pieza al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Se cuenta incluso con una derivada en la Fiscalía Europea, ya fuera del radio de decisión de Peinado, en relación con dos de los contratos adjudicados a la UTE de la empresa de Barrabés que fueron financiados con fondos europeos. Gómez deberá ir a declarar próximamente por este asunto ante el organismo europeo en calidad de testigo.

Declaraciones de Sánchez y Bolaños

Si algo tiene la causa emprendida por el juez Peinado contra Begoña Gómez son hitos nunca antes vistos en una instrucción ordinaria, como ver declarar ante un juez a la esposa del presidente del Gobierno o la citación como testigo del propio presidente en una fecha tan poco dada a tensiones informativas como es el 31 de julio de 2024. La decisión del juez motivó un despliegue sin precedentes para interrogarle en Moncloa que quedó en nada, pues Sánchez se acogió a su derecho a no declarar en relación con su esposa.

Un despliegue similar (con exigencia por el juez de una tarima para poder sentarse por encima del resto) tuvo lugar en otra dependencia de Moncloa un Miércoles Santo, el 16 de abril del año pasado, para interrogar como testigo a Bolaños sobre la contratación y funciones de la asistente designada a Begoña Gómez en Moncloa. El ministro defendió la legalidad de su designación y apuntó que él nunca fue su jefe. A lo largo de su instrucción, Peinado ha solicitado diligencias que han sido muy criticadas por las defensas, como pedir los listados completos de los asesores de Moncloa o información sobre los viajes de la mujer de Sánchez o requerir su pasaporte.

Correciones de la Audiencia Provincial

Una de las características que está teniendo la instrucción son los continuos "tirones de orejas" a Peinado por parte sus compañeros de la Audiencia Provincial. Para alguna de las defensas, sin embargo, estas correcciones están sirviendo más bien para marcar al juez el camino correcto, puesto que con la excepción de levantar algunas imputaciones y vetar la línea de investigación por el rescate de Air Europa las principales decisiones del instructor han sido refrendadas y se han rechazado todas las peticiones de archivo de la Fiscalía y la defensa.

Testigos/imputados, querellas y multas

Otra característica singular del caso pasa por la existencia de testigos que, tras declarar ante Peinado en relación con alguna de las líneas de investigación emprendidas, pasaron a ser imputados. Así le ocurrió a los propios Barrabés y Cristina Álvarez, que continúan en la misma situación, mientras otros lograron quedar luego exentos como el rector Goyache y el directivo del IE y ex consejero del PP madrileño Juan José Güemes, después de atribuir a otra testigo unas manifestaciones que esta nunca realizó en relación con la contratación de Gómez para esta institución formativa.

Por su parte, el juez ha sido objeto de querellas por presunto delito de prevaricación que han sido rechazadas, dos de ellas instadas por el propio Sánchez y su esposa. También se inadmitió otra acción penal contra él impulsada por el periodista Máximo Pradera por revelación de secretos. Otros incidentes que han tenido lugar en la instrucción han pasado por la imposición de sanciones económicas a las acusaciones. En junio del pasado año la el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las de 500 euros impuestas a los abogados de Vox y Hazte Oír por hacer declaraciones a los medios, y corrió la misma suerte la que dictó contra el abogado de Begoña, si bien en su caso esta ascendía a 5.000 euros.

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