Estos son los trece diputados de la comisión que investigará el caso Baño en la Diputación de Alicante
El PP y el PSOE sitúan ya sus piezas en un órgano en el que estarán las dos vicepresidentas de la institución provincial y en el que no estarán ni Toni Pérez ni el portavoz socialista, Vicente Arques
Carlos Baño, a la derecha de la imagen, junto a su abogado, Ignacio Gally / Jose Navarro
Por qué confiar en El Periódico La comisión de investigación de la Diputación de Alicante sobre el caso Baño empieza a tomar forma con los nombres ya avanzados por el PP y el PSOE y con un reparto de trece asientos que marcará el pulso político de uno de los asuntos más delicados de la institución provincial en este mandato. El órgano, aprobado por unanimidad en el pleno del pasado 1 de abril, estará integrado por siete diputados del PP, cuatro del PSOE, uno de Vox y uno de Compromís.
Por parte del grupo popular, los integrantes serán Ana Serna, Marina Sáez, Carlos Pastor, Antonio Bernabeu y Magdalena Martínez. En el caso del PSOE, los cuatro representantes designados son Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro Pastor y Verónica Giménez. La comisión la completarán Ximo Perles, por Compromís, y Gema Alemán, por Vox.
La composición deja ya algunas claves políticas. El PP incluye en la comisión a las dos vicepresidentas de la Diputación, Ana Serna y Marina Sáez, lo que da idea del nivel político con el que el equipo de gobierno pretende afrontar una investigación que afecta de lleno a la institución y a la gestión del bono comercio en una veintena larga de municipios. Al mismo tiempo, ni el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ni el portavoz socialista, Vicente Arques, estarán sentados en ese órgano.
No tenemos nada que ocultar en torno a la gestión del bono comercio
La comisión nace, además, con el foco ya disputado entre bloques. El PP ha tratado este martes de cargar contra el PSOE y Compromís por el arranque del órgano y de reivindicar que fue su grupo el que terminó impulsando en el pleno la creación de la comisión. Serna ha manifestado que la oposición quiere “seguir viviendo de titulares” y ha defendido que la Diputación no tiene “nada que ocultar” en un programa con el que, según su versión, la institución hizo llegar más de 54 millones de euros a los ayuntamientos para dinamizar el comercio en los años posteriores a la pandemia.
Desde el equipo de gobierno añaden además su malestar porque el PSOE haya difundido antes a la prensa los nombres de sus representantes en la comisión que registrarlos en la Diputación, un trámite que, según subrayan, todavía no se ha completado este martes. Los populares sostienen que esa falta de comunicación formal impide convocar la sesión constitutiva del órgano y recuerdan que los socialistas han tenido dos días hábiles, el jueves y este martes, para hacerlo desde el pleno del pasado miércoles en el que se aprobó su creación.
Los socialistas han respondido moviendo ficha por otro lado. Además de anunciar a sus cuatro integrantes, el diputado Raúl Ruiz ha asegurado que los alcaldes y alcaldesas del PSOE que gestionaron su bono comercio con Facpyme no tienen inconveniente en comparecer, pero ha puesto como condición que el mismo criterio se aplique también a los regidores del PP. Es decir, los socialistas aceptan entrar en ese terreno, pero tratan de impedir que la comisión se utilice solo para dirigir el foco hacia municipios gobernados por su formación mientras quedan al margen los que tienen regidores populares.
Los alcaldes socialistas no tienen problema en comparecer en la comisión
Ahí aparece una de las claves del arranque. El PP intenta ensanchar la investigación hacia los ayuntamientos y, en particular, hacia los de signo socialista que trabajaron con Facpyme, mientras el PSOE trata de devolver ese movimiento exigiendo reciprocidad y avisando de que no aceptará un uso “sesgado” de la comisión. Todo ello en un órgano que, formalmente, investigará la gestión del bono comercio.
Ese marco explica también por qué la batalla no se limita a la lista de comparecientes. La oposición lleva días defendiendo que el foco no debería desviarse de la Diputación, de las bases del programa y del papel de quienes lo pilotaron políticamente. El PP, en cambio, insiste en reivindicar el bono comercio como una herramienta útil para los municipios y trata de presentar las críticas como una operación partidista. La comisión arranca así con sus trece asientos definidos, pero también con una disputa abierta sobre si servirá para aclarar responsabilidades en torno al caso Baño o si acabará convertida en un nuevo campo de batalla entre gobierno y oposición.
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