Dos exconsejeros (que ahora ocupan altos cargos) en el punto de mira y sindicatos mineros "muy vigilantes": a Barbón le toca asumir el demoledor informe sobre el descontrol público sobre las minas

Asumidas como propias, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente mortal de Cerredo en el que murieron cinco trabajadores, al Gobierno de Asturias de Adrián Barbón le toca ahora ponerse a trabajar. Él mismo prometió ayer que se "depurarán responsabilidades" por el caos desvelado en el departamento del Principado encargado de la minería. Pero la tarea no les va a resultar sencilla, teniendo muy encima a los sindicatos mineros, que han endurecido su discurso contra la gestión de su Ejecutivo, y con la oposición pidiendo la cabeza de responsables políticos.

Por ahora, la Consejería de Industria ha creado un grupo de trabajo específico para organizar y aplicar “de forma ordenada” las medidas planteadas en función de su prioridad.

“Hay recomendaciones que van a llevar un desarrollo y un trabajo, como pudiera ser la digitalización del catastro o la planificación de las inspecciones. A mayores, para esa planificación probablemente tengamos que redactar un plan e incorporarlo en forma de reglamento, por lo que habrá que hacerlo en dos etapas”, detalló el consejero de Industria, Borja Sánchez, que tendrá, sin embargo,

Otras acciones, en cambio, “no irán más allá de un oficio con una serie de instrucciones”. Por eso, insistió, “lo que tenemos que hacer ahora es asociar cada recomendación a una acción y ordenarlas según prioridad y cuánto nos va a llevar desarrollarlas en el tiempo”.

Respecto a la reestructuración del Servicio de Minas, Sánchez remarcó que necesita “un análisis” y hacerla “con paciencia y rigor”. “No podemos acometer acciones apresuradas, ni mucho menos. Hay que hacer una valoración de la carga de trabajo, del número de efectivos de acuerdo al flujo de información, de cuánto tiempo pasa desde que se recibe una denuncia hasta que se trata… Todo eso hay que tenerlo muy claro para saber dónde está la mayor carga de trabajo y dónde puede ser necesario un refuerzo”, insistió.

A partir de ahí, será cuando toque plantearse “si es necesario solo redefinir nuestra relación de puestos de trabajo o si hay que hacer una modificación mayor en el decreto de estructura. Como digo, esto hay que hacerlo con calma, es decir, no podemos ahora mismo aventurarnos a lanzar acciones que luego a lo mejor veamos que son innecesarias o que son de imposible realización”.

Errores administrativos "de gravedad"

Borja Sánchez presentó este martes los resultados de la inspección a la Comisión Regional de Seguridad Minera, cuyos integrantes avalaron la necesidad de reforzar el Servicio de Minas ante un informe que denota que hubo errores “de gravedad” desde el punto de vista administrativo.

Si bien los integrantes de la comisión agradecieron la predisposición del Principado para atajar las carencias del sistema, también trasladaron su preocupación por varias de las recomendaciones. Sobre la mesa se puso la falta de control sobre la solvencia de las empresas tras la transmisión de derechos y si se debe permitir o no el traspaso a compañías con antecedentes de acciones irregulares o bajo investigación.

También plantearon si las ayudas europeas por el cierre de la minería están sujetas a la empresa o a la concesión.

"Ser constata que hubo una serie de errores administrativos, yo creo que de una gravedad bastante alta a la hora de definirlos como tal, y se hace una asunción de responsabilidades por parte del consejero", explicó Javier Vázquez, responsable de Salud Laboral de la Federación de Industria de Comisiones Obreras.

"Mala praxis" de la administración

En su opinión, el informe demuestra que hubo “mala praxis por parte de la administración”, que tendrá que “asumir responsabilidades”. "El informe detalla bien a las claras que esos fallos se tienen que corregir", afirmó, y además "se tienen que asumir por parte de la administración y por parte de la gente que los ejecutó".

"La administración tendrá que asumir responsabilidades, y si no las asumen, nosotros en nuestra función determinaremos y denunciaremos que no se están tomando medidas", dijo Vázquez.

Sobre las medidas que ahora llevará a cabo el Principado para mejorar la actividad del Servicio de Minas, advirtió que "los plazos para corregir todos estos errores no pueden ser plazos largos", sino que "tienen que ser plazos muy cortos y se tienen que tomar medidas en un periodo de tiempo muy breve".

El SOMA se personará en la causa judicial

Por parte del SOMA-FITG-UGT, “está claro que este informe no es el final de nada, sino un punto y seguido en las acciones que cada organización pretendemos desarrollar para aportar certezas a las familias”. El sindicato, tal y como ya publicó este diario, se personará en la causa judicial que se instruye en el juzgado de Cangas de Narcea por este accidente con cinco mineros fallecidos.

“Estaremos vigilantes para que se haga una investigación exhaustiva, transparente y rápida para saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los verdaderos responsables, en un ámbito mucho más riguroso que el ruido que parece que lo invade todo”, afirmaron.

Dos exconsejeros señalados

Los sindicatos no quisieron entrar a valorar las responsabilidades políticas detrás de los "errores" detectados por el informe de la Inspección General de Servicios, algo que sí hizo la oposición. Los partidos de la derecha coincidieron en que la dimisión en su día de Belarmina Díaz, consejera de Industria cuando se produzco el accidente de Cerredo, no es suficiente. Y tanto el Partido Popular como Foro le pusieron nombre y apellidos al resto de responsables: Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, que también estuvieron al frente de la citada consejería, de la que depende el Servicio de Minas.

"Aquí hay responsables políticos y desde luego a los que podemos alcanzar son aquellos que tenían la responsabilidad de que esto funcionase en el tiempo en el que este informe hace el análisis, y por tanto esos son Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz", afirmó Álvaro Queipo.

El líder de los populares señaló, además, que tanto Fernández como Roqueñí fueron "premiados". El primero al ser elegido como presidente de Hunosa y, la segunda, como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. "Creo que no se le escapa a nadie que lo que ha habido es un premio a una acción que ha favorecido el enriquecimiento de determinadas personas con actividades ilegales", afirmó.

Para Adrián Pumares, de Foro, ambos deberían estar ya cesados de sus puestos en Hunosa y El Musel. Fernández por el Gobierno de España y Roqueñí por Adrián Barbón. Aunque el diputado lamentó que "Barbón no va a cesar a nadie porque le sirven para esconderse, sabe que él fue quien, decreto tras decreto, redujo estructura, personal y especialización hasta desmantelar el Servicio, lo sabe".

Desde Vox también señalaron que la salida de una responsable política “no puede servir como cabeza de turco” y solicitaron más responsabilidades, aunque sin ponerles nombre y apellido.

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