Dos exconsejeros asturianos que ahora son altos cargos, amenazados por el terreno minado del duro informe del 'caso Cerredo'

El informe de la Inspección General que pone negro sobre blanco graves deficiencias en el Servicio de Minas del Principado ha generado una explosión cuya onda expansiva amenaza con alcanzar a dos exconsejeros socialistas del Principado que, aunque ya no forman parte del gobierno autonómico, ocupan los altos cargos donde recalaron tras su salida del Ejecutivo: Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, y Nieves Roqueñí, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. Los partidos de la derecha los han situado en el centro de la diana, toda vez que ejercían al frente de la consejería de Industria –de la que depende el Servicio de Minas– durante los años sensibles desnudados por el rotundo informe. La otra política que ocupó el puesto, Belarmina Díaz, ya dimitió días después del trágico accidente que se llevó la vida de cinco mineros en Cerredo.

Servicio desmantelado

En el caso del actual presidente de Hunosa, también ha quedado señalado tras la rueda de prensa del presidente del Principado, Adrián Barbón. Si bien quien fuera su máximo responsable en el Ejecutivo no apuntó a él directamente como culpable de desmantelar el servicio de Seguridad Minera, sí deslizó que fue Fernández quien "planteó" esa medida, ahora en el centro de la polémica puesto que el informe de Inspección critica el recorte de personal al que se sometió el departamento de minería. Y ese recorte llegó en 2019 de la mano de la eliminación, como servicio propio, del área que se encargaba del control de las minas.

"La decisión la planteó el consejero titular en aquellos tiempos", recalcó ayer Barbón en referencia a Enrique Fernández. El Presidente quiso quitar responsabilidad al Consejo de Gobierno que él presidía –eran los inicios de su primer mandato en el Principado– y que, a la postre, fue el órgano que aprobó la supresión de Seguridad Minera. Pero, alegó Barbón, la medida que partió del actual presidente de Hunosa llegó al Consejo habiendo pasado filtros técnicos de varias consejerías, por lo que, vino a decir, se dio el visto bueno sin debate. Sin embargo, lo cierto es que Enrique Fernández dio una versión distinta de la supresión del servicio en la comisión parlamentaria de investigación del "caso Cerredo", donde la vinculó a criterios de racionalidad económica –"la consejería de Hacienda manda mucho", dijo– y afirmó que la medida, que causó malestar y de la que aseguró no sentirse orgulloso, se adoptó "de forma colegiada" y no fue algo que partió y lideró únicamente de él.

Respuesta a un accidente

Fue en 2023 cuando Nieves Roqueñí ascendió a consejera de Industria. Ya había ocurrido el accidente de agosto de 2022 en la mina de Cerredo en el que un trabajador falleció tras volcar un camión. El informe de la Inspección llena de sombras las tramitaciones sobre la explotación minera hechas después de ese siniestro, y varias de ellas corresponden a la etapa de Roqueñí. Por ejemplo, la decisión de rebajar la sanción a la empresa de la mina tras descubrirse, a raíz del accidente, que extraían carbón sin permiso. O el caso omiso que se hizo a un contrato entre firmas de ese mismo entramado empresarial en el que expresaban su intención de explotar mineral de Cerredo, algo prohibido. Igualmente el informe censura la falta de control público sobre la transmisión de los derechos mineros de Cerredo en el seno del mismo entramado empresarial, algo que ocurrió a caballo entre las etapas de Fernández y Roqueñí.

Son graves desbarajustes señalados por el informe que ponen ahora en tela de juicio la gestión de ambos exconsejeros, que ya no forman parte del Principado, pero sí ostentan los altos cargos de presidente de Hunosa, donde Fernández percibió en 2025 más de 181.000 euros brutos, y presidenta del Puerto de Gijón, donde Roqueñí tiene un sueldo de más de 106.000 euros.

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