El Parlament descarta debatir la ley de la CUP para blindar el catalán en la escuela

El parón de Semana Santa no ha servido para acercar posiciones entre el PSC y la CUP. A pesar de las negociaciones abiertas en las últimas semanas, los socialistas han rechazado que el Parlament debata la próxima semana la ley de los anticapitalistas para blindar el catalán en la escuela. "No se puede llorar por la extrema derecha, pero estar a su lado vetando debates parlamentarios", ha afirmado la diputada de la CUP, Laure Vega. Lo ha denunciado en la rueda de prensa celebrada justo después de la junta de portavoces en la que se ha descartado incluir su propuesta en el orden del día con los votos de PSC, PP y Vox.

Los anticapitalistas registraron esta norma en julio de 2025, pero la cuestión ha tomado relevancia después de la decisión del TSJC de anular parcialmente el decreto que garantizaba el catalán en la escuela. Sin embargo, el fallo judicial no ha modificado la posición de los socialistas, que ya habían presentado una enmienda a la totalidad.

La portavoz de la formación, Elena Díaz, ha explicado que su apuesta es esperar a la "evolución" de los recursos presentados por el Govern ante los tribunales. Ya antes de los festivos, el Govern explicó que el fallo judicial no tendría "ninguna afectación inmediata" en los centros, como mínimo hasta el pronunciamiento del Supremo y del Constitucional. "El compromiso con el modelo de escuela catalana es claro, sólido y firme", ha defendido Díaz, tras afirmar que no era "el momento" de elevar este asunto al pleno de la Cámara.

Derogar la ley de 2022

La propuesta de la CUP, entre otros aspectos, apostaba por derogar la ley aprobada por PSC, Junts, ERC y los Comuns en 2022. Dicha norma ya buscaba, justamente, dar respuesta a una primera sentencia del TSJC que fijaba en un 25% la actividad lectiva de las aulas se debía impartirse en castellano. La respuesta de los cuatro partidos, tras varios tira y aflojas, fue aprobar un texto que establecía el catalán como lengua vehicular, pero calificaba el castellano de lengua curricular y educativa. Apostaban por no fijar porcentajes, pero obligaban a los centros a elaborar su propio proyecto lingüístico adaptado a la realidad de cada centro. Posteriormente, el Departament d'Educació debía validarlos.

Ahora, los anticapitalistas buscaban derogar este texto, alegando que si la norma no está en vigor no puede haber una sentencia judicial que la anule, anticipándose así a un nuevo revés en los tribunales. El redactado, no obstante, también incluía otros elementos como una prueba acreditativa de nivel C1 de catalán al terminar la ESO. PSC y también los Comuns, que sí han votado a favor de debatir la norma, estaban en contra de este punto al considerar que la educación obligatoria ya debe "garantizar" este nivel de conocimiento, sin necesidad de un examen posterior.

Los argumentos de los socialistas, sin embargo, no han convencido ni a la CUP ni a Junts. Los posconvergentes han acusado al PSC de estar "ausente" en los debates para defender la lengua catalana y de "poner siempre por delante la castellana". Así lo ha defendido el diputado Salvador Vergés, que también ha vuelto a cargar contra el Pacte Nacional per la Llengua. Junts y la CUP decidieron rechazar la entente en favor del catalán al considerar que no incluía una respuesta para blindar la inmersión lingüística en las aulas ante posibles sentencias judiciales adversas.

La republicana Ester Capella, por su parte, ha evitado entrar de lleno en el debate, aduciendo que ERC no ha puesto "ningún obstáculo" a la inclusión de la cuestión en el orden del día, y ha recordado que la posición del PSC es esperar a los recursos.

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